Cinco de las diez instituciones públicas mejor rankeadas en la última edición del Índice de Transparencia que confecciona y publica trimestralmente la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) son universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense.
El ranking se encuentra actualmente liderado por la Oficina Anticorrupción (OA), con puntaje ideal: 100 sobre 100. A la OA le sigue la Universidad de San Martín (UNSaM) con 98 y del sexto al décimo puesto, el listado lo contemplan las universidades nacionales de Mar Del Plata (96,9), Cuyo (95,8), La Plata (95,7), Lanús (95,4) y Quilmes (94,9).
No se trata de un hecho aislado. La edición anterior había mostrado resultados muy similares. La encabezaba la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), seguida por Mar Del Plata y Quilmes. Apenas por debajo, figuraban la UNLP y la UNSaM. Es decir, los mismos actores pero en otro orden.
El dato oficial, una vez más, deja al gobierno sin el argumento del "curro" para justificar la motosierra y desmiente el discurso del presidente, según el cuál las universidades "no quieren ser auditadas".
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovello, de quien depende la Secretaría de Educación, encargada por parte del ejecutivo de discutir el presupuesto con las casas de estudios, aparece recién en el puesto 16 y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el 24.
La AAIP es una agencia del Estado nacional creada por ley en el año 2016. Entre otras funciones, audita la cantidad, calidad y frecuencia de la información que publican más de 200 dependencias estatales.
Este índice evalúa la completud, actualización y disponibilidad de la información y abarca puntos como datos de las autoridades, registro de audiencias, registro de obsequios, declaraciones juradas y presupuestos.
Historia reciente
Las universidades públicas fueron el primer "cable pelado" en manos del gobierno, antes que los médicos del Garrahan y simultaneamente con los jubilados. El conflicto por los fondos entre las universidades públicas y el gobierno nacional se prolongó durante todo 2024 y continúa.
El Ejecutivo primero anunció que no habría ninguna recomposición presupuestaria, repitiendo para el año pasado las partidas comprendidas en el ejercicio 2023, establecidas en 2022, cuando la inflación acumulada era ya de más de 150 puntos.
El 23 de abril, la movilización popular marcó un hito en el conflicto. Una cantidad de gente cómo no se veía desde hacía mucho tiempo colmó la Plaza de Mayo, varias cuadras de la Avenida de Mayo y las calles paralelas, además de las plazas principales de todas las capitales provinciales del país.
El mensaje fue contundente y obligó al gobierno a negociar. Fue un reclamo que atravesó sectores políticos y clases sociales, incluyendo a votantes del oficialismo disconformes con la medida. También impactó negativamente sobre el incipiente armado libertario en distintas universidades.
Finalmente, se actualizaron los montos necesarios para cubrir gastos operativos corrientes como servicios, energía, seguridad y limpieza, sin los cuales las universidades no hubieran podido abrir sus puertas, y el ajuste recayó sobre los salarios docentes y no docentes, que conforman el 90 por ciento de la estructura de costos.
La siguiente gran marcha federal fue en el mes de octubre, con un doble objetivo. Primero, lograr una recomposición de haberes, y luego lograr la sanción de una ley de financiamiento universitario, que deje esas partidas a salvo de motosierras y caprichos presidenciales.
El pasado 28 de mayo, ingresó en Diputados el proyecto de ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los sindicatos docentes y no docentes. En la última sesión, el oficialismo se retiró del recinto pra no tratarlo. La próxima cita es el 2 de julio.
UNLP
La casa de estudios fundada por Dardo Rocha subió un puesto respecto de la edición anterior del mismo ranking, cuando se ubicó novena. “Se trata de la validación objetiva de una política estratégica, que reconoce a la transparencia y al acceso a la información pública como ejes centrales de su identidad institucional”, afirmaron desde Presidencia a través de un comunicado.
"Estos avances no son logros circunstanciales, sino el resultado de un trabajo planificado, sostenido y articulado, enmarcado en el Plan Estratégico de la Universidad", agrega el texto.
