La familia Macri tiene una larga tradición en crear empresas offshore en guaridas fiscales. Mientras la justicia investiga la vinculación del presidente Mauricio Macri con empresas fantasmas creadas en Panamá (reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas y conocido como Panama Papers), suma datos sobre empresas offshore de la familia presidencial. Ahora, la investigación que lleva adelante el fiscal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello, agregó la denuncia del senador Fernando “Pino” Solanas y del investigador Alejandro Olmos Gaona sobre otras cinco offshore diseñadas en Estados Unidos y “radicadas” en Panamá, vinculadas a directivos del Grupo Macri muy cercanos al Presidente: Edgardo Poyard, actual presidente de Sideco, y Orlando Salvestrini, durante años directivo de empresas emblemáticas del conglomerado empresarial del Presidente como el concesionado Correo Argentino y ex tesorero de Boca Juniors durante la gestión de Mauricio. Ambos figuran en cinco offshore creadas durante la dictadura militar argentina, que habrían facilitado en una intrincada operación de autopréstamos y seguros de cambio que el Estado se haga cargo de la millonaria deuda de las empresas del Grupo Macri estimada en 230 millones de dólares de aquella época que jamás fueron restituidos.
Público, privado
Olmos Gaona, profesor universitario y un especialista en deuda externa argentina, tomó como base para la denuncia que presentó junto al senador Solanas, la investigación que el ex presidente Raúl Alfonsín impulsó en el inicio en su gobierno sobre la estatización de la deuda privada durante la dictadura que ideó Domingo Cavallo como director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aunque la iniciativa del gobierno radical fue frenada en 1985 –durante su propia gestión– por distintos funcionarios del Banco Central, entre los que se encontraba el actual presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, entonces Jefe del Departamento de Deuda Externa del BCRA.
La investigación que en 1985 impulsó el ex ministro de Economía alfonsinista, Bernardo Grinspun, detectó la existencia de una operación realizada por la empresa Socma (Sociedad Macri) con el Credit Suisse en 1981, de la que también participó una sociedad offshore de nombre Oxemil SA. La offshore constituida en Panamá tenía como directores a dos hombres de estrecha confianza de Franco y Mauricio Macri, altos directivos de las empresas del grupo económico familiar: Eduardo Poyard y Orlando Silvestrini.
Poyard es el actual presidente de Sideco Americana SA, una de las empresas insignia del Grupo Macri. Salvestrini fue el tesorero de Boca Juniors durante la presidencia de Mauricio Macri en el club y durante años directivo de distintas compañías del Grupo Macri: pasó como presidente de Marcosur Technology Communication (MTC), el holding informático del Grupo Macri, que controla diferentes empresas como Itron Argentina e Itron do Brasil, fue presidente del privatizado Correo Argentino que el Grupo quebró y abandonó sin pagar el canon de la concesión, y estuvo al frente de Sideco, otra empresa emblemática del grupo.
Según la denuncia, la offshore Oxemil SA fue parte del intrincado entramado financiero que el Grupo Macri armó con autopréstamos entre diferentes empresas del grupo y los seguros de cambio contratados por el mismo conglomerado controlado por Franco y Mauricio Macri. Esto terminó en la transferencia al Estado nacional de las deudas contraídas por su empresas Sevel y Sideco, entre otras. “Una cifra que en aquellos años que los investigadores del Banco Central habrían estimado en más de 230 millones de dólares”, aclaró Olmos a PáginaI12. La investigación verifica que las compañías privadas terminaron cargando sobre el Estado argentino, por decisión de la última dictadura, una cifra que alcanzaba los 17 mil millones de dólares.
El escrito que tiene en sus manos el fiscal Delgado también detalla que un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac) determinó que documentación de una de las offshore más comprometidas en esa operación (Omexil) era parte de la información que en una caja codificada Sideco Americana (Grupo Macri) guardaba en la incendiada Iron Mountain.
“La operatoria parece haberse convertido en una habitualidad del grupo empresario, ya que existe un verdadero patrón para constituir empresas offshore, y efectuar transferencias accionarias y de dinero, que arranca precisamente de 1982, cuando se produjo la estatización de la deuda privada”, dice la denuncia.
