En una audiencia informativa que duró más de tres horas los demandados y demandantes en el amparo colectivo por el río Arenales compulsaron sus impresiones. La conclusión fue que la jurisdicción y competencia de cada demandado les impide velar en las acciones más allá de su límite burocrático.

Se instó a evitar los asentamientos ilegales dentro de la línea de ribera sin demoras

Y, sin embargo, “la cuestión del ambiente no respeta jurisdicciones”, observó la bióloga Jimena Gato, perita del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). La especialista intervino así durante la audiencia. Su análisis surgió de las acciones que llevó a cabo para realizar el informe pericial sobre la situación del río Arenales. Para ello tomó información de diversos organismos involucrados.

En la audiencia, en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad judicial, el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, recordó que la causa que iniciaron los vecinos de los barrios aledaños del Arenales en esta ciudad tiene unos cinco años. La demanda se inició ante la pérdida de sus pertenencias tras una inundación en enero de 2011. Desde ese entonces la causa permitió conocer las irregularidades estructurales que generaron la inundación y contaminación de las aguas. El juez insistió en continuar en búsqueda de soluciones, pues entendió que “si algo nos sale mal el río nos va a llevar puestos”.

En diez días se deberán informar al juez las nuevas actuaciones con el fin de contar con lo previsto frente a un recambio de gobierno provincial y municipal. En ambos hay una suerte de continuidad: el actual intendente, Gustavo Sáenz, será el gobernador. La elegida por su frente, Bettina Romero, será la próxima intendenta.

El caso que más llamó la atención en estos límites de competencia es el de los asentamientos. Existe una propiedad que se erigió sobre la línea de ribera del río que aún no fue desalojada. Ya hubo conflictos entre vecinos a raíz de este asentamiento. Si bien la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia reconoce que esa es su jurisdicción, sostuvo que el otro asentamiento que está fuera de la línea de ribera y de la línea de inundación es un problema de la Municipalidad. Ninguna de las dos situaciones está resuelta.

Incumplimientos

Los representantes legales de los vecinos, los abogados Pedro Arancibia y Julio Chávez, señalaron los incumplimientos. Entre ellos, la falta de obras para la ampliación de la planta depuradora sur que permitiría conectar a más vecinos a la red cloacal. Esto evitaría que se vuelque el crudo de las cloacas al río y lo contamine. La empresa Néstor Marozzi, una de las demandadas, no retiró el terraplén que hizo sobre el lecho del río. El agua no tiene salida natural y al volver sobre su cauce ya recargado termina inundando a los barrios. Los carteles de prevención para evitar el ingreso al río por una cuestión de salud ya no están. Ante todo ello solicitaron plantear un cronograma de objetivos para que cada una de las partes indique en qué fecha concretará sus acciones para sanear las aguas, y las acciones para evitar las inundaciones.

Chávez no descartó buscar la vía de la Justicia Federal. Ello porque la cuenca hídrica que alberga al Arenales es interjurisdiccional. A su entender, y por los informes, la contaminación del río llega a las aguas del dique Cabra Corral y por lo tanto se reparte en toda la cuenca que involucra a aguas de otras provincias. Esto lo podría hacer pasible de ser analizado en la Justicia Federal.

Contaminación

En su exposición, Gato confirmó que la contaminación está en las aguas del Arenales con altos niveles de nitritos. Esta sustancia altera la existencia de oxígeno en las aguas y puede atentar contra la vida acuática. La especialista entendió que la causa principal es el desagote de cloacas sobre las aguas del río. Afirmó que en el último análisis de febrero no se detectaron niveles de metales pesados por encima de lo establecido en las normas, pero entendió que para conclusiones más efectivas se debería hacer un estudio en el sedimento del cauce que detecte los metales que lleva naturalmente. Esto permitiría comparar los niveles.

“La contaminación del río se origina a la altura del barrio Santa Lucía”, dijo por su parte el jefe de Programa de Monitoreo Hídrico, Omar Zapata. Reconoció que la contaminación se vuelve crítica frente al vertedero San Javier ubicado justamente frente a la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales. 

Zapata afirmó que de todos modos el río se va saneando de forma natural al continuar con su recorrido por correr por zonas de montaña. 

“Lo debería haber hecho la Municipalidad”

El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Oscar Dean, explicó que en realidad la obra que ahora licitó el gobierno provincial para encauzar el río y sacar sedimentos debería haberlo hecho la Municipalidad de Salta. “Pero ante los tiempos decidimos hacerla nosotros”, sostuvo el funcionario. Se refirió así a la obra de encauzamiento por la cual se presupuestaron 7 millones de pesos y que, según afirmó, ya fue adjudicada a una empresa. Los plazos de la obra son de 60 días, el funcionario indicó que si todo el proceso continúa como debe, la próxima semana se deberían iniciar los trabajos.

El objetivo es extraer sedimento para bajar el cauce del río y que las aguas también bajen cuando las lluvias sean muy fuertes y constantes.

Llamó la atención que las obras puedan en algún momento realizar acciones que deben estar en manos de Marozzi, la empresa que levantó los terraplenes sobre el cauce del Arenales.

Cuando llegue el calor

Frente a los cuestionamientos por la falta de cartelería, una acción a cargo de la Municipalidad, el secretario de Ambiente de la Municipalidad, Gastón Galíndez, afirmó que se repondrán cuando haga “más calor”.

Basó su explicación en que es cuando la gente se acerca al río para recreación y los niños se meten al agua. Afirmó que la Municipalidad colocó más de 100 carteles por toda la ribera para avisar de los peligros de bañarse en las aguas. Pero la totalidad “fueron vandalizados”.