Aunque rechazada por el ala izquierdista del socialismo y por las fuerzas ubicadas más a su izquierda, la severidad del gobierno genera aprobación en los sectores conservadores. El diario de derecha Le Figaro reivindicó que el Partido Socialista (PS), que durante sus años en la oposición criticó las políticas conservadoras en torno de la inmigración ilegal, "comienza a asumir una política de firmeza".

Diversas ONGs denuncian que Hollande continúa con la rigurosa política impuesta por su predecesor, el conservador Nicolas Sarkozy, y sostienen que el número de expulsiones de indocumentados en sus dos primeros primeros años de gobierno superaron la media anual de deportados de los últimos cinco años (más de 30.000). Asimismo, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y Amnistía Internacional (AI), entre otras, criticaron las trabas para obtener asilo en Francia que encuentran los refugiados sirios, libios, iraquíes y afganos.

Entretanto, la inmigración clandestina sigue ocupando un lugar preponderante en la agenda política. "La inmigración masiva disuelve nuestra identidad nacional. Es el origen de numerosos problemas que dividen a nuestra sociedad y que en muchos barrios se traduce en el aumento de la criminalidad y la delincuencia", estimó Marine Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional (FN).

Mientras tanto, el ministro Cazeneuve realiza una gira por las principales capitales del Viejo Continente para presentar a sus homólogos europeos el plan "Hermes", con el que Francia pretende suplantar al actual "Mare Nostrum", ideado por Italia, considerado insuficiente y permisivo para frenar el enorme flujo de inmigrantes en las costas mediterráneas, que permitió "socorrer" -detener, corrigen las ONGs- a 63.000 personas, según Roma.

Por tal motivo, la UE pretende reforzar la seguridad marítima para evitar desembarcos masivos, como este año, en el que decenas de miles de personas llegaron a las costas italianas y al menos 2000 murieron, según el Alto Comisionado de los Refugiados de la ONU (ACNUR). "Hermes", que deberá ser discutido por las autoridades de la UE y podría ser puesto en marcha en noviembre, al mismo tiempo mantiene una especial atención en la frontera este de la Unión.

Cuatro países de los 28 que integran la UE, que cuenta con 14.000 kilómetros de fronteras, limitan con la alborotada Ucrania en el este: Polonia, Eslovaquia, Rumania y Hungría.