El oficialismo volvió a hacer valer la mayoría propia en la Legislatura para aprobar por 35 votos afirmativos a 23 negativos una nueva modificación del código contravencional. La oposición e incluso el bloque aliado Evolución votó en contra del proyecto advirtiendo que varios de los artículos van a contra mano de la Constitución porteña, permitiendo tratar como delitos penales, simples contravenciones, y vulnerando el derecho a la defensa. Detenciones preventivas por 48 horas, versión policial como "prueba suficiente" y la no obligatoriedad de una revisación médica para detectar apremios ilegales, son algunos de los puntos aprobados.  

Mientras afuera de la Legislatura agrupaciones de vendedores ambulantes, artesanos, artistas callejeros y trabajadores de la economía popular rechazaban el proyecto, dentro del recinto aliados como la Coalición Cívica también evitó quedar amañada al proyecto, por lo que respaldó en la votación general, pero tomó distancia en la votación en particular de los artículos, que dan mayor poder a la Policía y endurecen la persecución en el espacio público .

El legislador Leandro Halperín (Evolución) levantó la voz para marcar las diferencias que el proyecto  --autoría del presidente del bloque Vamos Juntos, Daniel Presti-- generó entre los propios aliados al gobierno de Horacio Roodríguez Larreta. 

"Una vez más el poder Ejecutivo avanza y atropella", sintetizó el abogado constitucionalista respecto del tratamiento de la norma a la que calificó como una "restricción de derechos para los más débiles" y apuntó que se busca resolver conflictos sociales "con la utilización del derecho penal", que le corresponde legislar al Congreso Nacional. 

Desde la oposición, el legislador Fernando Vilardo (AyL) aseguró que Larreta busca "ordenar el espacio público" como parte de "una política de ajuste que obliga a sectores de la población a ganarse la vida como sea", mientras que la legisladora Laura Marrone (FIT) lo ejemplificó: "Estas leyes crean un código penal para perseguir contravenciones, así la señora que vende chipá en la esquina, ¡fijensé qué delitos!, puede ser detenida". 

En varias de sus intervenciones, los legisladores de la oposición resaltaron que en la previa se había aprobado el Presupuesto 2020, que otorga el mayor incremento al Ministerio de Seguridad para el equipamiento de la Policía de la Ciudad. "Se piensa una Ciudad para el turismo y parece que no cae bien mostrar que hay desocupación y la gente se gana la vida como puede", rechazó la legisladora Myriam Bregman (FIT). 

Las referencias a la inconstitucionalidad de algunos artículos se reiteraron en la exposición de María Rosa Muiñoz. El artículo 13 de la Constitución porteña que prohíbe la privación de libertad a excepción de un delito en flagrancia fue uno de los más reiterados junto a otros artículos que alteran el derecho a la defensa. 

A pesar de los argumentos opositores y los reparos oficialistas, el presidente del bloque de Vamos Juntos se burló de sus colegas al tildarlos de "legisladores/jueces" que "declaran inconstitucionales normas que aún no son normas" y negó que se vean afectadas las garantías constitucionales. 

"Estaremos atentos. Ante el primer detenido iremos junto a la Defensoría General y los organismos de derechos humanos ha presentar las denuncias por las detenciones ilegales", aseguró Omar Guaraz, representante de Vendedores Libres.