Los policías que participaron en la represión del viernes deberán declarar en la causa por los incidentes
Actas fraguadas y detenciones sin pruebas
La fiscalía solicitó registros fílmicos para cotejar relatos e identificar supuestos involucrados que no fueron detenidos. Interviene la Procuraduría de Violencia Institucional por denuncias por detenciones arbitrarias y lesiones. La policía de la Ciudad abrió un sumario.
El juez pidió al Ministerio de Seguridad que informe por qué y cómo intervinieron policías de civil sin identificación.El juez pidió al Ministerio de Seguridad que informe por qué y cómo intervinieron policías de civil sin identificación.El juez pidió al Ministerio de Seguridad que informe por qué y cómo intervinieron policías de civil sin identificación.El juez pidió al Ministerio de Seguridad que informe por qué y cómo intervinieron policías de civil sin identificación.El juez pidió al Ministerio de Seguridad que informe por qué y cómo intervinieron policías de civil sin identificación.
El juez pidió al Ministerio de Seguridad que informe por qué y cómo intervinieron policías de civil sin identificación. 
Imagen: Leandro Teysseire

La ostensible falta de pruebas contra las personas que fueron detenidas el viernes después de la desconcentración de la movilización por Santiago Maldonado llevó a la cambiar el foco de la causa que quedó abierta en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y ponerlo en la policía. El fiscal Ramiro González pidió que declaren como testigos los agentes de la Ciudad y de la Federal que protagonizaron el operativo feroz. Es alevosa la discrepancia que existe entre las actas policiales y los relatos de las personas arrestadas, que afirman no haber participado en los hechos que les adjudican -como tirare bombas molotov y empujar el vallado frente a la Casa Rosada– ni haber sido detenidos en el lugar que figura en los papeles. La fiscalía solicitó que los canales de televisión, empresas y ciudadanos que tengan registros fílmicos de los acontecimientos aporten el material para cotejar los relatos e identificar posibles involucrados que no fueron detenidos. Empezó a intervenir también la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que recibió denuncias por detenciones arbitrarias y lesiones. Al Ministerio de Seguridad, le pidió que informe por qué y cómo intervinieron policías de civil y otros uniformados sin identificación. Al juzgado le requerirá las actuaciones para verificar si, tal como todo indicaría, las actas policiales son falsas. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió el comportamiento policial pero dijo que se abrió “un sumario interno”.

El juez dispuso algunas de las medidas pedidas por el fiscal e implantó el secreto de sumario, lo que restringirá el acceso al expediente a los defensores por una semana. Algunos de los abogados tomaron la citación a los policías a dar testimonio con cierta desconfianza. Quieren ver cómo se encauza la investigación. “Podría ser una oportunidad para que se rectifiquen; nosotros creemos que se debe investigar la falsedad de las actas policiales, y lo pediremos”, dijo María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), quien defiende a algunos de los detenidos. “A los policías los citan porque la causa es insostenible, producen pruebas para no cerrar la causa enseguida cuando es tan obvio que los detenidos deben ser sobreseídos; quizá en algún quede en evidencia su accionar”, apunta Verónica Quinteros, abogada de Liberpueblo. Quinteros señala que como las imputaciones son genéricas “vulneran el derecho de defensa en juicio y los imputados tienen que demostrar que no hicieron tal o cual cosa”.

Los delitos que se les adjudicaron a los 31 detenidos son daños, lesiones, resistencia a la autoridad e intimidación pública. Como quedó a la vista en varias de las indagatorias, las actas redactadas por la policía les adjudican a varias personas lo mismo (derribar el vallado frente a la Casa Rosada y agredir a personal policial con botellas y piedras y quemar tachos de basura) y ponen horario y lugar de detención que no se condice con el que señalan los detenidos. Por ejemplo, dos periodistas de la Red de Medios Alternativos, que figuran detenidos en Plaza de Mayo, estaban en Avenida de Mayo y San José. Un joven a quien defiende Aníbal Ibarra aparece detenido a las 20.18 pero a las 20.50 le había mandado un mensaje a su pareja diciéndole que estaba bien, pero al instante dice que lo detuvieron. Fue  notable el caso del docente José Morales, que figura detenido también en la plaza pero estaba en una pizzería en la calle Bernardo de Irigoyen y mostró el ticket. Algunos de los detenidos refirieron situaciones de maltratos y amenazas. Dos de ellos, por ejemplo, relataron que una agente policial les dijo en el camión que los trasladaba les dijo: “cállense, después se quejan de que haya desaparecidos” (ver página 3).

El fiscal González pidió un listado de siete medidas. Las testimoniales de los policías que participaron en detenciones las pidió para que indiquen “cómo fueron las circunstancias previas a la detención, la hora, y en qué lugar se produjeron los hechos que derivaron en la detención”. A la vez quiere que se determine la gravedad de las lesiones que alegan haber sufrido. También requiere que alguna fuerza de seguridad a definir por el juez haga un “compilado” de las filmaciones que tomó la propia policía de los procedimientos. Pero que más allá de ese material, se releven cámaras privadas de la zona y se obtengan las filmaciones, además de requerir a todos los medios (televisivos  y gráficos) que aporten sus imágenes. Para los ciudadanos que puedan haber relevado sus propias imágenes solicitó que se genere algún canal específico. González le señaló al juez que alguna fuerza de seguridad tendría que hacer un cotejo de las fotos de los detenidos en las filmaciones y determinar si “otras personas participaron de los hechos investigados”, y que se verifique la participación de los ya imputados. Hasta última hora de ayer, Martínez de Giorgi había dispuesto la recolección de filmaciones  y la recepción de testimonios de los policías que participaron en detenciones, además de constatar sus lesiones. La única persona a la que mantuvo detenida había presentado documentos falsos y tenía antecedentes penales en el fuero ordinario.

La Procuvin, a cargo de Félix Crous, comenzó a intervenir también ayer cuando recibió las primeras denuncias de personas detenidas y heridas. Esto generó la apertura de una investigación preliminar y un pedido de informes al Ministerio de Seguridad, entre otras cosas, sobre la presencia de policías de civil y sin identificación, que habrían participado incluso de las detenciones. Ese organismo investigó, por ejemplo, las detenciones tras la marcha del 8M. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mostró ayer las similitudes entre ambos casos. “Detuvieron a mansalva, sin importar a quiénes ni qué estaban haciendo, para luego imputarles un delito federal”, dijo el organismo sobre la represión del viernes.

Rodríguez Larreta justificó el accionar de la policía con el argumento de que “actuó cuando surgieron las situaciones de violencia, cuando empezaron a tirar piedras y aparecieron con palos” y dijo que de todos modos “se abrió un sumario interno” para evaluarlos.