Según el fallo, el "único propósito" de la medida implementada por el ministro Esteban Bullrich era "recibir información anónima respecto de actividad política ejercida por alumnos o personas afines a (la organización) La Cámpora". La sentencia de Liberatori, que resuelve la cuestión de fondo de la causa, advierte también que la medida de Bullrich carece "de todos los procedimientos previstos en la ley" y la figura de la denuncia anónima "viola el derecho constitucional".

El ministro de Educación porteño había puesto en marcha en agosto pasado una línea telefónica para recibir denuncias anónimas sobre actividades políticas en los colegios secundarios porteños, lo que recibió el repudio generalizado de fuerzas políticas y gremios y motivó la presentación de un amparo judicial impulsado por el abogado constitucionalista Roberto Boico.

El viernes último, Liberatori, titular del juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario 4 de la Ciudad, ordenó a Bullrich "abstenerse de ejercer potestad sancionadora alguna en relación a los estudiantes y docentes de escuelas públicas con base en hechos y conductas denunciadas anónimamente". La jueza puso de relieve también que el macrismo no especificó qué funcionarios serán los encargados de acceder a la información (provista vía el 0800), ni tampoco estableció los "criterios en función de los cuales se tipificará qué hechos o conductas" serán penados.

La resolución de Liberatori establece que Bullrich "deberá hacer saber a la comunidad en un plazo razonable quiénes son los funcionarios a cargo de operar la línea -habilitada "solo para delitos"- y de analizar y clasificar esa información", además de las acciones "a que da lugar esa información".

"Quedó evidenciado que el ministro (Bullrich) nunca tuvo otro propósito que el de perseguir a los jóvenes que militan en La Cámpora, conforme surge de la sentencia y el reconocimiento del propio ministro en los escritos sucesivos", opinó Boico.