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Amenazas "terroristas" antes de las elecciones

Un hombre que se calificó como "terrorista" tomó de rehén a un empleado de un hotel en Brasilia y lo mantuvo esposado y con un chaleco que parecía cargado de explosivos. El secuestrador, identificado como Jac Souza, quien fue candidato a concejal en 2008 por un partido local, exigió una reforma política que impida la reelección presidencial, a lo que aspira la presidenta Dilma Rousseff el próximo domingo. Se entregó tras una negociación con la policía, que confirmó que tanto el arma como los explosivos eran falsos.

Después de más siete horas de tensión terminó en Brasilia, sin víctimas, el secuestro perpetrado por un hombre que tomó como rehén a un empleado de un hotel de lujo de la capital brasileña y amenazó con matarlo de no ser atendidas sus demandas de tenor político.

Según el portavoz de la policía civil, Paulo Henrique Almeida, el secuestrador Jac Souza dos Santos, un hombre de 30 años vinculado a un partido político conservador del estado de Tocantins, aceptó entregarse a las autoridades y fue trasladado a una comisaría. A su vez, el rehén -José Aílton de Souza, un mensajero del hotel de 49 años de edad- no sufrió heridas, pero fue trasladado a un hospital, ya que se encontraba en "estado de shock".

El secuestro que mantuvo en vilo la capital federal brasileña se inició alrededor de las 9 hora local, cuando el hombre -que se registró en el hotel con su nombre verdadero- tomó como rehén al empleado y lo obligó a vestir un chaleco presuntamente cargado con dinamita. La policía confirmó que tanto el arma portada por Santos como los explosivos eran falsos.

Según Almeida, la lista de exigencias presentada por el secuestrador era "política": Santos demandaba entre otras cosas el fin de la reelección presidencial y la extradición del ciudadano italiano Cesare Battisti, condenado en Italia a prisión perpetua por cuatro asesinatos cometidos en la década del 70, cuando integraba la organización izquierdista Proletarios Armados por el Comunismo (PAC).

El italiano niega haber practicado estos crímenes y, pese a que su extradición a Italia fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en diciembre de 2010 el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva optó por autorizar su permanencia en el país sudamericano.

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