CONTRATAPA

Seguridad y derechos

 Por Washington Uranga

A pesar de que la lucha contra la inseguridad ha sido uno de los estandartes de campaña de la Alianza Cambiemos y, en particular del presidente Mauricio Macri, los informes que manejan especialistas en el tema echan por tierra cualquier certeza respecto de que la situación en la materia haya mejorado en los meses que llevamos de nuevo gobierno. Lo que sí ocurre, tal como lo ha señalado Esteban Viú en estas mismas páginas, es que existe un sistemática práctica de silencio sobre el tema en los medios de comunicación hegemónicos estableciendo una enorme diferencia de comportamiento con lo que, los mismos medios y sobre el mismo tema, hacían antes del 10 de diciembre el año anterior. (ver “Un blindaje para la inseguridad” en Página/12 del 6 de julio de 2016).

Sin embargo, asistimos en forma permanente a un bombardeo de imágenes de detenidos que, sin motivo aparente alguno, son trasladados mediante mega operativos con gran despliegue de fuerzas especiales de seguridad. ¿Eso es seguridad? ¿O se trata del montaje de escenas destinadas a llenar pantallas televisivas para provocar impactos en las audiencias? Por una parte se pretende instalar la sensación de que el Gobierno tiene gran capacidad para controlar la situación y, por añadidura, subrayar la idea de que su potencial represivo está intacto o aumentando. Por otra acrecentar la imagen de la importancia de los detenidos o de la gravedad de aquello que se le imputa. En síntesis: no es una cuestión relacionada con la seguridad. Se trata, más bien y primariamente, de una pieza más de la estrategia comunicacional del oficialismo.

Pero más allá de eso pensar la seguridad no puede ser simplemente una cuestión asociada a la represión de los delitos o los crímenes. La seguridad es un concepto que, primordialmente en América latina, se lo ha relacionado con los derechos humanos y con la calidad de vida. Así el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define a la seguridad ciudadana como “uno de los medios o condiciones para el desarrollo humano, el que a su vez se define como el proceso que permite ampliar las opciones de los individuos...[que] van desde el disfrute de una vida prolongada y saludable, el acceso al conocimiento y a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente, hasta el goce de las libertades políticas, económicas y sociales”(“Guía de Evaluación de la Seguridad Ciudadana en América Latina y El Caribe”. Centro Regional de conocimientos y servicios para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2006).

Sobre la base de este mismo razonamiento se puede decir que la seguridad ciudadana garantiza derechos humanos fundamentales. Ya en su informe sobre desarrollo humano de 1994 el PNUD definía también la seguridad ciudadana “como la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados (...) De este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección estatal. En suma, la seguridad ciudadana deviene una condición necesaria –aunque no suficiente– de la seguridad humana que, finalmente, es la última garantía del desarrollo humano. Por consiguiente, las intervenciones institucionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”.

Lo que estamos viviendo en el país poco tiene que ver con lo anterior. Porque las acciones delictivas siguen existiendo a pesar de que sean silenciadas por los medios que actúan como voceros y defensores del oficialismo, pero sobre todo porque a ello se viene sumando la acción impune de grupos que acosan, agreden y violentan los derechos ciudadanos mientras los funcionarios de gobierno y, a través de ellos, el Estado permanecen impávidos cuando no cómplices frente a tales situaciones. Y porque aumenta, desde el Estado, la violencia contra los pobres.

Ocurre con el aumento de la represión a la protesta social. Se ve en la forma de actuar de las fuerzas de seguridad que, envalentonadas por el “clima de época” acosan sin motivo alguno a jóvenes por el solo hecho de “portación de rostro”. Ocurrió en días pasados con el accionar de una patota que ingresó a las instalaciones de Tiempo Argentino y radio América para destrozar lo que estuvo a su alcance y cuyos integrantes terminaron saliendo del lugar protegidos por la policía y frente a la inacción de una fiscal que se escudó en “evitar males mayores” para dejarlos en libertad a pesar de la flagrancia de los delitos cometidos. Algo similar ocurrió con el robo a la capilla de Isla Maciel, el lugar visitado por Cristina Fernández hace unos meses para reunirse con los Curas en la Opción por los Pobres. Nadie podría decir que se trata de un hecho casual, como bien lo señaló el padre Paco, titular de la parroquia. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, fue quien salió de inmediato en auxilio de la comunidad parroquial afectada porque se robaron y dañaron bienes que no eran de la parroquia sino de los vecinos. Por más que el Gobierno pretenda venderlo de otra manera, tampoco es un aporte a la verdadera justicia y la seguridad ciudadana una “ley del arrepentido” para ser utilizada a gusto y placer de quienes hoy están en el poder.

Siguiendo la lógica establecida por el Gobierno en todos los niveles también la represión a la protesta social progresa a medida que no encuentra resistencia, para retroceder luego y volver avanzar. Pero siempre dejando un saldo en contra de los derechos ciudadanos. Sucedió con las tarifas y con otros anuncios. Ocurrió también con los anuncios acerca del “protocolo de seguridad”. Por el momento los “cinco minutos” para desalojar prometidos por la ministra Patricia Bullrich no han podido concretarse. Pero la norma está para ser aplicada cuando las resistencias desaparezcan.

Restringir la seguridad ciudadana apenas a un tema delictivo y transformarla además en un espectáculo para los medios, seleccionando también aquello que debe o no ser incluido bajo ese ítem, es una estrategia más de recorte de derechos. No hay verdadera seguridad ciudadana desconectada de los derechos humanos. Y por lo tanto se viola igualmente la seguridad cuando se atenta contra la libertad de expresión o cuando se ejercen actos intimidatorios contra las personas y cuando tales hechos son tolerados o apañados por quienes tienen, por responsabilidad de gobierno, la obligación de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.

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