Hace unos años, en un seminario en la universidad de Massachusetts en Amherst, de los que organiza el talentoso Max Page, hubo uno de esos momentos de desentendimiento cultural. Uno de los participantes terminó levantando la mano, interrumpiendo, para saber si estaba entendiendo bien: en Buenos Aires los vecinos cortan calles y protestan para frenar obras del gobierno de la Ciudad... no las cortan para pedir obras... Con la afirmativa se abrió un segundo debate, que giraba entre los que asumieron que los porteños tenían un grado colectivo de conciencia digno de Ocupar Wall Street, y los que pensaban que por acá simplemente están todos locos. 

Los vecinos de la Comuna 10 acaban de tomar un paso que trasciende por mucho lo de cortar calles o rezongar. Enterados de que van a hacerles una ciclovía en la calle Víctor Hugo, estos vecinos superaron el debate de por qué nadie les preguntó, siguieron de largo del detalle de lo que se gasta en algo tan simple, ni se fijaron en las consecuencias para el tránsito y fueron directo a la yugular: ¿para qué catzo sirve una ciclovía? Y de paso, ¿qué diferencia real hay entre una ciclovía y una bicisenda? El contraste con la chapucería publicitaria que el macrismo pasa como planeamiento urbano no podría ser mayor.

La historia comienza el 23 de febrero en el Boletín Oficial porteño, que publica la resolución 47 firmada por el secretario de Transporte Juan José Méndez. Este funcionario tiene firma propia para hacer ciclovías y bicisendas donde mejor le parezca, sin necesidad de leyes, consultas o planteos previos. Se ve que disfruta de su poder, porque esta resolución solita ordenaba nada menos que 42 ciclovías por toda la Capital. La que irritó y sorprendió a los vecinos de la comuna 10 recorre Víctor Hugo entre la avenida Juan B. Justo y la Colectora de la General Paz, cruzando Villa Luro, Monte Castro y Villa Real. 

Un chiste de lo más cínico que hacen los urbanistas norteamericanos es que a los intendentes de por allá les gustan las ciclovías porque con un tacho de pintura se hacen en el día, y uno puede mostrar su sensibilidad ecológica. Por acá las razones son más materiales, porque a 250.000 pesos por cuadra, las licitaciones de carriles exclusivos resultan un verdadero subsidio para los amigos. Por supuesto, el macrismo no admite eso, ni el lado electoralista de “transformar la ciudad”, sino que se envuelve en frases como “alternativas de transporte saludables y respetuosas con el medio ambiente”. No parecen notar que este tipo de slogan, emitido por un gobierno que vive vendiendo tierra pública para edificar no tiene mucha credibilidad.

En su amparo, los vecinos dan detalles que parecen que escapan al intelecto del gobierno macrista. Para empezar, señalan que la Comuna 10 es escasa en transporte público y depende más que otras del auto, lo que explica que en 2012 se autorizara explícitamente estacionar en ambas veredas de muchas calles de la zona, que tampoco tiene garages suficientes. Los vecinos de la calle Víctor Hugo se preguntan intensamente por qué el mismo gobierno que les dio esta mano ahora la retira de una punta de cuadras, afectando a cientos de frentistas. Para más, cuentan que esta Comuna tiene calles tranquilas y que desde que el mundo es mundo los ciclistas van por la calzada sin mayores problemas. Los carriles exclusivos no aportan mucho.

Pero el centro intelectual del planteo es para qué sirven las vías de ciclistas. Los vecinos amparistas hacen la distinción entre bicisenda y ciclovía, completamente perdida en el discurso macrista. La primera es una calleja o sendero dedicado exclusivamente a las bicicletas, que en general tiene un uso turístico, cultural o deportivo. En el contexto porteño, estas son más que raras y limitadas a los Bosques de Palermo o algún trecho costero. La ciclovía, en cambio, es plenamente urbana y se define como un carril dedicado en una calle común que forma una red alternativa de transporte. ¿Para qué? para unir puntos estratégicos de la ciudad, para acercar a los vecinos a centros de transbordo o a lugares de gran concentración, como los diversos centros barriales.

La ciclovía de la calle Víctor Hugo corre el muy real riesgo de sumarse a los kilómetros de carriles dedicados que literalmente no vienen de ninguna parte y no van a ninguna parte. Son fáciles de distinguir porque son las ciclovías que nadie usa nunca, las que el propio gobierno porteño ocupa con tachos de basura como el de la foto, las que nadie se toma en serio. Queda en claro que los vecinos amparistas no se oponen al concepto de carril dedicado a las bicicletas sino a la oportunidad de hacer este en particular, sin planeamiento, sin ton y sin son. Y se preguntan cuál es el beneficio de perder tantos lugares para estacionar para hacer un carril que no se va a usar.

