La jueza federal Carina Gregoraschuk hizo lugar al amparo presentado por las abogadas Alejandra Cejas y Silvana Llanés, quienes representan a las familias desalojadas del barrio Estación Tilcara, y estos hechos serán analizados ahora por el fuero federal. 

El pasado 15 de enero, a instancias del gobierno de Jujuy, se inició el desalojo de familias que habían construido sus casas en terrenos cercanos a las vías del ferrocarril, lugar donde ahora el gobierno prevé instalar un polo comercial en el marco del proyecto Tren Solar. Después de que sus habitantes fueron sacados por la fuerza, las viviendas fueron destruídas. 

Las abogadas de estas familias fueron notificadas de la decisión ayer: “La justicia federal se aboca en la causa Tilcara, y se ha solicitado a efectos probatorios el expediente penal", informó Cejas. La decisión representa un respiro para las familias tilcareñas que hoy están en la calle.

En la resolución por la que acepta intervenir en esta causa, la jueza federal solicitó al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y a la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial de la provincia que remita a su Juzgado a la mayor brevedad posible “los legajos y todas las actuaciones obrantes en la causa mencionada y/o en su defecto íntegras copias debidamente certificadas” de ese trámite.

A mediados de este mes la justicia provincial concretó la orden de desalojo con un desproporcionado operativo policial del que participaron más 300 efectivos que permanecieron en el barrio por horas. Las viviendas se encontraban al lado izquierdo de la ruta nacional 9, en el ingreso al pueblo. Las familias fueron denunciadas por el Estado provincial en la justicia ordinaria, acusadas de usurpación de los terrenos de Ferrocarriles Argentinos.

Las abogadas defensoras presentaron un amparo por la vulneración de derechos y de las garantías constitucionales de las familias del barrio Radio Estación Tilcara, “se ha probado largamente el perjuicio, la titularidad (de los terrenos por parte de sus ocupantes)", afirmó Cejas. Las familias presentaron la documentación de sus propiedades, la residencia en el lugar por mas de 30 años. La compra de las viviendas, que se habilitó por ley para familiares de ex trabajadores ferroviarios. 

“La resolución de hoy no solamente habla del abocamiento de la justicia federal a la causa, sino que está entrando a la cuestión de fondo que es la supuesta usurpación de las familias del barrio Estación de Tilcara a sus casas”, aclaró. 

La abogada afirmó que es falsa la denuncia por usurpación realizada en 2022 por Emiliano Rodríguez, coordinador de la Unidad ejecutora provincial del Tren Jujuy - La Quiaca. Explicó que "a finales de 1980 (las familias) llegaron con el tren, compraron las casas y viven allí", por lo que "Nunca hubo usurpación. Hemos demandado al Estado provincial y a los funcionarios provinciales intervinientes que denunciaron (a las familias), como el fiscal, que hicieron que esta causa avance y que justifiquen un desalojo por usurpación, que no existe”, señaló Cejas. 

“Nos caímos del mapa constitucional”

La abogada también valoró el accionar de la justicia federa. “En Jujuy no hay acceso a la justicia y la justicia federal nos da una garantía de mayor imparcialidad de la que tenemos en Jujuy. Es la última esperanza que puede tener alguien como las familias de Tilcara que no tuvieron acceso a la justicia”, sostuvo.

Cejas destacó en este sentido que la jueza federal haya habilitado "la vía excepcional del amparo", después de la "atrocidad inhumana que hicieron de armar una causa, sacarlos de sus casas, armar el show de desalojo, detenerlos". E insistió en que estas personas son propietarias de las viviendas de las que fueron arrancadas, "les guste a Morales y a Sadir”. Este proceso contra las familias desalojadas se inició durante la gestión del ex gobernador Gerardo Morales y siguió en la gestión de su sucesor, Carlos Sadir. 

Cerca de una docena de familias fueron despojadas siendo propietarias. “Se metieron con la propiedad privada, armaron una causa penal, falsificaron un montón de cuestiones y eso no puede quedar impune. Claramente, la Justicia de Jujuy no es la mejor justicia para acceder a un fallo razonable. No nos quedó otra vía que recurrir a la justicia federal”, sostuvo la abogada. 

“En Jujuy parece que nos caímos del mapa constitucional, todos los derechos y garantías que les asisten a todos los ciudadanos argentinos en Jujuy no existen”, añadió. “Acá hay un Código Penal para los funcionarios y otro para la ciudadanía y esto no funciona así. Lo hemos visto en este enero brutal donde se han dedicado a imputar, detener, armar causas, sin que estas estén tipificadas en el Código Penal y dando interpretaciones absurdas a algunos artículos y llegando a dañar y vulnerar a propietarios”. 

Cejas explicó que “la provincia no tiene derechos sobre estas tierras porque son nacionales solo tenían derecho sobre la traza del tren, no sobre los inmuebles o propiedades colindantes".