La Justicia ratificó por tercera vez que el gobierno porteño debe brindar “en comodato social” una vivienda digna a una familia compuesta por una mujer de 49 años y sus dos hijos, menores de edad y con problemas de salud, por considerar que se encuentra en situación de vulnerabilidad. En el fallo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, subrayó que “transcurrió un tiempo excesivo” desde que la justicia ordenó en primera instancia al Gobierno de la Ciudad que satisficiera el derecho a la vivienda da la familia y que, sin embargo, la administración local solamente apela las resoluciones dictadas desde 2017, cuando A.D. planteó su situación ante la Justicia y elevó la primera acción de amparo.

“Hace ya más de un año que esta Cámara de Apelaciones ha ordenado al gobierno que formule una propuesta de alojamiento”, pero hasta ahora “no ha dado una respuesta satisfactoria”, advierten en el voto de mayoría los jueces Carlos Balbín y Fabiana Schafrik.  Balbín añadió que el gobierno “tampoco brinda información sobre los inmuebles vacantes de los que dispone, ni acredita la imposibilidad de entregar una vivienda en los términos dispuestos por el juez” de primera instancia. Por su parte, la jueza Mariana Díaz, consideró que ordenar la entrega de una vivienda en comodato social excedía el régimen de asistencia habitacional legislado, pero que sí corresponde que siga en pie la cautelar que ordena al gobierno cubrir las necesidades de vivienda de la familia.

A.D., de 49 años, trabaja como vendedora ambulante para mantener a sus dos hijos, R y M, de 12 y 9 años, con quienes el padre de ellos, del que la mujer se separó cuando el menor de los chicos tenía dos años, “no mantiene vínculo afectivo”. A.D. es portadora de VIH, no tiene contención familiar y “cuenta con instrucción secundaria incompleta”. Ambos chicos son asmáticos. El hijo más chico “padece un trastorno del espectro autista”; se atiende en el Tobar García, donde recibe distintos tratamientos “lunes, martes y miércoles por la mañana”. Tiene “indicación de escuela especial” pero está “en lista de espera”. 

El fallo recoge informes que dan cuenta del estado de vulnerabilidad de la familia. Para cuidar a su hijo M y poder llevarlo al tratamiento en el hospital “con la regularidad indicada por el equipo”, A.D. “ha tenido que reducir las horas de trabajo”. Sin embargo, desde hace dos años el gobierno porteño se niega a garantizarle su derecho a una vivienda.

En 2017, A.D. demandó una solución habitacional. La primera respuesta judicial fue avalar el pedido e indicar al Gobierno que incluya a la familia “en un programa habitacional que les permita atender el valor actual del mercado de una vivienda y que garantice las necesidades sanitarias de los integrantes del grupo familiar”. El gobierno apeló; la Cámara confirmó la sentencia y condenó al gobierno a “hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas”. 

El gobierno incumplió y A.D. volvió a reclamar: esta vez, pidió una vivienda social. La Justicia evaluó dónde viven ella y sus hijos. “Se consignó que la cocina ‘se comparte con 10 habitaciones, con aproximadamente 5 personas por habitación según manifiesta la Sra D’. Contiguamente, hay dos baños ‘sin distinción de uso por género, con un caño que hace de ducha’. La habitación (...) cuenta aproximadamente con 4 por 3 metros de superficie, y allí ‘se advierte la existencia (…) de una ‘pelela’ que la Sra. D manifiesta que es usada por M dadas las escasas condiciones de higiene que habitualmente tiene el baño”, relevó la diligencia. Por el nuevo incumplimiento, el juez ordenó que se dispusiera una vivienda en “comodato social”. 

El fallo repasa que “transcurrido más de un año de dictada la sentencia definitiva por esta Sala, el GCBA se imitó a mantener un subsidio por un monto insuficiente con el objeto de que el grupo actor acceda a una vivienda adecuada. Luego de ser emplazado a dar una solución adecuada, el Gobierno propuso hacerse cargo del alquiler de una vivenda de dos ambientes, pero este ofrecimiento tampoco ha sido concretado (ni hay razones para suponer que lo sea en lo inmediato). De hecho, el Gobierno apeló la decisión por la cual el juez de grado dispuso que fuese el propio Gobierno quien propusiera el lugar de habitación transitorio”.