Buenos Aires-New York-Panamá
La lista de las offshore panameñas continúa con Niagara Holding Corp, registrada el 12 de agosto de 1981, con Salvestrini como presidente. Grandberry Inc., registrada el 10 de noviembre de 1980, con Poyard como vicepresidente y Salvestrini como tesorero. Lorela SA, registrada el 23 de marzo de 1981, repite el mismo esquema con Poyard como vicepresidente y Salvestrini como tesorero.
En todas ellas el “agente residente” es el estudio de abogados Icaza, González Ruiz & Aleman. En todas, también aparece con algún cargo directivo George Pavia, un abogado neoyorquino que representa los intereses de grupos italianos en Estados Unidos, y que “algunos vinculan con operaciones mafiosas”, aclara la denuncia. La justicia también tiene en sus manos la totalidad de los integrantes del directorio de cada offshore y las copias de las escrituras de cada una de ellas en el registro de Panamá.
La denuncia también aporta la vigencia de las empresas offshore creadas en Panamá. Aunque después de concertarse la estatización de la deuda privada de las empresas radicadas en la Argentina, el abogado neoyorquino modificó el directorio de Oxemil SA en 1983, quitando a Poyard y Silvestrini de su conducción. “Tal vez para que cualquier investigación de aquella época no pudiera ligar a los gerentes y hombres de suma confianza de Franco y Mauricio Macri a las empresas del Grupo familiar”, explicó Olmos a este diario. Los cambios sufridos en el directorio de Oxemil también figuran en la investigación que llevan adelante el fiscal Delgado y el Juez Casanello.
Una cuarta empresa offshore –que aporta la denuncia– creada durante esos años es Sideco Americana SA, registrada el 10 de junio de 1981 por los abogados panameños Tapia y Asociados y presidida por Francisco Macri. “Se trata de otro hecho altamente sospechoso. La constitución de una offshore de nombre Sideco Americana SA, que tiene el mismo nombre de la sociedad Sideco Americana de los Macri que opera en la Argentina, hace suponer que se trata de ocultar negocios realizados en la Argentina a través de la empresa panameña”, sostiene el investigador y denunciante. “Cuando saltó lo de Fleg Trading por los Panama Papers, Sideco Americana se retiró de la Bolsa de Comercio para evitar que se conozca su documentación y balances”, insistió Olmos Gaona ante PáginaI12.
San Pablo papers
“También detectamos que en 1985 entre Mauricio Macri y su padre, constituyeron Grumafra SA y que el 9 de octubre de 1995 entre las sociedad Grumafra y Socma Americana, ambas del grupo Macri, por acta de directorio se resuelve crear Owners do Brasil Participacoes, con domicilio en San Pablo, que después de varias ampliaciones, le vende sus acciones a Fleg Trading, por 9.340.000 dólares”, sostiene Gaona.
“Esta última sociedad, Fleg Trading, también de Franco y Mauricio Macri, el Presidente dijo que se había ‘olvidado’ que estaba activa, y luego dijo que no había tenido movimientos, aunque está acreditada esa operación millonaria en dólares”, agregó el investigador.
La denuncia presentada por Solanas y Olmos aportó ante la justicia toda la documentación que acredita la existencia de todas estas sociedades offshore en Panamá, y le solicitó al titular de la fiscalía federal 6 de los tribunales porteños “que investigue todos los negocios por estas empresas desde 1981 en adelante, ya que todas esas empresas están vigentes”.
Una tarea compleja. La causa que investiga el fiscal Delgado ya suma (con esta nuevas cuatro) unas 29 empresas offshore a nombre de los principales responsables del Grupo Macri, Franco, el presidente Mauricio Macri, hermanos y familiares, además de las relacionadas con los Ceos de sus propias compañías. Así como varias las 18 offshore hasta ahora conocidas de varios de los funcionarios macristas del Gobierno nacional, otros ex funcionarios de Mauricio en la jefatura de Gobierno porteño y del empresario y amigo personal (con el que comparte negocios) Nicolás Caputo. A todos ellos, el Presidente les abrió la posibilidad de blanquear sus activos a través de un decreto simple que dictó cuatro meses después de reglamentar una ley que prohibía expresamente que los familiares de funcionarios se pudieran acoger al “sinceramiento fiscal” que propuso el Gobierno. Un tema que también analiza la justicia.
