La secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus

Violencia policial en Salta: Pietragalla pide intervención urgente de la Justicia 

Los funcionarios nacionales denunciaron un "modus operandi" de la policía provincial. Piden que se declare inconstitucional un decreto provincial que da facultades adicionales a las fuerzas de seguridad en contexto de aislamiento. 
Imagen: Gentileza El Tribuno

"Vas a quedar detenida, negra boliviana de mierda" y "esta es mi comisaría y hago lo que quiero", son algunas de las frases que se citan en las denuncias por abusos de la policía de Salta. La misma que hizo perder un ojo a una niña de seis años, hirió con quince balazos de goma el rostro de una mujer trans, colocó una bolsa en la cabeza de un detenido y reprimió un merendero lastimando a mayores y embarazadas. Para que no se vuelvan costumbre de tanto que se repiten, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus colectivo y preventivo por casos de violencia institucional en Salta. La solicitud fue impulsada como consecuencia de las numerosas denuncias recibidas por la secretaría desde el comienzo del aislamiento obligatorio. La acción fue presentada ante el poder judicial provincial por el secretario Horacio Pietragalla Corti, conjuntamente con Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de esa dependencia. En caso de que sea acogida por la justicia, implicará protección a favor de todos los ciudadanos y ciudadanas salteñas por los graves hechos de violencia policial que suceden en territorio de la provincia que gobierna Gustavo Sáenz.

Entre las numerosas denuncias recibidas por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y la Delegación de la Secretaría en la provincia, se cuentan casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el decreto provincial 255/2020, que creó un nuevo régimen sancionatorio en la provincia que recibió fuertes críticas por implicar un avance represivo. La secretaría que conduce Horacio Pietragalla consideró que esa norma "se alejan de los fines buscados por el decreto 297/2020, cuya finalidad consiste en evitar la propagación de la covid-19, propiciando el menor contacto posible entre personas". Ese decreto, que ya se convirtió en ley, estableció un “régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” y le da atribuciones de fiscal y juez de garantía a la jefa de Policía Norma Morales.

En el texto del pedido de habeas corpus, los funcionarios advierten que los hechos descriptos no parecen ser aislados, sino que dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la policía provincial y de la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud, lo que motiva esta presentación en razón del artículo 3° inciso 1° de la Ley 23.098”, referido a la libertad ambulatoria.

La secretaría solicita la urgente intervención judicial para que se declare la inconstitucionalidad de este decreto provincial y se ordene al Gobierno de la provincia de Salta a adecuarse a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia, absteniéndose de dictar resoluciones que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos. La solicitud está fundada en las atribuciones de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación para llevar adelante "todas las acciones necesarias a los fines de proteger los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, y de esta forma evitar sanciones internacionales por incumplimientos del derecho internacional de los derechos humanos".

Integrantes de H.I.J.O.S. y de la Asociación Pensamiento Penal Capítulo Salta mantuvieron una teleconferencia con Pietragalla, donde expusieron sus reclamos frente a la creciente violencia policial en la provincia, habilitadas aún más por el criticado decreto de necesidad y urgencia.

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, informó en Diputados que el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, había sido apartado de este cargo y que se le iniciaba un sumario administrativo porque una auditoría reveló que hubo una práctica habitual de no investigar las denuncias contra miembros de la fuerza de seguridad provincial: de 2.065 causas recibidas en 2019 y el primer trimestre de 2020, sólo tramitó 97. Durante el encuentro Canela Alvarez, de H.I.J.O.S., señaló también que el gobierno de Gustavo Sáenz no puso todavía a funcionar al Comité contra la Tortura.

El 15 de mayo referentes indígenas denunciaron un violento desalojo en Tartagal , con represión en el que fueron heridas niñas y embarazadas, así como un periodista. La secretaría hizo en su presentación una detallada enumeración de algunos casos más --varios publicados por PáginaI12-- entre ellos uno ocurrido el mismo día cuando Gabriela Mercado, junto a otra compañera trans, salió a comprar por la zona de su casa, cuando se le cruzaron dos policías motorizados. Se resistieron a que se las llevasen detenidas y comenzaron a correr. La policía les disparó con balas de goma. Gabriela logró volver a su casa con más de quince impactos de balas.

Más casos denunciados

* 29 de marzo. Andrea Analía del Valle Ruiz, Elías Alexander Castro, Jesús Ismael Ruiz, Delia del Carmen Fernández, Mabel Azucena Fernández y Rodrigo García estaban en el comedor-merendero “Carita Feliz” repartiendo la merienda a niños y niñas, cuando llegaron diez agentes de la policía provincial en cinco motos, sin identificarse y sin ningún diálogo previo, profiriendo insultos y agresiones verbales. En ese momento uno de los policías sacaóun rebenque o un elemento de similares características, con el cual empezó a golpear a uno de los presentes. Mientras eso sucedía, una de las mujeres presentes empezó a sufrir convulsiones y se descompensó.

