La Comisión por la Verdad y la Justicia de Uruguay entregó documentación relativa al Plan Cóndor a los familiares de Rafaella Filipazzi y José Potenza, dos ciudadanos argentinos secuestrados en 1977 en Montevideo y luego trasladados a Paraguay. En ese acto de reparación, el presidente Tabaré Vázquez reconoció la responsabilidad del Estado uruguayo en ese crimen y les pidió perdón.

Se trata de un conjunto de información confeccionada por los servicios de información de Uruguay sobre ambas víctimas. Quienes recibieron las carpetas fueron Silvia Potenza y Beatriz García, hijas de José y Rafaella, durante un acto que tuvo lugar en la Embajada uruguaya en Buenos Aires, según confirmó Télam.

Entre el material entregado ayer fue incluida una carta actual del presidente Tabaré Vázquez, en la que reconoció la culpabilidad de Estado uruguayo en esos casos que fueron clave como prueba de la coordinación represiva de las dictaduras militares del Cono Sur durante la década de 1970.

De la identificación de ambas víctimas participó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el organismo reconocido a nivel internacional y que en las últimas horas suspendió sus actividades en la Argentina, debido a que el gobierno de Mauricio Macri dejó de girar los fondos estatales que les correspondían.

La entrega de la documentación estuvo encabezada por Felipe Michelini, titular de la Comisión por la Verdad y Justicia del país vecino, que se encarga de aportar y difundir información sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura. También estuvieron el embajador de la ROU en la Argentina, Héctor Lescano, el ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel -quien inició en 2004 la investigación sobre Filipazzi y Potenza-, y demás familiares de las víctimas.

En 1977, la pareja se había trasladado a Uruguay, escapando de la dictadura argentina, pero terminaron secuestrados por un grupo de fusileros de la Marina uruguaya. Luego fueron trasladados a Paraguay y alojados en distintas instituciones penales de la dictadura de Alfredo Stroessner, donde desaparecieron.

“Se trata de un caso que prueba la movilidad y la operatividad que tuvo el Plan Cóndor entre los países de la región. Con la documentación que nos entregaron creemos que vamos a poder saber qué pasó con ellos y por qué terminaron en Paraguay”, señaló a Vassel, quien comenzó la indagación sobre la pareja cuando era funcionario provincial por pedido de Beatriz García.

Los familiares aportarán ahora la documentación a la Fiscalía Federal de Corrientes, que instruye una causa que busca establecer la verdad de los sucedido con Filipazzi y Potenza.