El que avisa no es traidor reza un clásico proverbio, que puede expresarse a la inversa o parafrasearse. Por ejemplo, los funcionarios que no notifican decisiones que privan de derechos a ciudadanos incumplen sus deberes. En un mes el macrismo transformó la bancarización de las prestaciones sociales (un avance patente del kirchnerismo) en un martirio para los administrados. Llegar al cajero automático y toparse con cero de saldo resultó una ordalía para beneficiarios de pensiones no contributivas semanas atrás. Personas vulnerables, en buena proporción de la tercera edad. Ahora les tocó a jóvenes, beneficiarios del programa Progresar.
Cuando la reacción social es firme, el Gobierno recula o anuncia que lo irá haciendo (no es lo mismo). En el medio quedan gentes de a pie víctimas de destrato y con incertidumbre acerca de si volverán a cobrar aquello que le corresponde. Y en su caso, cuándo. No hay errores sino una direccionalidad premeditada que (eventualmente) mitigan la correlación de fuerzas y la inminencia de las elecciones. Si el macrismo llega a ganarlas… agarrate Catalina. Y tantos otros.
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El turno de los jóvenes: Marianella Wortley vive en Salsipuedes. Desde hace tres años viaja a la capital provincial todos los días para cursar Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba. Es alumna regular y titular de derecho en el Progresar. Se sorprendió cuando a principios de junio quiso retirar la mensualidad de mayo: no había fondos. Averiguó que sucedía, luego pidió turno en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para reclamar: se lo concedieron para julio, cuando ya habrá dos cuotas vencidas. No sabe cómo hará para pagar los viáticos y otros gastos hasta entonces. Su “caso” fue narrado en “La Nueva Mañana de Córdoba”. La Facultad iniciará una denuncia.
Mentamos un ejemplo entre miles. Según sus propios portavoces, el Gobierno nacional suspendió 94.000 pagos de Progresar. La excusa es mendaz y auto inculpatoria: está corroborando que las personas beneficiarias cumplan con las contraprestaciones a su cargo. Dicho en castellano: se interrumpen los pagos a miles para ver si algunos están en falta.
El modus operandi del Gobierno del presidente Mauricio Macri, si se admite una pizca de humor negro, repite los criterios de Herodes quien asesinó a muchos bebés porque quería matar a uno.
El procedimiento contradice una premisa básica de las políticas sociales: es más grave equivocarse al excluir que al incluir.
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Para mejorar la AUH: Progresar se estableció en enero de 2014, casi simultáneamente con la devaluación resuelta durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las devaluaciones, en general, perjudican a los asalariados, esa también. Para compensarla, así fuera en parte, el kirchnerismo creó un nuevo programa de ingresos pensado para complementar a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta tutela a los menores de 18 años en situaciones previstas, reguladas, pasibles de ser acreditadas con datos objetivos de sencilla corroboración. Es un programa de ingresos casi universal, que reduce casi a nada el clientelismo o la discrecionalidad de los funcionarios.
La AUH la solicitan los jefes de hogar (las madres, mayoritariamente). Las chicas y chicos que llegan a la mayoría de edad y quieren avanzar en estudios de grado o de capacitación laboral pueden inscribirse en Progresar, cuya cobertura se extiende hasta que cumplen 25 años. Deben acreditar que estudian, asumen la condicionalidad de probarlo con certificados. La mensualidad actual es de novecientos pesos, de los que se retiene un 20 por ciento hasta tanto se acompañen los comprobantes exigidos.
Se protege a hogares de bajos recursos. En 2014 a aquellos cuyo ingreso no superara el equivalente a un salario mínimo vital y móvil (smvm). En 2015 se extendió la cifra al equivalente a tres smvm y, a la luz de la experiencia acumulada, se retocaron algunos recaudos de control.
Vale acá una pequeña digresión. El smvm pactado en el “Consejo del Salario” está, como regla, por debajo de los mínimos de convenio de las convenciones colectivas. Y los trabajadores informales no siempre pueden hacer valer su derecho a recibirlo, como piso. La cifra anual es, empero, relevante: vale como referencia “costumbrista” en la desigual pugna entre laburantes “en negro” y sus patrones. Y también para regular otros derechos. Es el caso del mínimo inicial para los maestros en todo el país. Y para determinar el conjunto de eventuales reclamantes de Progresar. Estos son perjudicados, de movida, cuando el gobierno degrada el valor adquisitivo del smvm, atropello que cometió la semana pasada. Volvamos al eje.
