La asamblea de asociados de SanCor podría decidir hoy la aplicación de un plan de ajuste sobre su plantel de trabajadores para cobrar el segundo tramo del paquete de ayuda financiera que ofrece el Gobierno y posicionar mejor a la empresa para una posible venta o ingreso de un socio. La cooperativa pagó parte de los sueldos adeudados y de los pasivos con los tamberos pero la producción continúa prácticamente frenada. Hay buenas perspectivas de venta de la planta de Centeno, pero en otros casos no se ve otra salida que el cierre, con el consiguiente impacto negativo en la vida económica y social de pueblos santafesinos y cordobeses. Desde el gremio advierten que el Gobierno está “extorsionando” para que profundice el ajuste y hacen responsable de la crisis a la dirección gerencial de la empresa.

La situación es SanCor es muy complicada desde hace tiempo. Las plantas de Centeno, Brinkmann, Moldes y Coronel Charlone dejaron de trabajar hace meses y en otros establecimientos también se registran sensibles bajas de producción. Hay muchas razones que explican el deterioro económico de una de las empresas más importantes del país, que da vida laboral a decenas de pueblos en Santa Fe y Córdoba. La caída del precio internacional de la leche, las inundaciones, pésimas gestiones y la reducción del mercado local son algunos de los factores que condujeron a SanCor a esta situación.

A esta altura de la crisis de SanCor, queda en claro que la postura adoptada por el Gobierno nacional consiste en ir corriendo paulatinamente el arco para forzar una “reestructuración” que inevitablemente derivará en despidos y cierre de plantas “ineficientes”. La expectativa del Gobierno es que SanCor sea la nave insignia para que el proceso de flexibilización laboral alcance también al resto de las empresas del sector lácteo.

El año pasado, el Gobierno entregó a SanCor un crédito de 250 millones de pesos a través del Fondear que resultó a las claras insuficiente. A principios de mayo se empezó a agitar la bandera del paquete de ayuda de otros 450 millones de pesos. En principio, estaría asociado a que los trabajadores resignaran un 15 por ciento de su salario. Cuando el gremio Atilra estuvo de acuerdo, el propio presidente Mauricio Macri criticó el bono extraordinario que las empresas pagan por cada trabajador desde 2009, destinado al fondeo de la obra social gremial. Las firmas abonaban un porcentual del salario que superaba los 3500 pesos por trabajador. Luego de varias jornadas de negociaciones, se acordó reducir el aporte mensual a 750 pesos como monto fijo por empleado para las empresas de hasta 70 trabajadores y de 1500 pesos por mes para las firmas con más de 70 empleados. El monto fijo está destinado a licuarse al compás de la inflación y a medida que avancen las negociaciones paritarias. Pero además, el Gobierno logró que el gremio aceptara discutir puntos centrales del convenio colectivo como regímenes de licencia, accidentes y enfermedades, polifuncionalidad o multitareas y presentismo.

Se cerró el acuerdo por 450 millones de pesos pero el Gobierno sólo entregó 200 millones, que la empresa utilizó para pagar sueldos y cancelar pasivos con proveedores. “El Gobierno quiere que SanCor haga una reestructuración para darle los 250 millones restantes. Están exigiendo que echen gente”, explican desde Atilra. Durante la jornada de hoy tendrá lugar una asamblea extraordinaria de productores asociados a SanCor en donde podría decidirse la aplicación del plan de ajuste con consecuencias negativas en el empleo. Otro de los puntos que se pondrá en consideración es transformar la cooperativa en una sociedad anónima para facilitar el ingreso de un socio privado o incluso la venta. 

También estaría cerca el acuerdo para vender la planta de quesos de Centeno al grupo La Tarantela. La operación, de todos modos, no sería inmediata sino que tomaría varios meses. El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, dijo que “las negociaciones entre La Tarantela y SanCor están muy avanzadas. Ya intercambiaron borradores de acuerdos con sus cláusulas”. La otra alternativa es que sus 40 trabajadores formen una cooperativa. 

La situación es más complicada para las plantas de Moldes y Brinkmann (Córdoba). Todavía peor es el panorama para la planta de Coronel Charlone, cerca de la ciudad de Junín, que encima de los problemas económicos sufrió inundaciones. También el establecimiento ubicado en Chivilcoy está prácticamente cerrado y su futuro es incierto.