En una nueva sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, los ediles aprobaron por unanimidad un proyecto de ordenanza que crea el Código de Protección Acústica. El objetivo de la norma es prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica, para proteger a la población de ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, estableciendo multas que irían de $5 mil a $100 mil.  

La nueva normativa alcanza cualquier actividad, sea pública o privada, y, en general, prevé que se actuará ante cualquier emisor acústico que origine contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a la ciudadanía o el ambiente. Para su efectivo cumplimiento, el Ejecutivo municipal deberá asignar una partida presupuestaria. 

El autor del proyecto, José Gauffín (JxC+), sostuvo que la propuesta aprobada cuenta con una redacción "impecable", ya que contó con la colaboración del área legislativa del Concejo, además del aporte de personas y organizaciones que vienen trabajando sobre el tema. "Muchas veces hemos hablado de los ruidos molestos", dijo el concejal, y aseguró que con la ordenanza se "busca defender y cuidar la salud de los vecinos". 

Con la sanción de la norma, también se pretende establecer un cambio cultural dentro del municipio, ya que se insta a que se tome consciencia sobre la contaminación acústica. Ésta es identificada como la introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado interior o externo, generados por distintas actividades que produzcan alteraciones, molestias o que resulten perjudiciales para la salud y el descanso de las personas o que produzcan deterioros de los ecosistemas naturales de la ciudad. 

Esos "ruidos" son aquellos que están por arriba de los 75 decibeles, y que se dan de forma permanente. En ese sentido, el presidente del bloque de JxC+ cuestionó que socialmente se suponga que "si no es alto el volumen (en un evento), no sirve y no se disfruta. Creo que tenemos que entender que esto no es bueno para nuestra salud, no sólo fisiológica, sino también psicológica". 

Para ello, la autoridad de aplicación, que será designada por la Municipalidad de Salta, tendrá que elaborar un proyecto de reglamentación de la ordenanza, estableciendo un protocolo para la medición y cálculo de los valores de nivel de presión acústica, que después tendrá que ser aprobado por el Ejecutivo Municipal. También tendrá a cargo el control, inspección y vigilancia de las actividades reguladas en la ordenanza y será quien aplicará las sanciones. 

Para eso se labrará un acta de infracción y se establecerán las multas correspondientes a cada caso, que se graduarán teniendo en cuenta la valoración de distintas circunstancias agravantes como el riesgo de daño a la salud de las personas; la alteración social; el beneficio derivado de la actividad infractora; las circunstancias dolosas o culposas del causante de la infracción; las infracciones en zonas acústicamente saturadas; y la reiteración de dos o más infracciones leves de grado máximo en el período de un año.

En esa línea, el valor de las multas será establecido de acuerdo a la gravedad de la infracción o la magnitud de la degradación ambiental producida, previa aprobación del Concejo Deliberante. Pero hasta que ello sea establecido, las infracciones a cada artículo de la ordenanza serán penadas en forma acumulativa con montos equivalentes que van desde 150 UT (unidades tributarias), es decir, $5.044,5, hasta las 3 mil UT, que serían $100.890; y clausura, dependiendo de la magnitud de la infracción. 

La autoridad de aplicación contará con un plazo de 360 días para establecer un plan permanente en materia de ruidos y vibraciones, el que será revisado y actualizado en períodos no superiores a 4 años, a partir del establecimiento de los Estándares de Calidad Acústica (ECAs). 

El plan concretará las líneas de actuación, entre las que se destacan la creación de programas para la prevención, control y corrección de la contaminación acústica; el acceso a la información y concientización a la población; la elaboración de mapas de ruido y vibraciones como primera herramienta de diagnóstico; establecer un catálogo de actividades potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones; confeccionar procedimientos de revisión, y procurar mecanismos de financiamiento.

En ese sentido, Gauffín destacó que la elaboración del mapa de ruido permitirá hacer un relevamiento en la ciudad que ponga en evidencia los niveles de contaminación sonora que existen en la capital salteña. El mapa "nos va a dar el diagnóstico para saber cómo tenemos nuestra ciudad en materia de contaminación acústica", permitiendo además identificar cuáles son las áreas más afectadas, dijo. 

"Ojalá se cumpla y haya presupuesto", expresó el edil. Por su parte, el presidente de Unidos por Salta, José García, cuestionó que a lo largo de los años no se dio un debate para dictar una legislación clara sobre el asunto, por lo que afirmó que la nueva norma es una "herramienta muy importante", instando a que el Ejecutivo la promulgue rápidamente y la haga cumplir.