La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, un organismo integrado por católicos, entre los que se cuentan sacerdotes que trabajan en villas de Buenos Aires, emitió un documento para oponerse “firmemente a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad, mucho más en este contexto social”. Los integrantes de la organización consideran que “la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente pero no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales”.
En la misma línea argumental, declararon que hacen “responsables a los dirigentes, gobernantes y comunicadores populistas que dicen lo que la sociedad ‘bolsonarizada’ quiere escuchar, aun a costa de sacrificar por unos votos la dignidad inalienable de nuestras y nuestros adolescentes”.
El documento titulado “La baja de la edad de punibilidad es demagogia punitiva” reitera conceptos ya emitidos en enero de 2017 por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del episcopado católico.
El texto conocido ahora recuerda que en aquella oportunidad, y frente a la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil, la Comisión sostuvo que “no puede centrarse solamente en la persecución estatal –a través del derecho penal– de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”.
La declaración conocida ayer agrega que “dos años después, otra vez en enero, resurgen las mismas propuestas simplistas, con fines electorales y sin mirar el tema en su complejidad”. Por eso, dicen los católicos firmantes, “en este sentido queremos señalar que el contexto de crisis acentúa el incumplimiento de las responsabilidades que el mundo adulto tiene sobre la juventud”. Recuerdan además que “el 48 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre, según un estudio de Unicef”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a diferentes medios de comunicación, hizo pública en los últimos días la decisión del gobierno de Cambiemos de impulsar en sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, reformando las normas vigentes.
La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión está integrada por los sacerdotes José María “Pepe” Di Paola, Carlos “Charly” Olivero, Lorenzo “Toto” De Vedia, las religiosas Yolanda Galka, Cecilia Lee, el hermano Daniel “Coco” Romanín y Gustavo Moreno, Gustavo Barreiro, María Elena Acosta, Ángela García Elorrio y Alberto Palacio.
Sostienen los firmantes que “la escuela, la vivienda y la salud están muy deterioradas, los espacios de promoción de las artes no pueden pagar la luz y cierran, los clubes se vuelven inaccesibles para los salarios que se ajustan, el desempleo crece mientras la capacidad de contención de la sociedad baja notoriamente”.
En vista de lo anterior, afirman, “pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales”.
