Después de la anulación de las leyes de impunidad se pusieron en marcha procesos contra los responsables del terrorismo de Estado y, en la actualidad, hay 300 causas abiertas con la participación de más de cuatro mil testigos. En este marco, el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados vigente “no ha logrado dar una solución oportuna y eficaz a los nuevos problemas que se suscitan en el marco de las investigaciones judiciales por delitos complejos”, dice el proyecto de Donda y Saín.

Página/12 consultó a tres testigos que, por diferentes razones, renunciaron a ese programa. María Cristina Guerra, sobreviviente del centro clandestino Mansión Seré, aceptó la protección que propuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 5. Con la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos Mansión Seré y zona Oeste acordaron con el programa nacional que dirige Darío Díaz una cobertura con telefonía celular y rechazaron la custodia policial. Llegó el inicio del juicio y horas antes de la primera audiencia recibió una amenaza telefónica y encontró una cadena en el piso frente a su puerta, con la forma de un círculo. “Ni la Justicia ni el programa hicieron nada, nunca nos dieron los celulares, así que junto a otros tres compañeros decidimos renunciar al convenio de protección porque nos negamos a ser una estadística más”, dijo Guerra. Cuando lo comunicó –recordó–, alguien del programa le dijo que “no tenía códigos”. Por insistencia del TOF 5 le pusieron un sistema electrónico a distancia que depende del programa provincial. “Funciona, no es lo que quiero ni lo mejor, pero ante hechos así una piensa en la gente que quiere y si ellos se sienten seguros, sirve”, evaluó. Pero afirmó que “la debida protección que nos tienen que dar es desmantelar el aparato represivo”.

Carlos Muñoz sobrevivió luego de pasar por la ESMA y hasta hace pocos días tenía el mismo dispositivo que Guerra, pero lo devolvió y también renunció al programa. “Me cambiaron cuatro veces el aparato, se quedaba sin batería, luego la señal era débil, otra vez me lo olvidé en una oficina céntrica y el monitoreo marcaba que estaba en Palermo”, describió. Muñoz había entrado al programa cuando comenzó el juicio contra el represor Héctor Febres, pero renunció porque “la burocratización es enorme”. Además, el personal policial que lo controlaba por teléfono solía interrogarlo. “Que a qué marcha voy, que a qué hora voy a estar en Plaza de Mayo, preguntas que no corresponden”, recordó. “Nos hacen sentir como pesados y paranoicos si planteamos algo, pero tampoco nos dan apoyo psicológico, son funcionarios que no entienden las secuelas que podemos tener los sobrevivientes”, lamentó Muñoz.

Norberto Urso estuvo en Mansión Seré, es testigo y querellante, y fue amenazado. Ya contaba con la protección del programa provincial, pero el TOF 5 les ofreció el de Nación. “Lo único que nos podían ofrecer eran unos celulares, pasaron los días y nadie los vio”, afirmó Urso, que se enoja cuando recuerda lo sucedido y afirma que los pusieron en peligro a ellos y a sus familias. Dice que el control a distancia que le provee la provincia “no es lo ideal, porque aunque los que nos cuidan tienen buena predisposición, no deberían ser los mismos que estamos denunciando”.

Página/12 trasladó estas inquietudes al director del programa nacional. “El mejor programa es el que no se ve”, fue la respuesta de Darío Díaz, que se excusó de confirmar o desmentir nada, invocando la confidencialidad del programa. La cantidad de personas que ingresaron a este programa a partir de la mayor difusión que le dieron las nuevas autoridades aumentó notoriamente, pero la protección no alcanzó –porque la ley no lo prevé– a los miembros de un tribunal platense, que la habían solicitado. Algo que no ocurrirá si prospera el proyecto de Donda y Saín.