El desalojo de los manteros del barrio de Once fue justificado por tratarse de mafiosos, esclavistas y evasores que levantan fortunas a costa del Estado y de los comerciantes del barrio. Si bien se reconoció parcialmente que quienes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires son seres humanos que se ganan el pan trabajando de vendedores, se los presentó como víctimas de organizaciones mafiosas en sintonía con policías corruptas que serían los verdaderos beneficiarios de la venta en la vía pública. El desalojo de las calles porteñas fue presentado como una bendición que incrementará las ventas de los locales de la zona.
Si bien el desalojo de los manteros incrementará las ventas de los comercios del Once, no mejorará su rentabilidad por mucho tiempo. La rentabilidad extraordinaria generada por la mejora en las ventas, poco a poco será absorbida por la suba de los alquileres que dispondrán los propietarios de la zona. Es una regla del mercado que se conoce desde que David Ricardo desarrolló la teoría de la renta diferencial. A medida que los comerciantes tengan que renegociar sus alquileres, éstos se incrementarán hasta que el rinde que tenga el comerciante no sea muy diferente del que obtenía cuando convivía con los manteros.
Respecto a la cuestión de la evasión impositiva y el trabajo informal, esas realidades no son muy diferentes en gran parte del comercio en locales de la zona, donde conseguir una factura parece ser milagroso y gran parte de la mano de obra que atiende se encuentra no registrada. En ese sentido, la principal diferencia entre el comercio en la calle y en los locales no parece descansar en su aporte a las arcas del Estado o el respeto a los derechos del trabajador, sino en que unos pagan alquiler y otros no. Por otro lado, si el problema fuera la evasión y el no registro de los trabajadores, la solución no pasa por golpearlos sino por crear un régimen impositivo y de registro de los trabajadores viable para el sector.
Este último punto se vincula con la organización mafiosa y en convivencia con fuerzas policiales corruptas en que se desenvuelve el trabajo de los manteros. Ese tipo de regulación de la actividad es una consecuencia de la ilegalidad a la que es condenada por el Estado la venta callejera. La ilegalidad genera la ausencia de un marco regulatorio legalmente establecido que deriva en regulaciones de hecho a través de organizaciones (“mafias”) que distribuyen el uso del espacio público usurpado y arreglan con las fuerzas represivas para que hagan la vista gorda al desenvolvimiento de la actividad.
El combate a las mafias y la corrupción no pasa por golpear a sus víctimas, sino por dotar de un marco legal para el desarrollo de la actividad donde la distribución de los puestos de venta esté regulada. El ejemplo de las ferias legales en las plazas de la ciudad muestra que ya existen experiencias de soluciones pacíficas que combinadas con el monotributo social, pueden dotar de derechos al trabajo de los manteros
@AndresAsiain
