Una vez más, la Justicia prorrogó el desalojo de la toma de Guernica, la más grande y emblemática de la provincia de Buenos Aires. Según la resolución podría efectuarse entre el 15 y el 30 de octubre. El juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, aceptó el pedido de prórroga que llevaron a una audiencia virtual el miércoles al mediodía tanto el gobierno provincial como la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas que defiende a las familias de la toma. El desalojo estaba previsto para la mañana del jueves, y en el predio se preparaban para una vigilia y para ponerle el cuerpo a la resistencia.
"Es un logro, una victoria. Estábamos con mucho miedo, preparándonos para lo peor", expresó al conocer la noticia Victoria, una de las delegadas de la toma, en una ronda que festejaba en el predio, cantando: "Tierra para vivir". Yamila, otra delegada, remarcó: "Esperamos que haya una respuesta real. Poder tener un pedazo de tierra para vivir. Un acceso justo a la tierra; una vivienda propia. Es una necesidad de toda la Argentina".
La audiencia
Los abogados pidieron 90 días de prórroga. En tanto, el gobierno provincial solicitó al juez Rizzo que el operativo pasara al miércoles 14 de octubre. La audiencia había sido pedida por el gobierno provincial para informar respecto de los avances del plan de contingencia aprobado por el juzgado, de acuerdo a un comunicado oficial.
La comisión interministerial que pidió la prórroga está conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos; y Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. También participaron de la audiencia el defensor del pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, organismos de Derechos Humanos, el fiscal Juan Condomí Alcorta y algunos de los que dicen ser propietarios del predio, entre otrxs.
El pedido del gobierno bonaerense se fundamentó en el "importante nivel de adhesión" a la propuesta de "desocupación voluntaria" en las últimas 48 horas, señala el comunicado, que también destaca el lanzamiento del Plan de Suelo, Vivienda y Hábitat por parte del gobernador Axel Kicillof. La resolución detalla que 208 familias dejaron el predio de 100 hectáreas y que ese número podía incrementarse a 300 a lo largo del día; que hubo intervención para 35 de las 54 víctimas de violencia de género y cinco de las 30 familias en situación de calle. "El plan de contingencia viene arrojando resultados positivos en relación no sólo al abandono voluntario sino a su vez de las necesidades de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad", plantea la resolución.
Tanto la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, como el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, indicaron que muchas familias firmaron un acta según la cual se comprometían a dejar el lugar a cambio de recibir una respuesta a su problema habitacional. Este fue planteado desde el gobierno como el estadío siguiente al censo que se desarrolló en el lugar. Pero por su parte, delegados y delegadas de la toma y las organizaciones que acompañan la lucha manifestaron su malestar ante el accionar del gobierno provincial, en una conferencia de prensa que brindaron mientras esperaban los resultados de la audiencia, en el Obelisco. El desalojo era inminente y se preparaban para una caravana, un abrazo simbólico, una vigilia, cortes, movilizaciones y la resistencia.
La conferencia
En la conferencia, el mensaje más enfático tuvo que ver con alertar sobre la represión que podría desatarse de concretarse el desalojo. Antecedente de ello es lo que tuvo que vivir Jenifer Lizarraga, de 19 años, en el violento desalojo de Ciudad Evita. La joven recibió disparos de escopeta. Le quedó un perdigón en el ojo y marcas de más de 40 en el cuerpo. Asistió a la conferencia con un parche en el ojo.
Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, advirtió que los funcionarios, además de estar diciendo "barbaridades", estaban "liberando a las fuerzas de seguridad para actuar". "El fin de semana hubo un hecho gravísimo: se baleó a un militante social y político que estaba pegando afiches en Presidente Perón", recordó. Se refería al episodio de gatillo fácil del sábado a la medianoche en el que cuatro efectivos de la Bonaerense abrieron fuego contra un auto en el que viajaban tres militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y la Corriente Nuestra Patria. Leandro Matías Sánchez, de 21 años, resultó herido de gravedad.
"Hacemos responsables al gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro (de Seguridad, Sergio) Berni si continúan teniendo la actitud que ellos y sus funcionarios están teniendo. Sus declaraciones habilitan a una fuerza de seguridad tan cuestionada como la Bonaerense a que haga cualquier cosa", concluyó Saravia. Cuestionó el "discurso agresivo" en torno a "quienes viven en un asentamiento porque no tienen dónde vivir". "Van a tener que asumir la responsabilidad" de la represión, advirtió la dirigente. Este fin de semana, Andrés Larroque había denunciado que organizaciones de izquierda impidieron que su cartera ingresara al predio para entregar mercadería, y las había cuestionado como "un sector que está obturando el proceso para encontrar una salida pacífica".
Fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad informaron a este diario que la intención del gobierno provincial viene siendo la búsqueda de una "solución caso por caso" para quienes habitan la toma -"albergues para los que están en situación de calle, refugios para mujeres que han escapado de la violencia, materiales para los que viven hacinados y pueden ampliar su hogar"-. En un principio se hablaba de la relocalización de las familias en tierras fiscales, pero es algo que llegaría en el largo plazo, en sintonía con los anuncios del gobernador. En la conferencia, distintas voces remarcaron que no hay "una respuesta habitacional". También volvieron a decir que hubo sobornos para que el predio quedara despejado, tanto de dinero como de mercadería, hecho que las autoridades desmintieron días atrás.
Tomó la palabra Noelia Núñez, mamá de Jenifer, quien recordó que el desalojo en Ciudad Evita se produjo sin orden judicial. La Policía llegó "violentamente", sin mediar palabras, disparando "a mansalva" sobre más de 200 familias, describió. "Mi hija tiene un ojo dañado. Le quedó un perdigón de acero alojado entre su cerebro y el nervio óptico. No ve nada. El pronóstico es bastante feo. Tiene mucha sangre en el ojo. Recibió 45 impactos en su cuerpo. Todavía tiene perdigones que no le han sacado. La Policía destrozó casas, golpeó, actuó impunemente, no hubo forma de dialogar", relató Noelia. Había representantes de un asentamiento de Solano, donde resisten 90 familias. Hubo luego una caravana hasta el predio. A las 18 estaba previsto un abrazo simbólico, después una vigilia hasta el amanecer. Y para la mañana, cortes y movilizaciones si el juez no daba marcha atrás con el operativo.
Propuesta de urbanización
El abogado de la Gremial Eduardo Soares contó a Página/12 que la audiencia fue "áspera", sobre todo porque el fiscal pedía el desalojo inmediato. Quienes se fueron de la toma, detalló, aceptaron que les pagaran un alquiler por un tiempo determinado, meses en algunos casos. En esta nueva ventana que se abre, desde su lectura, el gobierno provincial especula con que más familias "agarren viaje". "Van a operar para debilitar la toma, para que quede menos gente, lo que facilitaría un lanzamiento", dijo. En la conferencia les oradores destacaron la propuesta elaborada junto a un grupo de geógrafos y arquitectos para urbanizar parte del predio, en el marco de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Soares informó que las autoridades provinciales están analizándola, y que también le fue enviada al juez Rizzo.
