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El precio de la justicia: llegó, aunque mejor no evaluar el costo. Un tribunal correccional y decenas de empleados judiciales y policiales trabajaron durante más de dos años en una causa en la que se investigó el intento de robo de chicles y chupetines en un mayorista de golosinas de La Plata y por la que ayer, tras ser elevada a juicio oral y público, un hombre fue condenado a 15 días de prisión de ejecución condicional. “Sólo en gasoil (para trasladar al acusado), se gastó más que el valor de los chicles y chupetines hurtados”, afirmó un funcionario judicial durante la audiencia que culminó ayer cuando la jueza Miriam Ermilli leyó el fallo.
La investigación y el juicio por el caso en el que César Enrique Céspedes Gil fue condenado ayer a una pena de prisión en suspenso requirió de la intervención de decenas de personas: un fiscal de instrucción y uno de juicio, un juez de garantías y una jueza del tribunal oral –cada uno con su equipo de trabajo–, investigadores y peritos judiciales y policiales y personal administrativo, que trabajaron durante los cerca de treinta meses que duraron la investigación y el juicio por el que César Enrique Céspedes Gil fue condenado ayer a una pena que ni siquiera tiene que ser cumplida porque es de ejecución condicional.
“Un despropósito”, calificó el fiscal del juicio, Marcelo Romero, quien anteayer había pedido una pena de 15 días de prisión para el imputado. Céspedes Gil, un chileno de 42 años que trabajaba como vendedor ambulante y que ahora podría ser deportado por no tener sus papeles al día, había sido detenido el 28 de junio de 2000 junto a Raúl Díaz Ponce en una distribuidora mayorista de golosinas ubicada en Diagonal 77, entre 80 y 3, de la ciudad de La Plata. Los hombres habían sido descubiertos con cinco cajas de chicles y una bolsa de chupetines entre la ropa.
Se inició la causa, a cargo del fiscal de instrucción Víctor Violini y con intervención del juez de garantías Guillermo Atencio, mientras que Céspedes Gil y Díaz Ponce fueron liberados días más tarde, ya que el delito del que estaban acusados, “tentativa de hurto”, prevé como máximo un año de prisión y es excarcelable. Díaz Ponce está prófugo y nunca fue juzgado, en tanto Céspedes Gil está preso en la cárcel de Devoto, procesado sin condena por otros delitos, también contra la propiedad, pero que fueron cometidos en el ámbito federal.
Entre nueve meses y un año fue el tiempo que llevó la investigación que determinó que los dos hombres habían escondido los chicles y chupetines para llevárselos sin pagar. En ese momento, el fiscal y el juez decidieron elevarlo a juicio oral y público, un trámite que duró un día pero que por falta de turnos fue ejecutado anteayer, un año y medio después de haber sido solicitado.
“Son casos que pueden resolverse en quince días. Hay un montón de casos de este tipo cotidianamente que no dejan de ser delitos pero que pueden resolverse sin gastar la cantidad de dinero y esfuerzo que se han gastado en el de hoy, que es un hecho atípico”, explicó ayer Romero a Página/12.
Así como durante la audiencia pública un funcionario judicial había señalado que “lo que se gastó en gasoil –para trasladar a Céspedes Gil desde Devoto hasta La Plata– es mucho más que el valor de las cajas de chicles y chupetines hurtados”, Romero destacó el mismo absurdo al hacer su pedido de condena ante la jueza Miriam Ermilli: “Toda violación al orden público merece del Estado una respuesta, pero es necesaria la adopción de mecanismos alternativos, aun de mayor alcance que los vigentes, ya que en este caso se gastó muchísimo más dinero del Estado que el valor de lo sustraído, que además fue recuperado”.
Por su parte, durante el juicio la defensora oficial de Céspedes Gil, Cecilia Sicard, había pedido la absolución del acusado alegando que “lo sustraído es de escasísimo valor y fue recuperado en su totalidad, por lo que el hecho debe considerarse atípico”, señaló. Sin embargo, Romero no estuvo de acuerdo con ese criterio de despenalización, aunque evaluó que “el tiempo, los recursos materiales y el trabajo humano dedicados al caso son un verdadero despropósito, un desperdicio”. Y concluyó: “Lo atípico deesta causa es que haya llegado a juicio pero no que haya tardado tanto. Eso es lo peor, que este es el tiempo habitual con el que nos manejamos”.
Producción: Paula Bistagnino.