Se trata de Silvina González Napolitano

La causa peajes sumó la declaración de una testigo

La investigación apunta a determinar las condiciones en que el Gobierno de Macri decidió reconocerle a Ausol, cuya accionista era el Grupo Socma, la suma de 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas.
Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, sorpresivamente dejó su cargo luego de haber defendido los intereses argentinos ante el CIADI.Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, sorpresivamente dejó su cargo luego de haber defendido los intereses argentinos ante el CIADI.Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, sorpresivamente dejó su cargo luego de haber defendido los intereses argentinos ante el CIADI.Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, sorpresivamente dejó su cargo luego de haber defendido los intereses argentinos ante el CIADI.Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, sorpresivamente dejó su cargo luego de haber defendido los intereses argentinos ante el CIADI.
Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, sorpresivamente dejó su cargo luego de haber defendido los intereses argentinos ante el CIADI. 

Declaró una nueva testigo en la causa por el negociado de los peajes. Se trata de Silvina González Napolitano, la abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que Abertis, la controlante de las concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos atrasos tarifarios. La mecánica que benefició ampliamente a las empresas no habría tenido lugar sin la estrategia deliberada de copar con ex Ceos la Dirección Nacional de Vialidad. Al declarar en otra causa, a cargo de Asuntos Jurídicos del organismo durante el macrismo, Ricardo Stoddart, mostró como un logro dicho copamiento.

El objetivo de esta nueva testimonial fue profundizar uno de los ejes de la investigación, que apunta a determinar las condiciones en que el Gobierno de Mauricio Macri decidió reconocerle a Ausol, cuya accionista era el Grupo Socma, la suma de 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas. La principal hipótesis es que esa demanda fue una gran puesta en escena para habilitar la renegociación del contrato por diez años más, sin licitación, incluyendo el reconocimiento de esa suma de dinero. La moneda de cambio era el levantamiento de la denuncia contra la Argentina. Sin embargo, la Justicia cree que todo estaba acordado entre los empresarios y los funcionarios macristas, muchos de ellos ex empleados o asesores de las concesionarias beneficiadas.

Abertis se había presentado ante el árbitro dependiente del Banco Mundial con un reclamo de mil cien millones de dólares. Sin embargo, en tiempo récord y sin una sola audiencia, el entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich anunció como un gran triunfo que la firma retiraba la denuncia. A cambio, el Estado le reconocía los 500 millones. Una cifra menor a la reclamada pero igualmente sideral y sin justificativo alguno.

Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, sorpresivamente dejó su cargo luego de haber defendido los intereses argentinos ante el CIADI, junto al entonces jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín, quien corrió con la misma suerte. Tras dictaminar en contra del reclamo empresarial, ambos debieron dar un paso al costado.

Ante el juez Canicoba Corral, la mujer detalló cómo fueron aquellas negociaciones y cuál fue su rol en el trámite.

El copamiento de Vialidad

Esta semana, el ex Director de Jurídicos de Vialidad del Gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Stoddart, señalado por el negociado de los peajes, declaró como testigo en el juicio contra Cristina Kirchner, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Junto al ex Administrador del organismo, Javier Iguacel, redactó la denuncia contra la actual Vicepresidenta, en abril de 2016.

En su declaración, Stoddart reconoció de alguna manera el copamiento de Vialidad Nacional, denunciado por los trabajadores. Ante los jueces, se mostró orgulloso al afirmar que armaron nuevos equipos de trabajo: “creamos un equipo de contadores, ingenieros y abogados. Nosotros le fuimos dando forma a una gerencia de compras y contrataciones, que iban a llevar las distintas licitaciones y contratos”, dijo. De esta manera admitió que los empleados de carrera de Vialidad -un ente autárquico- fueron desplazados, mientras que la planta fue ampliada con nuevos gerentes. Como reveló en su momento Página/12, más de una decena de las nuevas incorporaciones eran ex directivos o asesores de las empresas de la familia Macri.

Cuando la fiscalía le pidió que detalle algunos de los nombres y Stoddart mencionó a Alejandro Mon, Ricardo Catoni, Jorge del Pup y Roger Emmanuel Botto. Este último, por ejemplo, fue gerente del Grupo Abertis (la controlante de Ausol y GCO). También fue director suplente de Ausol. En Vialidad fue designado como “gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras”, cargo que no existía. Era el responsable de hacer los llamados a licitación y adjudicación de los contratos de Vialidad. En el caso de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la llamada “renegociación integral” de los contratos que casualmente no se hicieron. Es decir, se evadieron los procesos licitatorios.

Lo que obvió Stoddart al hablar bajo juramento, es que él mismo fue socio de Marval, O´Farrel & Mayral, el estudio que representó jurídicamente a Autopistas Del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste, hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando pasó al otro lado del mostrador.

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