Desde Lima
En el marco de la investigación a la presidenta Dina Boluarte, dos ministros y tres exministros de su gobierno, por las decenas de muertes durante la represión contra las protestas antigubernamentales, la Fiscalía ha solicitado a un juez que ordene a las Fuerzas Armadas y Policiales que entreguen información rotulada como “clasificada” sobre sus operaciones, la cadena de mando, las órdenes que recibieron, quiénes participaron en esas acciones, las armas y munición usadas. Las fuerzas de seguridad se han negado a entregar esta información, considerada fundamental para investigar esas muertes y determinar responsabilidades, alegando que se trata de información “secreta”. Ahora la decisión sobre la entrega de esta información está en manos de un juez en un contexto en el que la coalición autoritaria que gobierna avanza para controlar el sistema de justicia.
El genocidio
Este pedido fiscal para la entrega de información “clasificada” se da como parte del proceso de investigación por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a Boluarte, al jefe del gabinete ministerial y antes ministro de Defensa Alberto Otárola, impulsor de la dureza represiva del régimen, al ministro de Defensa Jorge Chávez, al exjefe del gabinete de ministros Pedro Angulo, que antecedió a Otárola en ese cargo, y a los exministros del Interior César Cervantes y Víctor Rojas. Esta investigación y otra paralela a militares y policías avanzan lentamente, con una sensación de impunidad flotando en el ambiente.
Hay serios cuestionamientos a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cercana a la derecha que respalda al gobierno. El 6 de junio, la fiscal Benavides interrogó a la presidenta Boluarte. Abogados de las víctimas presentes en ese interrogatorio señalaron que la fiscal hizo preguntas generales y no hubo repreguntas a pesar de respuestas poco claras o contradictorias. Lo calificaron como un interrogatorio “amigable”. Boluarte se negó a responder las preguntas de los abogados de las víctimas. Ante la Fiscalía la presidenta dijo que ella no tomó las decisiones sobre las acciones represivas, que no conocía los planes operativos de los policías y militares para enfrentar las protestas contra su gobierno, y que en esos días cruciales no tuvo ningún contacto que los jefes policiales y militares. Pero el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre, declaró ante la Fiscalía que estuvo en permanente contacto con Boluarte para informarle en detalle lo que ocurría.
Los documentos
Los documentos que se desclasifiquen si el Poder Judicial acepta el pedido de la Fiscalía permitirán aclarar muchas cosas sobre esa relación entre la presidenta y sus ministros con los jefes militares y policiales en el proceso de toma de decisiones sobre la represión y las órdenes que salieron desde Palacio de Gobierno. Ha trascendido que esas órdenes fueron enfrentar las protestas como si se tratara de grupos terroristas, con un resultado de decenas de muertos y centenares de heridos. Boluarte y sus ministros han acusado públicamente a los manifestantes de “terroristas” y han justificado reiteradamente la represión y defendido y felicitado a militares y policías acusados de disparar contra la población. Ahora Boluarte y sus ministros pretenden zafar de sus responsabilidades diciendo que no sabían nada. Los documentos que se desclasifiquen los pueden terminar de hundir.
La decisión fiscal de pedir información clasificada a las fuerzas de seguridad se da en medio de las críticas al trabajo de la Fiscalía y de presiones para que las investigaciones avancen. En un informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció “un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” y casos de “ejecuciones extrajudiciales” en la represión gubernamental, y exigió que las muertes sean investigadas y los responsables sancionados. Amnistía Internacional denunció un “sesgo racista” en la represión. La mayor parte de las víctimas son pobladores andinos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y otros organismos, se han pronunciado en ese mismo sentido.
En diálogo con Página/12, el abogado César Quispe, que defiende a las víctimas de Juliaca, ciudad de la altiplánica región de Puno, donde 18 persona personas murieron por disparos de las fuerzas de seguridad, califica como “muy importante” para el avance del caso el pedido para que se revele la información que el ejército y la policía se niegan a entregar. “Aunque no se he entregado formalmente, en Juliaca hemos conseguido información sobre las órdenes de operaciones policiales y tenemos información sobre la cadena de mando, con la revelación de la información clasificada se podrá confirmar y precisar esta información. No se ha querido entregar la información sobre las armas y munición usadas, la entrega de documentos clasificados nos permitirá acceder a esta información clave”.
En opinión del abogado Quispe, el pedido de la Fiscalía para desclasificar información antes que reflejar una voluntad para investigar es producto de “la fuerte presión internacional”. Recuerda que el informe de la CIDH demandando que se investigue “ha sido fundamental para que se pida esta información, porque lo dicho por la CIDH es vinculante para el Estado peruano”. Sobre la falta de voluntad de la Fiscalía para investigar, el abogado de las víctimas recuerda que las investigaciones en Puno estuvieron estancadas dos meses y recién en marzo comenzaron a avanzar, pero en mayo la fiscal de la Nación trasladó todas las investigaciones a Lima y el caso se volvió a estancar, hasta que en julio se retomó el avance, pero esta semana fue separado del caso el fiscal que encabezaba la investigación. “Sin ninguna duda esa separación del fiscal es una decisión para dilatar la investigación”, denuncia.
Las protestas
Las protestas exigiendo la salida de Boluarte y el adelanto de elecciones estallaron el 7 de diciembre cuando reemplazó en la presidencia a Pedro Castillo, destituido por el Congreso y encarcelado. Boluarte se alió con la derecha y ultraderecha que controla el Congreso. Las protestas se iniciaron en las zonas andinas, donde fueron más fuertes, y luego se extendieron a otras regiones, incluyendo Lima. El 14 de diciembre, cuando ya había siete muertos, el gobierno decretó el estado de emergencia y ordenó que los militares se sumen a la represión a las protestas. Al día siguiente de esa decisión, el ejército disparó contra la población y mató a diez personas en la andina región de Ayacucho. El 9 de enero se produjo la matanza de 18 personas en Juliaca, cuando la policía disparó contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas. Es al día siguiente de esta matanza, que la presión nacional e internacional hizo que la Fiscalía abra la investigación a Boluarte y sus ministros por estas muertes. La protestas y la brutal represión continuaron hasta marzo, con un saldo de 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad y un total de 67 fallecidos. Esta semana se retomaron las movilizaciones en las calles. A las demandas de renuncia de Boluarte y elecciones generales se suma la exigencia de justicia por las muertes causadas por la represión.
