EL PAíS › LA CARRERA DE LUIS PATTI

El pasado de un pesado

 Por Adriana Meyer

“Voy a ser claro. La policía, para esclarecer un hecho tiene que cometer no menos de cuatro o cinco hechos delictivos. ¿Cuáles son esos delitos? Privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilio, entre otros.” La frase fue pronunciada por el represor y diputado electo Luis Abelardo Patti el 4 octubre de 1990, al entregarse tras siete meses de estar prófugo en el caso Bárzola-Guerrero. Con los años vinieron otras. “Que digan que participé en la lucha contra la subversión, que digan que soy un torturador, no lo niego. Pero no me acusen de chorro y de corrupto”, dijo en 1996. El mismo año declaró a Página/12 que “la policía tiene que ser profesional, conseguir los datos y, si es necesario, a través de una patada en el traste que el acusado diga dónde están los televisores que robó o la bombachita de la nena que fue violada”.

Hace diecisiete años el ex diputado Luque se fue de boca –declaró que poseía los medios para hacer desaparecer el cadáver de María Soledad Morales si su hijo hubiera sido el asesino– y la conmoción que causaron sus palabras le costó la banca. Además de los procesamientos confirmados y el abultado listado de acusaciones, ¿tendrán en cuenta estas frases los diputados que hoy voten el desafuero de Patti?

Su legajo policial y las numerosas causas en las que estuvo acusado demuestran su coherencia al momento de accionar. Trece son los sumarios que hay en su legajo por apremios ilegales, atentado, resistencia a la autoridad y cuádruple homicidio en riña, privación ilegal de la libertad, hurto, tentativa de robo, abuso de armas y tenencia de arma de guerra, entre otros delitos. En 1975 Patti ya era policía, y sus superiores eran del círculo íntimo del general Ramón Camps. Al año siguiente estuvo imputado por la aplicación de tormentos a Julio Di Battista, pero fue sobreseído. En 1977 fue acusado por el fusilamiento de tres jóvenes que jugaban al metegol. El hecho fue revelado sólo por el diario El Actual, que dirigía Tilo Wenner, quien permanece desaparecido. Obtuvo su tercer sobreseimiento por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Sin embargo, la Cámara de San Nicolás dejó constancia de que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos originales. En enero de 1990 una comisión policial encabezada por Patti mató a Luis Selaye en Garín. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38 que, según el policía Isabelino Miño, estaba “en el despacho de Patti con anterioridad porque siempre hablaba que debía ser utilizado para justificar su presunto enfrentamiento”, tal como publicó este diario el 5 de enero de ese año. El ex comisario tampoco fue procesado por este caso.

El 4 de octubre de 1990 Patti se entregó y quedó detenido por torturar a los presos comunes Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La Corte Suprema bonaerense comprobó el paso de corriente eléctrica por el cuerpo de ambos. Patti recusó al juez que lo había procesado y en 1995 la Cámara de San Isidro lo absolvió por prescripción.

De todo esto sólo quedan en pie la incipiente reapertura del caso Cambiasso-Pereyra Rossi, el procesamiento por encubrir a un represor que estaba prófugo en la causa de la Contraofensiva, que va camino a juicio oral, y la causa por el secuestro de Diego Muniz Barreto, el homicidio de Gastón Gonçalves y otros cinco casos. Patti no sólo utilizó “mano dura” –la misma que le valió 400 mil votos– para esclarecer delitos, como confesó. Durante la dictadura, tuvo predilección por el acoso a militantes justicialistas y delegados sindicales, tal como pusieron en evidencia los testigos que desfilaron en 2005 durante el proceso de la impugnación de su diploma, en Diputados. La mayoría de las víctimas de Patti no vivió para contarlo. Mediante el amedrentamiento de las que sobrevivieron y de los testigos, y la persecución a funcionarios judiciales con falsas denuncias, además de desplegar una batería de argucias legales para conseguir que las causas prescriban por el paso del tiempo, Patti logró que aún le valga la presunción de inocencia. Una garantía fundamental que el torturador confeso invoca al momento de exigir la banca que le asegure nueva inmunidad, ahora parlamentaria.

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