“Se cumple un año más de la vuelta de la democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos, y pensar que en Jujuy no se siente la democracia ni menos la vigencia de los derechos humanos”, son las palabras escritas por Milagro Sala en la celda en que se encuentra desde hace once meses y que fueron leídas durante la jornada de “resistencia” de la que cientos de personas participaron en Plaza de Mayo. La convocatoria hecha por Abuelas, el CELS y una quincena de organismos tuvo réplica en varias ciudades del país.

Uno de los ejes centrales de la  Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos es "la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles" de la última dictadura cívico-militar y también la no criminalización de la protesta social.

El manuscrito de Sala, quien firma como “presa política”, fue aplaudido por quienes se concentraron frente a la Casa de Gobierno. Sin mencionar al gobernador Gerardo Morales, principal promotor de su detención, la dirigente acusó al gobierno jujeño de “actuar como un patrón de estancia” y convocó “a todos los militantes populares, sobre todo a los jóvenes, para defender la democracia que costó más de 30 mil compañeros desaparecidos”.

Al aludir a las críticas que el Gobierno recibió de parte de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sala sostuvo que “el mundo” está “escandalizado” por su detención y consideró que “esto avergüenza a todos los argentinos”.

“Es lamentable que hayamos retrocedido 33 años”, puntualizó la dirigente a quienes organizaron la actividad que tiene como epicentro la Plaza de Mayo y que es realizada también en Bahía Blanca, Tucumán, Rosario y Santa Fe, entre otras ciudades donde hubo movilizaciones y conciertos.

Por su parte, el texto consensuado por los organismos y leído en uno de los tramos de la movilización reivindica la lucha de los 30 mil desaparecidos, reclama la continuidad de los juicios por el terrorismo de Estado y critica “la banalización de la memoria”. Denuncia la existencia de presos políticos, el “negacionismo” de varios funcionarios de Gobierno y sentencia: “Seguimos resistiendo”.

“Venimos a defender lo que hemos logrado en políticas de Memoria, Verdad y Justicia que fueron reconocidas desde el Estado por los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.

Las críticas cayeron de lleno sobre la gestión de Mauricio Macri, que hoy cumple un año de su asunción como presidente. Los organismos criticaron “el agravamiento de la situación de los derechos humanos” durante este período así como también la profundización de “la vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo”.

“Sin derechos no hay democracia -continuaron-, porque cuando todo se concentra arriba, abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. El macrismo es el gobierno de la exclusión planificada, de los derechos para pocos”.

También recordaron que continúa desaparecido desde 2006 del testigo Jorge Julio López y sostuvieron que hay “obstáculos para avanzar con la investigación y el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”, particularmente contra los responsables civiles de la dictadura. Al respecto, recordaron que el Poder Legislativo “tiene pendiente” la puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante esos años.

Criticaron, además, el desguace de las políticas de acompañamiento a testigos de causas por delitos de lesa humanidad, la recepción por parte de funcionarios nacionales de “agrupaciones de familiares de los genocidas que piden amnistía” y el continuo intento de apartar de su cargo a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, “quien potenció la actuación del Ministerio Público en estas causas”.

Los reclamos llegaron hasta el intento del Gobierno de cambiar el feriado del 24 de marzo, fecha en que se recuerda el último golpe de Estado genocida. También se pronunciaron contra el retorno de las “razzias” policiales, la “represión de protestas sociales y sindicales”, los “ingresos brutales (de las fuerzas de seguridad) a barrios y las “requisas personales sin causa en la vía pública”.

“Estas políticas represivas son validadas desde el poder y por los medios de comunicación  que ayer estigmatizaban a los 30 mil y sus compañeros, y que hoy justifican la violencia y la persecución a los sectores populares, principalmente a los jóvenes y a los migrantes.”

Advirtieron, por último, la existencia de “ataques a los gobiernos populares en nuestro continente” con la colaboración de “corporaciones transnacionales” y “las principales potencias imperialistas”, que “descargan hace años una ofensiva feroz que se expresa en cada uno de nuestros países”. Elogiaron también el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC, exigieron el levantamiento del bloqueo contra Cuba y recordaron a Fidel Castro, y elogiaron al pueblo de ese país “que sigue defendiendo las banderas de la revolución”.