–¿Cuál es el aporte del sector privado?

–Hay 4500 empresas, pymes, sobre todo, que completaron un ciclo de desarrollo y alcanzaron objetivos de innovación tras presentar propuestas y recibir apoyos públicos. Este modelo de trabajo de articulación públicoprivada ahora tiene el desafío de acelerar el ritmo.

–El objetivo es llegar a 10 mil empresas que logren innovaciones en los próximos cuatro años, es decir, que el 15 por ciento de las empresas industriales tenga un marcada capacidad de innovación. De esta forma se construye un actor productivo que actúa con una lógica distinta, que no está preocupado sólo en la devaluación de la moneda como recurso para generar competitividad sino que se siente atraído por otros intereses acordes a las políticas públicas que generamos.

–El rol del Estado como actor principal se ha fortalecido de manera notable. En términos de desarrollo, se percibe en la ciudadanía una mejora en las oportunidades del empresariado que cuenta con mejores posibilidades de inversión. Lo más apropiado sería que lo público y lo privado se dividieran y aportaran un 50 por ciento cada uno. Sin embargo, más allá de las brechas entre los números a los que aspiramos y los que aún perduran, hemos realizado avances muy significativos.

–Avanzamos cuando el Estado impulsa empresas públicas; cuando las pymes innovadoras no son marginales y forman parte del corazón del desarrollo y cuando impulsamos mesas de debates y consensos con proveedores. Es decir, no sólo es necesario que inviertan más los que menos invierten, sino que se ejecuten acciones que tiendan a engordar la dinámica del campo. Contamos con un Estado fuerte que no sólo está ocupado en regular actores sino en crear oportunidades.