El exsecretario de Seguridad Interior Enrique Mathov y otros siete condenados por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, consiguieron una ventana para ir a la Corte Suprema de Justicia y así seguir postergando que quede firme la sentencia que el Tribunal Oral Federal 6 dictó en 2016. La decisión de la Cámara de Casación Federal de concederles un recurso fue criticada fuertemente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que sostuvo que es un nuevo obstáculo en la sanción de los responsables de la violencia estatal desatada hace 19 años.
En junio de este año, después de cuatro años de la sentencia del TOF 6 por la represión en el centro de la Ciudad de Buenos Aires que dejó un saldo de cinco muertes y decenas de heridos y detenidos, la Sala I de Casación Federal confirmó la sentencia pero envió a revisar los montos de las penas que habían recibido Mathov, el exjefe de la Policía Federal Argentina (PFA) Rubén Santos y el excomisario mayor Norberto Gaudiero. Mathov fue condenado a cuatro años y nueve meses; Santos a cuatro años y Gaudiero --que estaba a cargo de la Dirección General de Operaciones-- a tres años y medio.
La revisión de la sentencia se hizo después de una presentación del CELS, que pidió que se habilitara la feria en medio de la pandemia y remarcó la demora que tenía la causa en Casación Federal. Después de que el máximo tribunal penal se abocara al análisis del fallo del TOF 6, Mathov y otros siete de los condenados presentaron un recurso para llevar el tema a la Corte Suprema, que tuvo acogida favorable entre dos de los jueces de la Sala I de Casación, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña. El tercer integrante, Daniel Petrone, se pronunció en contra de admitir el recurso de los condenados. Los exfuncionarios y los policías sostuvieron que estaban ante una sentencia arbitraria y que el proceso viola los plazos razonables.
Los otros favorecidos por la decisión de la Casación fueron Raúl Andreozzi, exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, y los policías Carlos José López, Roberto Emilio Juárez, Víctor Manuel Belloni y el subcomisario Omar Bellante.
“Se trata de un nuevo obstáculo para que una parte de la investigación de lo ocurrido hace 19 años tenga sentencia firme. Los infinitos vericuetos judiciales que transitó este caso no son producto de la casualidad”, sostuvieron desde el CELS y pidieron a la Corte que resuelva el planteo en el menor tiempo posible, algo que se sabe es incierto porque son los propios supremos quienes marcan los plazos de acuerdo muchas veces con los vientos políticos que soplan.
En mayo de 2015, la Corte terminó confirmando el sobreseimiento del expresidente De la Rúa por la represión de diciembre de 2001. Después de la desestimación de esos recursos y ante la reticencia de la Justicia argentina a investigar en tiempo y forma la violencia estatal que marcó el fin del mandato de la Alianza, el CELS llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la víspera del 19° aniversario de la represión de diciembre de 2001, el fiscal federal Franco Picardi reclamó que por fin se lleve a juicio a tres de los policías acusados de reprimir a las Madres de Plaza de Mayo que, encabezadas por Hebe de Bonafini, estaban aquel jueves 20 alrededor de las 11.30 en la Plaza. “Pese al espíritu de la protesta pacifista que las caracteriza, fueron brutalmente golpeadas y maltratadas”, señaló el fiscal.
Picardi le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que subroga en el juzgado que dejó vacante Claudio Bonadio, que mande a juicio a Ernesto Weber, a Fernando Villegas y Luis Rodríguez, que integraban la Policía Montada que arremetió contra las Madres y otros militantes. Weber, hijo de Ernesto Simón o “220” como lo conocían en la Escuela de Mecánica de la Armada, oficiaba como jefe de la fuerza 2 del Cuerpo de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, estaba a cargo de la dirección del personal de la Policía Montada y fungía como nexo entre la Plaza de Mayo y la Dirección General de Operaciones (DGO).
Este tramo de la causa muestra con elocuencia las demoras para investigar, juzgar y sancionar. En diciembre del año pasado, Bonadio había sobreseído a los policías, porque decía que la causa regía la prescripción. Picardi --que trabajó con la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para identificar a los uniformados-- apeló y logró dar vuelta el fallo de Bonadio en la Cámara Federal. En agosto, Martínez de Giorgi procesó a Weber, Villegas y Rodríguez y a otros dos policías.