* 4 de abril. Una niña de seis años sufrió un disparo de bala de goma en un ojo durante un procedimiento. Los efectivos policiales estaban dispersando con balazos a un grupo de personas que tomaba alcohol y violaba la cuarentena.

* 5 de abril. En el Barrio Bancario, al observar a tres chicos reunidos en la puerta de un edificio, siete policías de la provincia ingresaron al inmueble por supuesta violación del ASPO, comenzaron a disparar y golpearon a una señora mayor que cayó al suelo. Los balazos policiales comenzaron afuera del edificio y continuaron en el interior, mientras los vecinos les advertían que había niños durmiendo.

* 19 de marzo. En el barrio Ciudad del Milagro, un joven se encontraba acompañando a su madre en la cola del banco, y, al ver que no se estaban respetando las medidas de distanciamiento social en la fila para adultos mayores, comunicó esta situación a los efectivos policiales que se encontraban cerca. Los policías desoyeron el reclamo diciendo que ellos “no son niñeros de nadie”. Posteriormente llegó un patrullero con tres agentes policiales, ante quienes el joven insistió en su reclamo. En ese momento se bajó del patrullero el comisario y le dijo: “no sabés con quién te estás metiendo”. Todo terminó en una acusación de violación de la cuarentena, el traslado del joven a la Comisaría Sexta y la amenaza e intimidación del comisario: “Esta es mi comisaría y hago lo que quiero, así que calladito”.

* 9 de abril. Una joven salía de trabajar con su familia y se dirigía hacia su domicilio en parque La Vega, cuando la detuvieron efectivos policiales para hacer el correspondiente control policial. Ante la solicitud del permiso de circulación, ella muestra en el celular en formato PDF el permiso. Sin embargo, el policía le deniega la posibilidad de seguir circulando y, mediante insultos le exige que detenga el vehículo al costado del camino y hace bajar a la joven y a su familia. Mediante amenazas e insultos tales como “vas a quedar detenida también negra de mierda", detuvieron a la joven y a su hija de 14 años. Las trasladaron en diferentes móviles policiales, a la joven, esposada. Luego de tenerlas detenidas unas horas en la comisaría, ambas fueron llevadas a la Alcaldía. Recién a la medianoche las dejaron en libertad. Durante el transcurso de ese día, el padre de la joven fue a la comisaría donde estaban detenidas y no le quisieron brindar ninguna información respecto el paradero de su hija y nieta.

* 14 de abril. Daniela Ruiz iba en su moto a la empresa de energía eléctrica a pagar la factura. Fue interceptada por tres policías que le pidieron el permiso de circulación. La joven les exhibió la factura pensando que era la acreditación necesaria para realizar el trámite. En ese instante le dijeron que se baje y que iban a secuestrar su moto. Una de las agentes le agarró la llave que estaba puesta y las demás la bajaron de la moto, agarrándola de los pelos y tomándola del cuello. Luego la subieron al móvil policial, donde le propinaron golpes en la cara y cuerpo e insultos. En la comisaría le hicieron firmar una cédula de notificación que decía que debe "abstenerse de realizar publicaciones por los medios de comunicación en contra de la institución policial”.

* 26 de abril. Silvana Lorena Gutiérrez fue a la casa de un amigo y de repente apareció la policía alegando que la moto de su amigo, que estaba estacionada en la puerta de la vivienda, era robada. Cuando salieron para mostrarles los papeles del vehículo, a ella la empujaron hacia la vereda y a su amigo le pegaron en la boca. A Gutiérrez la agarraron del cabello y la subieron a una camioneta de infantería, a la parte de atrás. En la camioneta, la agarraron nuevamente del cabello, la pusieron contra el piso, la golpearon, la presionaron y la dejaron sin respiración.

* 17 de mayo. José Adrián Mercado se encontraba con sus hijos pequeños en su casa, cuando un policía bajó de un móvil y sin dar ninguna explicación le pegó una patada al portón de ingreso de la humilde vivienda, destruyéndolo e ingresando a la casa sin orden de allanamiento. Entre dos lo sacaron de adentro de su casa a la calle. El hijo de 6 años, mirando todo lo que pasaba, comenzó a llorar. Luego de un forcejeo, el hombre logró volver a la casa, cuatro policías reingresaron a la vivienda y lo sacaron otra vez hasta la vereda, arrastrándolo media calle por el piso, golpeándolo. En total había 5 policías, 2 en la moto y 3 en el móvil. En ese trayecto, uno de los efectivos efectuó un disparo, a corta distancia, que impactó en la cara de Mercado, produciéndole la pérdida del ojo, generándole un daño irreversible, en tanto perdió la vista. Todo con la supuesta excusa de que los niños se encontraban jugando en la vereda.

