La abogada ultracatólica Úrsula Basset, señalada como virtual interventora de Karina Milei en la Cancillería y cara del giro ultraconservador de la Argentina ante la OEA y otros foros internacionales, se disfrazó de feminista para dar un examen para ser camarista civil y obtuvo el mejor puntaje.

Fue el 10 de octubre de 2023, cuando dio la prueba ante el Consejo de la Magistratura junto a otros sesenta postulantes. Se trata del Concurso 482 destinado a cubrir cuatro cargos de vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Salas D, F, G y L). El ejercicio consistía en resolver una apelación planteada por un hombre condenado a pagar una indemnización de $ 4.402.000 por daños y perjuicios a su ex esposa, –con quien tuvo dos hijos– por daño moral por haberla sometido a situaciones de violencia física y psicológica durante diez años de matrimonio. 

La demandante había hecho una apelación parcial. De acuerdo con el examen de Basset, al que accedió este diario, la abogada –conocida por su extensa trayectoria antigénero– no solo planteó que el caso debía analizarse “con perspectiva de género” sino que fundamentó su fallo en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emblemática para los movimientos de mujeres latinoamericanos, y en tratados internacionales considerados feministas –como la Convención de Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –conocida como Belém do Pará– y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW.

Como negociadora de la Cancillería, en la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizó dos semanas atrás en Paraguay, Basset propuso cambios retrógrados en las resoluciones sobre derechos humanos, con especial énfasis en barrer las referencias a derechos sexuales y reproductivos, ambientales y los relacionados con la diversidad. Se dedicó a objetar términos como "población LGBTI", "género", “tolerancia” y “cambio climático”. Incluso, quiso sacar la “violencia sexual” como categoría, en la resoluión sobre la situación en Haití, cuando ese tipo de violencia contra la mujer está definida en la Convención de Belém do Pará, una de las las normativas que la propia Basset usó en octubre para fundamentar su voto en la evaluación.

En ese examen para ser camarista sacó 191,5 puntos sobre 200. Fue la mejor alumna. Rindió junto a los demás candidatos y candidatas ante la Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura en un aula de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El acto estuvo encabezado por la presidenta de la Comisión, María Fernanda Vázquez, y la consejera Agustina Díaz Cordero. Integraron el Jurado Gustavo Sebastián Sánchez Mariño (Universidad Nacional del Nordeste), Sergio Mario Barotto (Universidad Nacional del Comahue), Alberto Ricardo Dalla Vía (Universidad Nacional de Buenos Aires) y Mónica Andrea Anís (Universidad Nacional del Nordeste).

Al resolver el ejercicio, Basset falló a favor de la mujer y amplió la indemnización con la incorporación de “daño psicológico” y al sumar un criterio no habitual para compensar a una víctima de violencia doméstica: contempló también un monto equivalente a un millón de pesos como “daños punitivos” –algo novedoso– a modo de sanción aleccionadora y que apunta a prevenir hechos similares. También pidió para la mujer “una reparación simbólica”.

“Voto pues, para que a) se modifique la sentencia apelada en punto a los rubros resarcibles, y propongo que se reconozcan en términos de dafio psicolôgico a la vîctima, que debe incluir también los daños futuros que pueda implicar el gravamen aquî reconocido, que propongo asciendan a $ 3.000.000, b) Se fije en carâcter de daños punitivos a fin de afianzar el carâcter preventivo derivado del deber de diligencia reforzada en estos casos, en un monto equivalente a $ 1.000.000, c) Se fije una reparaciôn de tipo simbôlica a precisar por el juez de grado en audiencia con ambas partes, d) Se desestimen los demas agravios de la demandada, d) Imponer las costas de la Alzada al recurrente vencido (Art. 68 CPCCN, e) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad”, escribió en el examen.

Lo curioso es que Basset es conocida por ser especialista en Derecho de Familia “antiderechos”. Es directora del Centro de Investigación en Derecho de Familia de la Universidad Católica Argentina. En el examen, en cambio, se mostró, como la primera feminista.

Para fundamentar su “voto” recordó el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Gonzalez y otras c. México” conocido Campo Algodonero en relación a femicidios ocurridos en Ciudad Juárez, donde se sostiene que existe un deber de prevención y debida diligencia por parte del Estado, frente a la violencia por razones de género. Es una sentencia emblemática para los feminismos.

También mencionó a la Convenciôn para la Eliminaciôn de todas las Formas de discriminaciôn contra la mujer; y la Convención de Belem do Para, “que no integra nuestro bloque de constitucionalidad, pero si tiene jerarquia superior a las leyes”, aclaró. Y también destacó la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Todo el marco normativo que el gobierno de Javier Milei, al que Basset se ha incorporado a través de la Cancillería, está desconociendo al eliminar la institucionalidad y las políticas públicas y programas como el Acompañar, entre otros, para enfrentar el problema de la violencia por razones de género. Todo ese plexo normativa reconoce la perspectiva de género para analizar la problemática de las violencias contra las mujeres.

En el examen, Basset también habló de “desigualdad de género”. Sostuvo: “El derecho internacional además ha acogido la violencia de tipo estructural o sistémica, que es aquella que presupone estereotipos que perpetúan la desigualdad de género y asî promueven y fortalecen patrones violentos”.

Más adelante consideró que “no queda duda de que en este caso debe fallarse aplicando la perspectiva de género”. Y agregó “Si bien esta es una obligaciôn genérica, aun aplicando los test más restrictivos de su aplicaciôn, en este caso resulta ineludible, pues se ha comprobado la existencia de una prolongada situaciôn de violencia de la actora y una persistente violencia implícita y simbôlica por parte del demandado hacia su persona”.

La abogada es conocida por sostener públicamente posturas en contra de la educación sexual integral (ESI) en las escuelas. Y también por cuestionar la constitucionalidad y convencionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y las reformas del Código Civil aprobadas en 2016. En 2010 además Basset fue una activa participante a la hora de exponer argumentos contra la Ley de matrimonio igualitario.

¿Por qué se camufló de feminista? ¿Pensaba que sería bochada si no aplicaba la perspectiva de género?

Si resulta elegida camarista ¿con qué perspectiva juzgará? ¿Con las “antiderechos” que ha mostrado históricamente o con la feminista que exhibió para rendir examen ante el Consejo de la Magistratura?