El policía Luis Alberto Noya se convirtió ayer en el primer imputado por el delito de desaparición forzada de persona, en la investigación por la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar, hallado sin vida en el río tras haber estado desaparecido una semana. A pocos días de que se cumpla el primer aniversario del hecho, el fiscal federal Federico Reynares Solari y el juez Marcelo Bailaque tomaron declaración al primero de cinco detenidos en la causa cuya pesquisa comenzó en la Justicia provincial. Los abogados querellantes, que representan a la familia de la víctima, plantearon que la causa estuvo "paralizada" mientras se resolvía si la competencia era federal o provincial, y apuntaron a que ahora se pongan en marcha las medidas pendientes para avanzar en la investigación, cuya acusación implica a la comisaría 3ª.

La teoría del caso para la fiscalía y los querellantes de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, es que tras ir a bailar al boliche La Tienda, de Tucumán al 1100, el 14 de agosto de 2014, Escobar fue golpeado por el patovica Cristian Vivas, en la esquina de Sarmiento y Tucumán, tal como lo evidencias las cámaras de seguridad de la zona. Las sospechas apuntan a que éste y el resto del personal de seguridad del local tenía contacto con la comisaría 3ª, donde sostienen que Pichón fue llevado en un auto y golpeado, sin haber sido anotado en el libro de ingresos. Una semana después, su cuerpo fue encontrado en el río a la altura del parque España. La autopsia arrojó que ingresó sin vida al agua y que la causa de la muerte fue asfixia seca.

Pocos días después, la Fiscalía de Homicidios detuvo a Vivas, acusado por haber "dado muerte con golpes" a Escobar; y a los policías Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiceli y los patovicas César Darío Ampuero y José Luis Carlino, por encubrimiento.

Ahora, con el hecho reconocido como una desaparición forzada por los camaristas federales José Toledo, Edgardo Bello y Elida Vidal, el fiscal Reynares Solari con los abogados Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet solicitaron al juez Bailaque que los acusados sean formalmente imputados por ese delito y que sigan en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Eso fue lo que se inició ayer, en lo que será una ronda de indagatorias que se extenderá toda la semana. Noya fue el primero de los imputados y declaró lo mismo que dijo en la audiencia imputativa del Tribunal provincial: que esa noche estaba descompuesto, por lo que permaneció sentado en la entrada del boliche y a las 6.15 tomó su turno en el Comando Radioeléctrico.

Por otro lado, tras los llamados intimidantes que recibió Luciana, la hermana de Pichón, al teléfono de su pareja, ayer fue recibida -con sus abogados- por personal del Ministerio de Seguridad. "Fue positivo el encuentro: acordamos la incorporación de tres líneas seguras de comunicación y una articulación con el Ministerio Público de la Acusación. Queda pendiente la reunión con el ministro (Maximiliano Pullaro)", dijo el abogado Salvador Vera sobre la denuncia que presentaron la semana pasada.