Argentina y el Fondo Monetario Internacional coinciden por primera vez en quince años en las prioridades que debe asumir la política económica para ingresar en un sendero de crecimiento: reducir el déficit fiscal y bajar la inflación. También comparten las herramientas necesarias para lograr los objetivos. La reducción del gasto público, una política monetaria contractiva y la desregulación cambiaria están al frente de la agenda. Existen matices y tensiones sobre el ritmo del ajuste pero en el listado de reformas estructurales sugerido por los técnicos del FMI solo restan tildar los casilleros correspondientes a la flexibilidad laboral y la apertura comercial.

En el gobierno de Mauricio Macri utilizan otros términos pero comparten la visión. La comunión quedó expuesta anteayer cuando la mandamás del Fondo, Christine Lagarde, y el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, compartieron el escenario en la Universidad Torcuato Di Tella. El funcionario argentino enfatizó la necesidad de “una mayor integración al mundo” y el interés oficial por reimpulsar la ley de blanqueo laboral.

“Un mercado de trabajo más flexible: Argentina tiene instituciones y regulaciones laborales rígidas. Las presiones para que se modernice se han incrementado dadas las recientes reformas en Brasil que van a reducir sus costos laborales”, sostiene el documento del FMI difundido el 30 de diciembre del año pasado. Reducir los costos para despedir trabajadores, limitar el alcance de las negociaciones colectivas, restringir el aumento en el salario mínimo y achicar la plantilla de empleados públicos fueron apenas algunas de las sugerencias en materia laboral realizadas por el Fondo en su informe del Artículo IV. “Las negociaciones colectivas también son un tema. Tienen lugar a nivel sectorial y cubren al 70 por ciento de los trabajadores cuando solo el 30 por ciento está sindicalizado”, cuestionó el FMI para quien el disciplinamiento de los aumentos salariales es indispensable para controlar la inflación.

El mejor ejemplo para la sincronización de las agendas entre el FMI y la Casa Rosada es el proceso de transformación del sistema previsional. Las reformas implementadas a lo largo de los últimos dos años están en línea con la hoja de ruta trazada por el organismo multilateral, pero todavía resta un largo camino por recorrer. Además de la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones y el incremento en la edad de retiro para las mujeres, el Fondo sugiere habilitar un esquema de capitalización privado como el que funciona en Chile.

“La reducción del gasto público es esencial, especialmente en las áreas donde aumentó muy rápidamente en los últimos años, en particular los salarios, las pensiones y las transferencias sociales”, reclamó el organismo en el segundo informe realizado después de una década. El decálogo de reformas estructurales pendientes está compuesto por “un sistema impositivo menos distorsivo, un sistema de regulaciones del mercado de trabajo más balanceado, mayor competencia en los mercados internos, enfrentar la corrupción y eliminar barreras al comercio y la inversión extranjera”. El recetario no es novedoso. Las sugerencias presentes en sus primeras dos revisiones de la economía argentina desde 2006 apuntan en la misma línea que las condicionalidades impuestas por el organismo para liberar sus créditos en los años noventa y los dos mil.