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Los recién llegados: Cuando se alude a tantas personas, la cantidad puede hacer perder nociones, de ahí que acudamos a ejemplos concretos. En las aborrecidas universidades del Conurbano (varias creadas antes del kirchnerismo, otras durante su ciclo) tienen oportunidad de estudiar jóvenes que son la primera generación de sus familias que llega a ese nivel educativo. La gratuidad, la relativa cercanía a los hogares, las becas, el apoyo estatal lo hacen posible. En estos días juró la primera camada de abogadxs recibidos en una de las más nuevas, la de José C. Paz. Son 42, la mayoría supera los 25 años (ver páginas 18 y 19). Pero entre los 2500 inscriptos en Derecho 294 eran titulares de Progresar. Son datos de marzo, antes de la tala macrista. En toda la Universidad, la proporción es similar: 1300 beneficiarios sobre 10.000 alumnos.
La política social kirchnerista pudo ser incompleta o perfectible pero se fue ampliando y mejorando. La AUH produjo un salto cualitativo y se articuló de modo interesante, ligándola a las asignaciones familiares. Progresar extendió la cobertura, “focalizando para re- universalizar”: escogiendo a personas dignas de protección y estímulo. La inclusión puede acompañar a personas humildes desde la cuna hasta los 25 años… quizás no baste pero no es poco.
La cifra de titulares de Progresar fue ascendiendo desde 2014 hasta 2016, ahí rebotó contra “el techo”. No parece casual ni desconectado del contexto.
La ofensiva no se detiene allí, abarca otros frentes.
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Recuperadas en jaque: El jueves pasado, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal vetó una ley provincial. Fijaba una prórroga por tres años para una expropiación que hubiera beneficiado a la Cooperativa de Trabajo Cintoplom, sita en Ciudadela. La fábrica auto gestionada produce pinturas y barnices, fue recuperada en 2003 y se sostiene desde entonces. Las fechas son sintomáticas: hubo tiempos en que funcionó, ahora está en riesgo.
Vidal acumula vetos a experiencias similares, típicas autodefensas del capitalismo criollo. En un añito y medio los padecieron la Cooperativa de Precisión Limitada (ex Rench) de Don Torcuato, la metalúrgica Reimat de Quilmes, la fábrica de acoplados Petinari.
Nobleza obliga. A la mandataria se le chispoteó la expropiación de la gráfica Donnelley. No hubo veto, a su respecto. Los trabajadores, en una escena al unísono festiva y cruel, lo esperaron en la puerta de la Legislatura hasta que venció el plazo respectivo. Y festejaron lo obvio, que es también inusual.
Petinari fue una empresa vaciada por sus dueños. Donnelley también, como reseñamos hace años en este diario: Página/12 : El país : Madura el lock out https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE99r8g-fUAhXCgZAKHUdrAZEQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pagina12.com.ar%2Fdiario%2Felpais%2F1-253193-2014-08-17.html&usg=AFQjCNHX_982WYkEcfAPk2Usv1V7mfPiBw
<https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-253193-2014-08-17.htm>.
Otro tanto, todo lo indica, está haciendo la alimentaria PepsiCo Snacks, una multinacional que, literalmente, “cerró sus puertas” en Vicente López días atrás dejando fuera a más de 600 empleados.
Otra multi, la autopartista Hutchinson, cesó sus actividades aduciendo dificultades varias, entre ellas “falta de competitividad”.
El Gobierno prodigó ventajas exorbitantes al capital extranjero. Les facilitó al máximo la remesa de divisas a sus países de origen. Los releva de controles o inspecciones.
También les habilitó, apenas más tácitamente, bicicletear dólares en la City financiera.
El Ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) se caracteriza por ser testigo silencioso de esos sucedidos en abierto contraste con el activismo pro operario que caracterizaba a la gestión de Carlos Tomada durante los gobiernos kirchneristas.
Los vaciamientos, la fuga de divisas, la evasión quedan fuera del Índex de Macri. Minga de hablar de “mafias” en esos casos.