* 7 de junio. Micaela Yanet García fue detenida en la puerta de su domicilio , en Barrio Puerto Argentina, por carecer de tapaboca. Al intentar detenerla, se desató una violencia policial desmedida mediante forcejeos, golpes, insultos y amenazas y la terminaron llevando desde el interior de su casa. García estuvo detenida hasta el día viernes 12 de junio y la policía adujo que los golpes que tenía en el rostro habían sido autos infringidos.

* 24 de mayo. Pablo Agustín Arroyo estaba volviendo a su casa cuando lo interceptó un móvil policial y lo acusaron de violar el ASPO. Según relató, fue golpeado por la policía, lo subieron al móvil policial, le sacaron una foto y lo pasearon torturándolo camino al hospital. Al llegar al hospital totalmente desfigurado, el médico le preguntó si los golpes eran recientes, a lo que él no respondió por temor, ya que había policías presentes. Lo volvieron a subir al móvil para trasladarlo a la comisaria 31.

* 6 de abril. Policías ingresaron violentamente a la vivienda de Pablo Javier Ramis mientras él, su esposa, su hermano y su hija dormían. Cuando se levantó, encontró a personal de la policía golpeando a un vecino en el comedor de su vivienda. Cuando el policía advirtió su presencia, sacó su arma apuntándolo y gritándoles “quédense quietos o los quemo”. Los esposaron a ambos arrodillándolos y los empezaron a golpear con la cachiporra por la espalda. Lo subieron al patrullero y un policía empezó a pegarle golpes de puños en el estómago y con la punta de la cachiporra.

* 27 de abril Eladio Víctor Placencia, de 72 años, iba en moto con su nieta cuando pasó cerca de un operativo de control en el marco del ASPO. Un policía lo persiguió, le pegó con una cachiporra en el brazo y lo hizo caer. El golpe le dañó el codo, por lo que estuvo con yeso y con fisioterapia.

* 9 de mayo Ricardo Emanuel Saldaño iba circulando en moto , cuando comenzó a seguirlo una patrulla policial. Sintió un golpe en el codo derecho producido por una cachiporra y luego continuaron con las agresiones en diferentes partes del cuerpo. Uno de los golpes que recibió fue en la frente, lo que le provocó un corte severo, perdiendo la consciencia y provocando que perdiera la estabilidad del vehículo, cayendo pesadamente al suelo junto a su primo, mientras los policías se dieron a fuga. Dos días después de haber denunciado el hecho, se presentó la policía rural en su domicilio, lo detuvieron y le propiciaron una golpiza para subirlo al patrullero. Cuando la familia acudió a la comisaría a preguntar por Saldaño, terminaron la madre y dos hermanas detenidas por violación del ASPO.

* 31 de mayo. Moisés y Pedro Albornoz salieron a comprar un sándwich a una cuadra de su casa. Se produjo una pelea callejera y acudió la policía con tres móviles. Los policías bajaron con sus armas y empezaron a golpearlos con palos y disparando, hiriendo a Moisés y echándole gas pimienta a Pedro para detenerlos y subirlos al móvil. Al escuchar los disparos, Brian Albornoz, de 16, salió de la casa y se lo llevaron a él también detenido sin ningún motivo. Según la denuncia, durante la detención fueron brutalmente golpeados. A Moisés le habrían puesto una bolsa en la cabeza y subieron sobre su cuerpo saltando y golpeándolo hasta quitarle el conocimiento. A Brian lo habrían golpeado brutalmente en el cuerpo y oído dejándolo sin poder escuchar. El menor de los hermanos aún sigue detenido.

* 2 de mayo. Julio Padilla estaba en la puerta de su casa conversando con un compañero cuando se detuvo un patrullero para pedirle los papeles. Al dárselos, se bajó el barbijo para hablar y los policías se abalanzaron sobre él, lo esposaron, le quitaron a su hijo de 3 años que tenía alzado, le tiraron gas pimienta y lo entraron a patear en el piso delante de sus tres hijos y su mujer. Luego, lo cargaron al móvil y le siguieron pegando y amenazando. Le patearon los testículos, le pisaron la cabeza con los dos pies y le pegaron en el estómago. Lo tuvieron girando durante más de 30 minutos, pese a que estaba a 5 minutos de la comisaría.


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