A través de un informe, Amnistía Internacional denunció la persecusión del gobierno de Javier Milei a los periodistas y comunicadores sociales argentinos, en especial a las mujeres, y el agravio de las políticas de recrudecimiento de la criminalización de las protestas sociales a través de la implementación de "protocolo antipiquetes" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.