Paradójicamente, la etapa democrática que vivimos desde 1983, lejos de fortalecer los partidos políticos, los ha debilitado hasta hacerlos desaparecer o convertirlos en meros sellos, sólo utilizables durante las campañas electorales. Ello ha provocado una serie de perniciosas consecuencias, entre las que se destaca la ausencia casi total de un debate político serio y profundo, que esclarezca objetivamente a la sociedad sobre los problemas comunes que debe resolver, desde la óptica de hombres públicos que consagren desinteresadamente su vida a la cátedra y la gestión comunitaria. Ese debate ausente ha sido reemplazado, lamentablemente, por la prédica reiterada, tendenciosa y rastrera de una pléyade de comunicadores mediáticos a sueldo, que pretenden erigirse en los fiscales de la República, aunque sólo representan intereses concretos y particulares, que se guardan muy bien de explicitar, simulando gran preocupación por el acontecer político y económico de nuestro país, cuando en realidad lo único que hacen es propalar continuamente el discurso que les escriben sus patrones. Y es que el neoliberalismo arrasó con las fronteras que delimitaban lo público y lo privado hasta el punto en que algunos poderosos sectores económicos han pretendido confundir sus intereses particulares con los de la propia patria, a la que invocan sin reparo alguno apenas sienten mínimamente amenazados sus privilegios, consiguiendo, gracias a ese periodismo dependiente, que otros sectores sociales cuya realidad nada tiene que ver con la de aquéllos, caigan ingenuamente en su trampa. Ahora, las grandes corporaciones mediáticas, que de ninguna manera representan el interés general y que no permiten que salga a la consideración pública otra versión de la realidad que no sea la suya, negando el derecho de expresión y de información de los ciudadanos, apelan a la libertad de prensa y se rasgan las vestiduras ante la mínima posibilidad de que los verdaderos y únicos representantes del pueblo amplíen esos derechos a toda la sociedad. Una vez más, los intereses pugnan denodadamente por avasallar los derechos. Por lo menos, sepámoslo.

Francisco Martínez Pería

Abogado - L. E. 7.737.709