La justicia de Chubut juzgará a cinco hombres acusados de integrar una manada que, en septiembre de 2012, cuando dos de ellos eran menores de edad, violaron en grupo a una chica de 16 años. La agresión ocurrió durante una fiesta celebrada en la casa que la familia de uno de ellos tiene en Playa Unión; luego, la chica habría sido presionada para que no presentara la denuncia. 

El amedrentamiento, sin embargo, no perduró a lo largo del tiempo: en el proceso judicial que está por comenzar, alrededor de 60 testimonios avalan los dichos de la joven que denunció las violaciones. Los acusados son hijos de familias poderosas social y económicamente en la provincia. Originalmente, la denuncia fue realizada contra seis jóvenes, pero solo cinco de ellos llegarían a instancia de juicio, porque, según trascendió, el sexto habría declarado como arrepentido para aliviar su situación.

El viernes a las 9.30, en Rawson, se realizará la audiencia de apertura de la investigación.

La causa está caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado por pluralidad de actores”. Las violaciones ocurrieron en la fiesta de la primavera de 2012, pero fueron denunciadas en enero de este año. Inicialmente, trascendió via redes sociales, a través de las cuales el colectivo feminista Las Magdalenas, de Puerto Madryn, dio a conocer el episodio, para acompañar la voluntad de la joven M., que hoy reside en otra provincia y ya es mayor de edad.

De acuerdo con la denuncia, en medio de la fiesta, un evento tradicional en primavera en esa zona de Chubut, poblada por casas de descanso de la clase media alta de Trelew y Puerto Madryn, la joven habría sido llevada inconsciente por los acusados a una habitación. “Perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones”, escribió la joven en un testimonio que circuló en redes en enero de este año. En esa habitación, mientras cuatro varones se turnaban para violar a la adolescente, uno observaba y el sexto sostenía la puerta para que nadie más entrara.

En diálogo con este diario, fuentes que conocen la denuncia definieron a los acusados como “hijos del poder”. Tomás S., quien de acuerdo con la acusación velaba en la puerta para que no pasara ninguna otra persona en la habitación, viene de familia de empresarios originaria de Trelew; vive en Miami, donde tiene una empresa vinculada a la pesca. Joaquín P., quien colaboró con la Justicia, es hijo de un hombre poderoso en la zona portuaria de la provincia y hermano del intendente de un pueblo del interior de la provincia.

Dos de los acusados por las violaciones eran mayores de edad al momento de la agresión: Leandro V., nieto de un dirigente radical histórico, proviene de una familia conocida en la provincia y está vinculado al negocio portuario; Ezequiel Q., es de familia oriunda de Caleta Olivia pero suele vacacionar en Madryn; es abogado y vive en Buenos Aires.

Los otros dos acusados de las violaciones, en cambio, eran menores: Luciano M., hijo del propietario de una inmobiliaria renombrada en Madryn; Robertino V., nieto de un ex gobernador provincial, hoy es productor televisivo, fue en casa de su familia que ocurrieron las agresiones.

“En el pueblo era sabido que ellos contrataban entre todos a una prostituta y se juntaban para tener relaciones sexuales con ellas. Lo contaban a sus amigos. Había un patrón común. De la prostituta no abusaron, pero de la chica sí”, dijo a este diario una fuente cercana a la joven denunciante. 

Cuando las agresiones ocurrieron, “sus amigas la abandonaron, M. tuvo que irse de la ciudad, terminó la secundaria en otra provincia. Fue terrible. Este año, cuando quiso denunciar, todo Madryn la acompañó y apoyó como modo de pedirle perdón”. En 2012, agregó, en la ciudad era vox populi lo que había ocurrido en la fiesta, pero la condena social recayó sobre la víctima y no sobre los victimarios (que, como dieron cuenta algunos testigos, alardearon públicamente de lo sucedido) porque “ella era de salir todos los fines de semana, usaba pollera cortita”.

En febrero de este año, luego de que trascendieran las acusaciones, el fiscal Fernando Rivarola tomó declaración testimonial a personas que estuvieron en la fiesta donde la joven M. fue violada. Los testigos confirmaron los dichos de la denunciante. En marzo, la Justicia allanó las casas de los acusados y secuestró computadoras y teléfonos.