20:08 › VIOLENCIA INSTITUCIONAL

"Mientras uno lo sostenía, el otro le pegaba"

Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, declaró en el juicio contra el policía Julio Diego Torales y aseguró que su hermano le nombró al acusado como uno de los hombres que lo sujetó y golpeó en septiembre de 2008 durante una detención ilegal en el destacamento policial de Lomas del Mirador. "Luciano tenía la mirada triste, tenía miedo de salir a la calle y de volver a vivir la misma situación", relató Vanesa.

"Luciano (16) me contó la misma noche de la detención que Torales (35) estaba con otro oficial y que mientras uno lo sostenía, el otro le pegaba", declaró Orieta ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de La Matanza. La hermana de Luciano, quien desapareció cuatro meses después, contó que la noche del 22 de septiembre de 2008 concurrió al destacamento con su madre, luego de que le avisaron que su hermano estaba detenido por un robo.

"Noté que había mala predisposición del personal policial y por eso pedí hablar con el responsable, entonces se presentó Torales, que me dijo 'tu hermano es un chorro, le robó a un chico de un colegio'", contó la joven frente a los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine, y Liliana Logroño.

Según Vanesa, quien lloró en varios pasajes de su testimonial, ella le respondió que no creía en la Policía porque hacía un tiempo que lo hostigaban y le preguntó por la intervención de un "juez de menores" y por los testigos del presunto hecho delictivo.

"Pasaron varias horas y a mi hermano no lo entregaban, me verdugueaban a mí y a mi vieja hasta que en un momento se abre la puerta de la cocina en donde estaba detenido y Luciano gritó: 'Vane, sacame de acá que me están pegando", afirmó.

Según el relato de Orieta, ella regresó a la casa de su madre a la noche y cuando vio a su hermano que estaba en la cama le preguntó si había robado "ese teléfono de mierda", en referencia al motivo de la detención. "Vos sos pelotuda, no me robé nada y encima me pegaron", le respondió Luciano.

El adolescente, que apareció enterrado como NN a fin de 2014, le contó a Vanesa que Torales lo había amenazado con llevarlo a la comisaría 8va. en el que estaban alojados "los violadores".

La joven dijo que a raíz de los dolores que su hermano padecía por los golpes recibidos, la muchacha acompañó esa misma noche al Policlínico de San Justo, donde "había más policías que médicos". "Le conté al doctor que lo atendió lo que había pasado en el destacamento y corroboró que tenía un golpe en el rostro", señaló.

Vanesa también denunció la situación de "poder" policial ejercido por sobre dos mujeres de bajos recursos, debido a que ella sabía que era una detención ilegal pero no podía hacer nada. En ese sentido, Vanesa sostuvo que el imputado "manejaba" la vida de ella, de su hermano y de su madre, por lo que en ese momento le recriminó que "estaba mal" lo que hacía y le dijo que iba a denunciarlo.

Por otra parte, la joven recordó también que en el momento de la detención su hermano tenía 20 pesos y que no se lo habían devuelto, por lo que al día siguiente ella llamó a la seccional y habló con Torales. "Le pedí que devuelvan los veinte pesos y él me respondió que Luciano no tenía plata cuando lo agarraron, entonces le dije que era un chorro", indicó.

Según Vanesa, luego de esa detención, Luciano "tenía la mirada triste, tenía miedo de salir a la calle y de volver a vivir la misma situación". "No hicimos la denuncia por la situación de vulnerabilidad y porque los tiempos de la Justicia son lentos para la urgencia de casos como este", sostuvo.

Además, la joven señaló que antes del hecho su hermano "era perseguido y acosado" y que en una oportunidad fue al destacamento a preguntar "si tenía una orden de restricción para circular por la vía pública", ya que él salía a "cartonear" con el carro y varias veces la Policía lo detuvo.

Tras finalizar su testimonio, la mayoría del público que estaba presenciando el debate aplaudió a Vanesa, salvo unos pocos familiares y allegados al ex policía.

En tanto, el fiscal José Luis Longobardi, los abogados Maximiliano Medina y María Dinard, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, intentaron desestimar testigos propuestos por la defensa.

Estos letrados consideraron que los testigos no podían concurrir a la próxima audiencia porque algunos de ellos son funcionarios policiales que estuvieron en el momento de la detención y que podían pasar a ser "sospechosos".

Sin embargo, el TOC 3 rechazó por unanimidad ese punto de vista porque estimó que perjudicaba el derecho de defensa y pasó a un cuarto intermedio para este jueves a las 9 para finalizar con las pruebas testimoniales.

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