Corporaciones y TLC con Chile

El proceso de desindustrialización de los últimos tres años no es el producto de “consecuencias no deseadas” de determinadas políticas o porque “pasaron cosas en el mundo” que modificaron los resultados. Es un modelo económico que está en plena ejecución lo que lo provoca, un modelo que no cambia de rumbo por más evidencias a la vista sobre cuál es el costo que se paga en materia de producción y empleo. Una prueba de que el camino elegido es ese y no otro es el persistente intento de la firma del Tratado de Libre Comercio con Chile, que se aprobó por mayoría en el Senado (únicamente la bancada de Unidad Ciudadana votó en contra) y que volvió a comisión tras el tratamiento en la Cámara de Diputados en la sesión del jueves 6. 

Tal como denunció en la sesión el diputado nacional por Mendoza Guillermo Carmona, este tipo de acuerdos están diseñados al gusto y conveniencia de las grandes corporaciones internacionales que se asientan en nuestros países. “No son acuerdos comerciales, son manuales de desregulación económica; no los redactan los abogados de los Estados ni de las Cancillerías, están premoldeados por los grandes estudios jurídicos internacionales de las corporaciones económicas”, afirmó en aquella sesión. Tampoco se justificaría la urgencia de los gobiernos de Mauricio Macri y Sebastián Piñera por alcanzar este acuerdo si no fuera por la presión de las compañías internacionales por lograr el objetivo de conformar una gran zona de libre comercio en América Latina, a partir de la convergencia de los bloques de la Alianza del Pacífico y del Mercosur. 

El TLC entre Argentina y Chile se encuadra en el marco del Acuerdo de Complementación Económica número 35 (ACE 35) firmado por el Mercosur y el país trasandino. Pese a que las normas del tratado binacional solamente obligan a las dos partes firmantes en caso de quedar firme, todos los integrantes del Mercosur ya prestaron su acuerdo para que el mismo se incorpore al ACE 35. Pero también se establece que recién entrará en vigencia 90 días después que ambos países hayan notificado que se han cumplido “los procedimientos jurídicos” de rigor en cada nación. Entre otros, contar con la aprobación de los respectivos parlamentos. 

En el Senado el trámite se cumplió con la aprobación de una amplia mayoría frente a la solitaria oposición del octeto de Unidad Ciudadana. En Diputados tropezó su aprobación por resolución por mayoría (112 a favor, 94 en contra) para que el dictamen vuelva a comisión “para que los sectores de la producción y el trabajo puedan ser llamados a opinar” sobre el contenido del acuerdo propuesto”.

El texto del TLC abarca más de 290 páginas, con un Preámbulo y 20 capítulos. “No estamos en contra de los acuerdos comerciales, sí en la forma poco transparente en que se están alcanzando y en los contenidos”, expresó Carmona al rechazar su aprobación. Y apuntó sobre algunos capítulos en particular del tratado. 

Políticas de competencia (capítulo 6)

“Cada parte adoptará o mantendrá leyes de competencia que proscriban las prácticas de negocios anticompetitivas, con el objeto de evitar que los beneficios del proceso de liberalización del comercio de bienes, servicios e inversiones puedan verse reducidos o anulados por prácticas comerciales contrarias a la competencia”.

En su enunciado principal de Objetivos, el TLC pone en primer término la liberalización del comercio y las inversiones sin distinguir entre privados y Estado, poniendo además en pie de igualdad a empresas trasnacionales con asiento en Chile y pymes o productores locales. 

Contratación pública (capítulo 7)

Las empresas trasnacionales con asiento en Chile tendrán condiciones de igualdad de trato y acceso a toda contratación pública realizada en jurisdicción argentina. Esto abarca desde la compra de útiles de oficina (como un ejemplo) hasta grandes obras de infraestructura. Tiene alcance a todas las licitaciones realizadas por la administración central, desde la Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y todos los ministerios, más los organismos descentralizados (institutos nacionales, registros nacionales, entes nacionales y organismos reguladores, superintendencias, direcciones nacionales, SIGEN, CNV, Tribunal de Tasaciones, tribunal Fiscal de la Nación, UIF, Senasa, Vialidad, Conicet, Biblioteca Nacional, institutos de salud y Teatro Nacional Cervantes, entre varios otros). Y todas las universidades nacionales. 

