CONTRATAPA

La barbarie, la casualidad y la memoria

 Por Eric Nepomuceno *

La comisión de amnistía del Ministerio de Justicia brasileño empieza, hoy y mañana, a conceder las primeras indemnizaciones a campesinos que hace más de treinta años fueron detenidos y torturados por el ejército. Todo eso ocurrió durante operaciones de combate a la guerrilla instalada en la región del río Araguaia, Pará, en la Amazonia. La ceremonia en la localidad de San Domingos deberá contemplar a 40 víctimas. Alrededor de 240 casos fueron llevados al análisis de la comisión de amnistía, que ya se definió por 120, considerando que “quedó más que comprobado” que los crímenes fueron efectivamente cometidos por las fuerzas armadas. A nombre del Estado brasileño se pedirá formalmente perdón a los moradores de aquella región.

Los militares brasileños siempre insistieron en que no quedó ningún registro oficial, ningún archivo, nada de nada sobre las operaciones contra la guerrilla del Araguaia, llevada a cabo por el Partido Comunista do Brasil (PcdoB), de tendencia maoísta. De paso, rechazaron siempre –clasificándolos de fantasía izquierdista– relatos sobre mutilaciones, degollados, torturas y violaciones llevadas a cabo por la tropa. Al no existir ninguna información oficial es imposible encontrar el lugar en que se enterraron los cadáveres de las víctimas y, menos aún, saber cómo se dieron las operaciones en el Araguaia. Al no haber registro, no hay cómo determinar sus responsables.

Entre 1972 y 1975 operaciones conjuntas del ejército, la marina y la fuerza aérea se dedicaron a aniquilar los focos guerrilleros. Los números oficiales indican que murieron en combate 59 militantes, 16 militares y diez moradores de la región. Hay causas judiciales requiriendo información sobre 22 desaparecidos, casi todos pequeños agricultores. Sobrevivientes de la guerrilla aseguran que los muertos fueron muchos más, inclusive entre las tropas del ejército. Las fuerzas armadas insisten en los números oficiales, reiterando siempre que los archivos ya no existen.

Sin embargo, la casualidad –la simple casualidad– comprobó que, al contrario de lo que dijeron y dicen los altos mandos militares, los documentos sí existen. Lo probó un trámite burocrático banal, iniciado en 1990 por un teniente retirado llamado José Vargas Jiménez. Luego de recordar sus tiempos de tropa, él concluyó que bien se merecía una condecoración. Solicitó nada menos que la Medalla del Pacificador en su grado máximo.

Empezado el trámite de rutina, Jiménez recibió en su casa, y por equivocación (al fin y al cabo, había solicitado nada más que una medalla), varios documentos con el sello de “secreto” con todas las informaciones que supuestamente no existían. Son registros de operaciones, y comprueban que al menos veinte guerrilleros fueron llevados a bases militares con las manos esposadas y luego aparecieron como “muertos en combate”. Hay nombres y fechas, además de la trascripción de los testimonios prestados en los interrogatorios bajo tortura. El guerrillero Antonio de Pádua da Costa llegó vivo a una base del ejército el día 24 de enero de 1974, según el registro firmado por quien lo detuvo, el mismo Vargas Jiménez. El guerrillero Antonio de Pádua da Costa murió en combate el 5 de marzo de 1974, según el registro oficial de la marina, que lo mató. Entre una fecha y otra, quedó a disposición de las fuerzas armadas. Hay inclusive fotos de ese período.

Entre los documentos entregados a Vargas Jiménez estaba el “Plan de Búsqueda y Aprehensión” producido por el ejército, que señalaba a 17 campesinos como cómplices de la guerrilla. Uno aparece en la lista oficial de muertos en combate. Los otros 16 integran la relación de desaparecidos. Sus nombres constan en las listas de la comisión de amnistía del Ministerio de la Justicia y sus familias serán indemnizadas.

José Vargas Jiménez fue jefe de grupos de combate responsables por la muerte de al menos 32 guerrilleros en el Araguaia entre octubre de 1973 y febrero de 1974. “Las órdenes eran claras: disparar primero, preguntar después. Entramos para destruir, para matar, no para hacer prisioneros. La cuestión era clara: exterminar. Y no veo por qué ocultar que hubo tortura y que estamos hablando de exterminio”, dice. Y cuenta más: muchos de los cuerpos fueron dejados a la intemperie, para ser devorados por animales. Recuerda el caso de tres guerrilleros que fueron degollados y tuvieron sus manos amputadas. Recuerda haber participado en la muerte del ex diputado Mauricio Grabois, principal líder de la guerrilla, en el día de Navidad de 1973. Y también de la muerte de Maria Lucia de Souza, la temible “Sonia”, que hirió a tiros a dos oficiales antes de ser destrozada por ráfagas de ametralladora disparadas por los militares que la detuvieron, Vargas Jiménez entre ellos.

A tiempo: al teniente retirado le fue concedida la Medalla del Pacificador en su grado más elevado. Ahora, él contó lo que sabía y reprodujo parte de la documentación recibida en un libro llamado Memorias de un guerrero de la selva.

Enfrenta un juicio del ejército por divulgar documentos secretos. Los mismos documentos que, según el ejército, no existen. Y que por primera vez circulan a la luz del día, en una edición pequeña, casi imposible de encontrar, y que el autor, con su grado de Pacificador, pagó para imprimir.

* Escritor y periodista brasileño. Su último libro es O massacre.

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