Este lunes se inició la audiencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que 12 militares del batallón La Popa admiten su responsabilidad por el asesinato de 127 civiles presentados como falsos positivos. Luego de la intervención de algunos familiares de las víctimas en la ciudad de Valledupar, al noreste de Colombia, el soldado Yeris Andrés Gómez Coronel confesó: "Era una persona sin corazón y un monstruo que fue entrenado en el batallón La Popa solo para matar". ​Gómez Coronel contó que el primer asesinato extrajudicial que cometió fue el de un excombatiente del ELN que había caído herido en combate, y que su superior lo recompensó dándole 100 mil pesos (23 dólares) y una caja de arroz frito para compartir con toda la tropa.

"Cometimos crímenes de lesa humanidad"

Mientras formó parte del batallón La Popa, el soldado Yeris Andrés Gómez Coronel participó en más de 20 hechos. Según la JEP, además de asesinar directamente a algunas de las víctimas, Gómez Coronel participó en operaciones conjuntas con paramilitares para cometer asesinatos, simuló combates y declaró falsedades ante las autoridades.

"Acepto mi responsabilidad como ejecutor material en asesinato en persona protegida, desaparición, encubridor de paramilitares, que tanto daño causé a las víctimas. En esta alianza entre paramilitares y miembros del batallón La Popa fueron asesinados fuera de combate civiles e indígenas inocentes, así como excombatientes", reconoció el soldado Gómez Coronel, quien posteriormente relató el primero de los hechos criminales de los que participó bajo el mando del teniente coronel José Pastor Ruiz.

Según contó, luego de un combate con el ELN, un guerrillero quedó herido y, en lugar de atender su salud, su superior le ordenó asesinarlo. Cuando llegaron a la unidad militar, su superior le dio 100 mil pesos colombianos y le compró arroz frito a sus compañeros. Coronel se dirigió a las víctimas presentes en la audiencia y aseguró: "Yo sé que no merezco su perdón, porque lo que cometimos en La Popa fueron asesinatos en persona protegida y crímenes de lesa humanidad".

El dolor de las víctimas

Previamente habían hablado algunas de las víctimas acreditadas en el proceso, como Rocío Escorcia, quien narró el asesinato de su hermano John Jader Escorcia. "¿Quién iba a creer que el Ejército iba a asesinar a un pelao?", cuestionó, al recordar que su hermano no era ningún criminal, sino que se lo llevaron con el engaño de recoger café y él acudió ya que necesitaba dinero para atender a su hijo recién nacido.

"Por culpa de ustedes, de su estructura criminal, me dañaron la vida", aseguró Escorcia, quien contó también que en la búsqueda incansable de su hermano se peleó con su familia, que no podía creer que el Ejército matara a inocentes. En esa misma búsqueda llegó a un sitio que le había indicado un paramilitar en 2007, en donde fue torturada y abusada sexualmente.

A continuación Franklin Navarro habló sobre el asesinato de su único hijo Carlos Mario, el 27 de febrero de 2004. "Carlos Mario no pertenecía a ningún grupo, él era un campesino como lo soy yo. Carlos Mario pertenecía a la etnia wiwa, mi hijo era una persona de buenos principios, un trabajador", señaló el hombre, quien agregó: "Carlos Mario era mi único hijo, a mi edad que tengo quedé sin nada por culpa de ellos".

Por su parte representantes de pueblos indígenas de la Sierra Nevada, en el caribe colombiano, aseguraron durante la audiencia que en su pueblo ocurrieron 50 ejecuciones extrajudiciales y no solo las tres que reconoce en el caso la JEP. 

Este lunes empezaron en Valledupar las audiencias de reconocimiento del segundo auto de acusación formulado por la JEP contra militares por los llamados falsos positivos. En este auto la JEP (nacida del acuerdo de paz para investigar y dar justicia por crímenes de lesa humanidad) imputa a dos coroneles y a 12 militares de otros rangos del batallón La Popa por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en el Caribe colombiano.

Pero ninguno de los dos altos mandos, los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, aceptaron los cargos, por lo que no estarán presentes en los dos días de audiencia que finalizan este martes. Si la JEP y las víctimas consideran que el reconocimiento del resto de los acusados es suficiente, estos podrán enfrentar penas restaurativas que no conlleven prisión, mientras que los dos coroneles que no han reconocido su participación se enfrentan ahora a un proceso acusatorio ante la JEP donde podrían enfrentar penas de 20 años de cárcel.