Constituye un alto riesgo de desplazamiento para los productos y proveedores locales al no establecer ninguna regla de reserva de mercado. 

Inversiones (capítulo 8)

Con la salvedad de que “este capítulo no se aplica a servicios financieros”, dispone que “cada parte (país) otorgará a los inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas”. Un trato “no menos favorable” a la inversión de origen chileno (que podría tratarse de una trasnacional desde su filial trasandina) significa igualitario o mejor al que se le otorga al capital nacional local (de origen nacional o radicado vía filial). Por sus características (y antecedentes en diversos tratados), este capítulo merecería todo un análisis en particular ya que, como señaló Carmona citando a Noam Chomsky, “suelen ser acuerdos para establecer condiciones preferentes para las empresas trasnacionales que supuestamente llegan con intención de invertir”. 

Otros capítulos

El TLC también dedica un capítulo a “Emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas”, en el que se les hace un “reconocimiento como componente fundamental para el desarrollo económico, la creación de empleo y de valor agregado”. Se pone énfasis en el rol que ocupan, pero no se plantea ninguna política que les garantice una protección especial ni reserva de mercado. Las consideraciones pasan por la creación de comisiones y organismos que analicen su inclusión, pero no define normas al respecto. Incluso, en lo referido a cuestiones de controversia o divergencias, mientras que a las grandes empresas trasnacionales se les reconoce el derecho a litigar contra el Estado ante un tribunal internacional claramente sesgado en su favor, el Ciadi, para las mipymes la forma de resolución de controversias que se propone es “la buena voluntad, el diálogo y la cooperación”.

El extensísimo texto del Tratado abarca otras amplias áreas como Comercio de servicios (cap. 9), Telecomunicaciones (10), comercio electrónico (11) y distintas cuestiones desregulatorias en materia de Medidas sanitarias y fitosanitarias (4), Medio ambiente (13) y Laboral (12).  

“Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, la industria madre de mi provincia, la vitivinicultura, se ha visto agredida por las importaciones de vino chileno”, recordó el diputado mendocino Guillermo Carmona en el recinto. “Eso le ha significado una pérdida de rentabilidad a los productores vitivinícolas que los ha llevado ya a una situación insoportable; también a una degradación en las condiciones laborales, sobre todo salariales, de quienes se desempeñan en esta industria. Y la pongo simplemente como ejemplo, de una actividad como otras, afectadas por un acuerdo que va a permitir la libre importación de aranceles, sin complicaciones ni barreras fitosanitarias, de muchas variedades que se producen en el país, sin que los productores lo conozcan ni hayan podido opinar”, completó, antes de proponer la vuelta a comisión del proyecto.

 Los efectos económicos son predecibles, y van en línea con la desindustrialización y retraso de las economías regionales padecidos durante estos tres años. El apuro de los gobiernos de Macri y Piñera, presidentes de los países firmantes, está empezando a encontrar trabas. Por ahora, de sectores políticos que cuestionan el Tratado, pero con la demora su contenido puede llegar a oídos de los productores afectados. 

 En silencio, en tanto, las corporaciones presionan y empujan hacia su firma. No es la historia del neoliberalismo que se cuenta, pero es la realmente existente: las corporaciones son el protagonista principal de esta serie pero pocas veces aparecen en pantalla. La miran por TV, pero manejan el control remoto. Disfruta del espectáculo de la anunciada pelea de Estado vs. Mercado, mientras los representantes del Estado juegan a favor de sus intereses y le dejan un Mercado desregulado en el que ellos no le sacarán provecho a la “libre competencia”, sino a tener una posición dominante indiscutida. Los TLC son su herramienta legitimadora.

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