El gobierno volvió a atacar la ley de alquileres. Esta vez a través de un trascendido tras un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa. Hablan de "volar" la ley, aunque aún no explican de qué forma y en el Congreso tampoco circula información. Dados los antecedentes de intentos erráticos de modificarla y el poco cumplimiento de la norma, desde el sector inquilino interpretan el mensaje como una disputa por la representación del poder económico.
El tema se instaló nuevamente en la agenda pública luego del almuerzo que mantuvieron a propósito de la vuelta de Massa de Washington. El verbo que utilizan desde el entorno del ministro es "volar" la ley de alquileres, lo cual abre el interrogatorio acerca de qué forma: si es una modificación, una suspensión, una derogación. "Puede que no sea por vía legislativa", aseguran a PáginaI12, frase que coincide con el desconocimiento que hay en el Congreso sobre el tema.
La opción de saltar la vía legislativa y hacerlo por decreto significaría un "pésimo antecedente" aseguran fuentes del Congreso recordando cuando el exPresidente Mauricio Macri derogó la Ley de Medios por esta vía. "Para derogarla se necesita una ley de derogación, porque un decreto sería inconstitucional. Si mandan una ley de derogación es probable que se vote porque los números dan, pero generaría una interna en el Frente de Todos por una ley que en los hechos no se controla y se aplica poco", reflexionan desde adentro del Congreso.
Si es por vía legislativa, se puede derogar o modificar a través de una ley de derogación. En el caso de derogarla, significaría que los alquileres vuelvan a regirse de acuerdo a la legislación anterior, que corresponden al Código Civil y Comercial. Es que la ley 27.551 particulariza algunos de los artículos del Código Civil, porque no existía previamente una ley específica de alquileres. Es decir, significaría dar marcha atrás con los cambios más importantes que introdujo la ley: el alargamiento de los contratos de dos a tres años, la actualización de los valores cada un año (normalmente eran cada seis meses) y a través de una fórmula conformada en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración promedio de los trabajadores del sector privado formal (Ripte), elaborado y publicado por el Banco Central.
Las modificaciones propuestas con dictamen actual son dos, una del Frente de Todos y otra de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal. En términos generales, el proyecto del Frente de Todos propone mantener los puntos medulares del proyecto y agrega un incentivo fiscal para aumentar la oferta. Propone que los inmuebles destinados a alquiler no estarán alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales y modifica el régimen para beneficiar monotributistas que tienen propiedades en alquiler (no entrarán en el régimen general por alquilar más de tres propiedades). El otro proyecto, en cambio, pretende bajar de tres a dos años la duración de los contratos, y también acelerar las actualizaciones anuales a seis meses.
La ley comenzó a discutirse en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, y fue aprobada en 2020 por el Senado de la Nación. Desde ese momento, los resultados y su aplicación fueron erráticos. Es verdad que los indicadores actuales desesperan: el valor inicial de los alquileres aumentó muy por encima de la inflación, con precios medios por encima del salario mínimo. En tanto, se comenzó a observar un aumento en el porcentaje de ofertas expresadas en dólares, fundamentalmente a partir de febrero de 2022.
Mientras una gran parte de la oposición (y del gobierno) atribuyen esta situación al texto de la ley, otro sector va por más y pide mayor regulación de la misma, así como adjudica al Estado la responsabilidad de la falta de control. "No es casual que vuelvan de Estados Unidos y lo plantee. Hay mucha presión para modificar la ley, pero en el Congreso el Frente de Todos no quiere levantar la mano y quedar pegado con una flexibilización. Lo que hay por detrás es la disputa por la representación del poder económico", asegura el titular de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz.
No es la primera vez que Sergio Massa manifiesta su disgusto con la ley de alquileres. Tras calificarla de "fracaso", en noviembre de 2021 el entonces presidente de la Cámara de Diputados anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para encargarse del tema. El primero de marzo de 2022, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el propio presidente Fernández también pidió avanzar con cambios y reconoció problemas con el valor de los alquileres. Se habló de suspender la ley por 90 días, lo que generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Ninguno de esos planes avanzó.
"Sergio Massa es un empleado de las corporaciones inmobiliarias y de la construcción. Massa dice que la ley de alquileres no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es el plan económico de Massa y el FMI, el cual pidió no regular el precio de los alquileres”, asegura Muñoz y remata: "En lo concreto cada discusión de este tipo debilita aún más el cumplimiento de la ley. Solo decir que quieren modificar la ley es mostrarle al poder que podes ser un aliado, no creo que sea ingenuo hacer lo que hace el gobierno".