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No fue mafia: La imputación a los mafiosos es uno de los mantras de Cambiemos. La selección de los acusados trasunta las preferencias valorativas. Los silencios son explicativos, repasemos algunos.
Para Macri no son mafiosos:
* Los vaciadores de empresas a los que se dispensa de cualquier escrutinio estatal y cuyos estropicios se dejan intactos.
- Los evasores de cargas sociales o de impuestos, premiados con un blanqueo “exitoso”. Los lavadores también caben bajo ese manto de impunidad fiscal. O penal, nunca lo sabremos.
- Los inversores que obtienen beneficios astronómicos merced a la bicicleta financiera que propicia el Banco Central. Tampoco se reputa mafioso a su director Federico Sturzenegger, promotor de “la industria de la bici”.
- Los patrones que trasgreden o ignoran las normas de seguridad laboral. Sus incumplimientos son la causa principal de los mal llamados “accidentes de trabajo”, en su mayoría evitables.
- Quienes lucran merced al trabajo infantil o a la trata de personas. “El campo” puntea en esas prácticas, también hay empresas textiles cercanas a la familia de altos funcionarios.
- Los contratistas de obras públicas que pagaron sobreprecios o dieron retornos. Según la narrativa M, solo Lázaro Báez lo hizo desde 1976 hasta nuestros días.
- Los funcionarios que resolvieron el intríngulis de los conflictos de intereses beneficiando al sector del que provienen, a sus empresas de origen o a sí mismos. Los ministros Juan José Aranguren (Energía) y Ricardo Buryaile (Agroindustria) encabezan el pelotón, muy nutrido.
- Los obispos castrenses, que han recuperado su sitial, pese a haber sido sucesivamente instigadores cómplices y encubridores del terrorismo de estado.
Usted podrá replicar que esos sujetos o entidades no han sido condenados penalmente. No se apresure, por favor. Le recordamos que no hablamos de las leyes vigentes sino de los criterios que aplica el presidente frente al micrófono y al teleprompter. La nómina es clasista como la ideología del gobierno, siempre escondida por sus voceros políticos, mediáticos o académicos.
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Pretextos y bajas: La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, “reconoció” (después de quejas y movilizaciones de damnificados) que medió “un error” en las bajas indiscriminadas de pensiones no contributivas que se repararía pronto. Empleados de Anses denunciaron que hay tal: la reversión de la medida se toma a cuentagotas, con tiempos vaticanos.
En paralelo, el Gobierno afirma que descubrió ocho mil muertos que cobraban pensiones. La excusa ofende la inteligencia. El hallazgo no pudo ser consecuencia de la suspensión de pagos y de citaciones a pensionados. Los muertos no confiesan, que se sepa. Sería asombroso que lo hicieran supuestos familiares que curraban con eso. Además, teniendo en cuenta las políticas oficiales de austeridad, cuesta inferir que contrató a médiums para conseguir data del más allá. En fin, que los fallecimientos se pueden “descubrir” cruzando datos sin necesidad de mortificar a sobrevivientes. Lo mismo aplica a viudas o viudos de avanzada edad.
La ausencia de un protocolo para informar agrega desdén a la mala praxis, es pura coherencia.
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Daniel Blake en Argentina: Ver la película “Yo Daniel Blake” dirigida por Ken Loach y recomendarla viene en combo. Tratemos de limitar el spoiling. Digamos apenas que Blake es un carpintero inglés que sufre un infarto. Se le ordena no trabajar durante unos meses, hasta recuperarse. Queda en una zona gris ante la burocracia: no puede jubilarse por invalidez ni calza justo en el seguro de desempleo. Peregrina por oficinas que dan cuenta de un sistema que fue protectorio alguna vez. Hay asesoramiento (hasta para preparar un curriculum), pluralidad de programas de ingresos, atención personal, hasta derecho a apelar decisiones administrativas. Pero el sistema funciona como simulacro. Jamás obtiene respuestas, se lo relega y ningunea. Ahorramos peripecias y el final.
La impresión, a la distancia, es que Daniel Blake queda entrampado en el esqueleto de lo que fue, años ha, un sistema de seguridad social, desvirtuado por las políticas de derecha, neo thatcheristas pongalé.
Hay perceptible diferencias con la Argentina, desde ya. Las semejanzas, entiende este cronista, son mucho mayores.
