El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó realizar un entrecruzamiento de llamados entre quienes comandaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Las medidas se dispusieron dentro del expediente en el que se investiga cómo espiaron a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay durante el gobierno de Cambiemos.

En octubre del año pasado, el fiscal Franco Picardi pidió elevar a juicio el caso del espionaje en el Instituto Patria, que se investigó inicialmente en la jurisdicción de Lomas de Zamora. Según se reconstruyó en esa investigación, la AFI ordenó montar guardia frente a las oficinas de CFK en la calle Rodríguez Peña y en su vivienda en agosto de 2018 –la fecha coincidía con el inicio de la causa de los cuadernos–. La maniobra fue descubierta porque unos militantes advirtieron la presencia extraña de un auto, alertaron a un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que intentó identificar a los ocupantes del vehículo pero se dieron a la fuga a toda velocidad.

En esta causa, el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé procesó al extitular de la AFI Gustavo Arribas, al exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz, al exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y otros exfuncionarios del área. Esos procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal de La Plata antes de que el expediente pasara a Comodoro Py.

En un segundo tramo, Augé también procesó al exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y a Bernardo Miguens, un funcionario que reportaba en esa dirección y que venía de trabajar en el juzgado de Claudio Bonadio. Augé entendió que ellos fueron parte de las maniobras para encubrir el espionaje sobre CFK, presentándolo como tareas que habían sido ordenadas en una causa judicial. Sin embargo, esos procesamientos fueron dejados sin efecto por la Cámara Federal de Comodoro Py cuando ensayó su teoría sobre el "cuentapropismo" –es decir, espías que se cortaban solos por intereses particulares y sin seguir las directivas del organismo–.

Para reactivar esa línea de investigación, Picardi pidió cruzar las llamadas entre Arribas, De Stefano y Ruiz, entre otros. Martínez de Giorgi accedió y le encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) –conocida ente popularmente como la oficina de escuchas de la Corte– que identifique los interlocutores frecuentes y las geolocalizaciones de las comunicaciones. Con toda probabilidad, los imputados presentarán planteos para que las medidas no puedan llevarse a cabo o, al menos, para retrasarlas.

La hipótesis que dejó asentada Picardi es que hubo un plan sistemático y organizado de espionaje durante la era Cambiemos y que en la cima estaba Macri. Con las medidas es probable que busque saberse si alguno de los mandamases de la AFI estaba en la Casa Rosada o en Olivos cuando se tomaban decisiones sobre los blancos espiados.