Con estas nociones en claro, los vecinos empezaron a hablar, se juntaron, hicieron timbreos, pegatinas y grupos en las redes sociales. La comunera Cynthia Salama, de Unidad Porteña, los acompañó y llevó la cuestión a la Junta Comunal recordando que el artículo once de la ley comunal indica que el Ejecutivo tiene que compartir las decisiones de obras públicas en los barrios con las comunas. No hubo caso, porque el presidente de la Comuna 10 Daniel D’Ippolito, más conocido como futbolero que como experto en asuntos urbanos, se negó a meterse en el asunto. Su único input fue que aceptaba reunirse con los vecinos junto a los funcionarios de la Secretaría de Transporte. Esta reunión fue el 30 de junio y fue francamente extraña. La que apareció para hablar ante cien vecinos y, teóricamente, para escucharlos fue Julieta Peruzzo, que es la jefa de gabinete de la subsecretaría de Movilidad Saludable. Peruzzo estuvo en la reunión apenas diez minutos, no dijo casi nada y no contestó ninguna pregunta porque los vecinos expresaban su rechazo al proyecto. Le dejó la reunión a Darío Ferer, jefe de Proyectos Especiales, que terminó prometiendo otra reunión para traer respuestas a los reclamos. D’Ippolito, a todo esto, cumplió con su palabra de estar en la reunión y hasta dijo que no le parecía una buena idea hacer la ciclovía. Pero no hubo modo que prometiera llevar el asunto a la Junta comunal y de hecho terminó instruyendo a los comuneros macristas para que dieran por cerrado el tema. Todavía no hubo una nueva reunión con funcionarios del Ejecutivo.

Con lo que la cosa terminó en la justicia porteña con un amparo que reúne trescientas firmas, todo un récord. Quién sabe, que el proyecto tenga que ser defendido ante jueces ponga un poquito de lógica en esto de las ciclovías, que son una linda vaca lechera en años de elecciones pero terminan dibujadas en el mapa porteño un poco así nomás. 

El verso morfológico

El nuevo Código de Planeamiento Urbano, el “morfológico”, sigue siendo debatido entre los que cuentan. En estos días, el subsecretario de Planeamiento Urbano Carlos Colombo dio una charla en ese ente tan representativo de los especuladores inmobiliarios y sus empleados, el CPAU. Colombo arrancó con un espectacular caramelito para la industria, la promesa de poder duplicar lo construido en esta pobre ciudad. El funcionario explicó que hoy existen 104 millones de metros cuadrados en la CABA -románticamente, dijo que eso se había construido en los últimos dos siglos- y que el “potencial” es de 220 millones. Luego explicó que simplemente se va a simplificar el sistema eliminando el Factor de Ocupación del Suelo y el Factor de Ocupación Total, los famosos y mistificantes FOS y FOT, y también las tangentes, para seguir apenas con alturas máximas. 

Ahí vienen las morfologías, porque se espera crear corredores, gradaciones y otros etcéteras de acuerdo a que las avenidas sean “principales o secundarias”. La altura máxima sería de 38 metros, doce pisos, y las alturas van a determinar los usos autorizados, la mezcla entre comercio, residencia, profesional y oficinas. Colombo hasta dijo que ya no se podrán hacer torrezotas ni edificios en altura en el medio de una manzana, y que las de perímetro libre quedarán para zonas “especiales”, que no detalló. 

Curiosamente, porque nadie le sacó el tema, el funcionario habló de patrimonio. Prometió que no se van a tocar las 40 APH existentes, con once mil edificios protegidos más o menos, y que hasta crearían de una buena vez la herramienta de Capacidad Constructiva Transferible, el “bono de aire” que podría compensar a los que viven en edificios catalogados y se pierden de especular. El mecanismo que describió el subsecretario no es precisamente muy sexy, ya que el propietario sólo percibiría un 30 por ciento de lo que venda y el resto iría al Banco Ciudad para un Fondo Estímulo de Recuperación de Edificios Catalogados. A su vez, el comprador sólo podría usar esos metros extra en Areas de Desarrollo como la ribera del Riachuelo.

Los especuladores no se quedaron contentos, porque la eliminación del FOT y el FOS pueden permitir que los barrios bajos sigan bajos, de acuerdo a la “morfología” actual. El suplemento Propiedades de un diario oficialista que es un verdadero portavoz de la industria recogió el rezongo del sector, con argumentos como que ciertos barrios que son bajos lo son “por falta de oportunidades”. En buen romance, esto significa que los especuladores no los sobresaturaron porque no están de moda y no valen la inversión, pero quieren guardarlos de reserva a futuro. Otro especulador profesional fue más directo y se quejó que así no tienen futuro los barrios todavía no densificados. El hombre sabía lo que decía y explicó que Buenos Aires es una de las ciudades más densificadas del planeta con quince mil personas por kilómetro cuadrado. La conclusión a este horror es, para el profesional, que hay que densificar todavía más y que los barrios residenciales de casas ya no tienen sentido.

No debería preocuparse, porque Colombo ya le prometió el doble de metros cuadrados autorizables a futuro.

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