La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la ciudad de Santa Fe realizó ayer un pañuelazo frente al hospital Iturraspe, donde hace once años murió Ana María Acevedo, la joven de 20 años a la que negaron el tratamiento para un cáncer de maxilar porque estaba embarazada. El centro de salud santafesino es además emblemático porque se erige como un bastión de los antiderechos, ya que todo el servicio de ginecología y obstetricia es objetor de conciencia. La acción de las organizaciones de mujeres fue en apoyo a los profesionales de la salud que están a favor del derecho a decidir. Con una sensación términa de 3 grados a las 11 de la mañana, el acto tuvo una importante concurrencia que se fotografió con los pañuelos verdes. Al final, los concurrentes denunciaron que les lanzaron agua y alcohol desde las ventanas del edificio.

Distintas agrupaciones de mujeres se reunieron en la escalera de la fachada tradicional del Iturraspe, donde se encuentran las oficinas administrativas y no de internación. La elección del lugar no fue azarosa. Según las representantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el acto se desarrolló para reivindicar al efector como un lugar que debe garantizar el derecho a la salud y a la autonomía de las mujeres y personas gestantes: "Apoyamos a los profesionales de la ciudad que se han manifestado públicamente en favor del derecho a decidir sobre su propia salud sexual y reproductiva. Sin embargo, también hacemos público nuestro rechazo y repudio a las acciones del jefe del Servicio de Ginecología de este hospital que, con un grupo a su cargo, irrumpen para negar la atención sanitaria y violentar el derecho a la intimidad de las mujeres", leyeron del documento. De hecho, la concreción de una interrupción legal del embarazo hace pocos días debió garantizarla una médica de otra jurisdicción, debido a que ningún profesional de ese centro de salud las realiza, aunque están acordes al fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al protocolo de atención a personas con derecho a la ILE, ratificado por una ley provincial.

Las manifestantes fueron contundentes: "Nos expresaremos públicamente en favor de la aprobación, el próximo 8 de agosto en el Congreso Nacional”.