La Corte ratificó así fallos anteriores y explicó lo que definió no como un golpe de Estado sino como "el procedimiento legal que se siguió en la sucesión presidencial del 28 de junio".

La CSJ señaló que el presidente Zelaya no puede ser restituido en su cargo "si no se somete a los juicios que tiene pendientes". Una fuente de la CSJ afirmó que esa opinión que se enviará al Parlamento hondureño fue aprobada por 14 de los 15 jueces que integran el máximo órgano de Justicia.

El tribunal supremo ya había indicado el 21 de agosto, en el proceso de consultas del Acuerdo de San José en relación al regreso de Zelaya al poder, que "existen acciones penales presentadas (contra él) por la Fiscalía General"

Por ese motivo, indicó que, "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".

Zelaya tiene una orden de captura por varios delitos relacionados con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una Asamblea Constituyente el 28 de junio, el mismo día en que los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país, y en que el Parlamento designó a Roberto Micheletti en su lugar.

Con el pronunciamiento de la CSJ, el Congreso Nacional contará ya con las cuatro posiciones que solicitó a sendos órganos del Estado para fundamentar su debate, aunque ha aclarado que estos informes no son vinculantes y que la decisión sobre Zelaya sólo dependerá de los diputados.

Ya entregaron sus opiniones el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.

El presidente Zelaya, alojado en la embajada de Brasil de Tegucigalpa desde el 21 de septiembre, consideró que esas consultas sólo eran una maniobra dilatoria para realizar las elecciones generales de Honduras sin la restitución del mandatario legal en el poder.