ECONOMíA › LA CRISIS POR LOS PRECIOS AGRICOLAS

El colapso alimentario

 Por Raúl Dellatorre

Los gobernantes de cuatro países de Sur y Centroamérica, adheridos a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América, ALBA, firmaron ayer un acuerdo para la implementación de programas que garanticen la soberanía alimentaria regional. Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia convocaron a una cumbre extraordinaria de urgencia para tratar la explosiva situación política en el último país (ver más información en nota “La región atiende a Bolivia”) y los problemas relacionados con la seguridad alimentaria, a partir de los constantes aumentos en los precios de las materias primas agrícolas.

Carlos Lage, vicepresidente cubano, y los jefes de gobierno de Nicaragua y Bolivia, Daniel Ortega y Evo Morales, respectivamente, arribaron a Caracas entre la tarde y noche del martes. Mantuvieron varias reuniones con su anfitrión, Hugo Chávez, y ayer al mediodía pudieron presentar el acuerdo alcanzado para emprender en conjunto “programas integrales de desarrollo agroindustrial en cereales, principalmente arroz y maíz; leguminosas, frijol, oleaginosas, carnes, leche y agua para riego de sembrados”. Para llevarlo a la práctica, se comprometió la creación de un fondo con un capital inicial de 100 millones de dólares.

El tema de la seguridad alimentaria ganó rápidamente espacio en los debates internacionales, al hacerse evidente que la tendencia actual a la suba de los precios de las materias primas no va a revertirse. El alza del 30 al 70 por ciento, en menos de un año, de los productos que componen la dieta alimenticia mundial puso en alerta a analistas y funcionarios, conscientes de la amenaza de las crisis políticas y sociales que podrían sobrevenir con el masivo corrimiento de población hacia la marginalidad más extrema. Túnez y Haití ya declararon la emergencia alimentaria. Y no serán los únicos.

Durante el encuentro realizado en el Palacio Miraflores, sede de gobierno en Caracas, los representantes de los países que integran el ALCA advirtieron sobre la responsabilidad política de los bloques dominantes en la actual crisis. “Esta crisis demuestra el fracaso histórico del capitalismo”, clamó Chávez. Lage, vicepresidente de Cuba, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros y economista, fue quien desarrolló en forma más documentada las consecuencias de este encarecimiento de productos agrícolas para el mundo.

Las naciones industrializadas, señaló, destinan cerca del 10 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos, en tanto los pobres y subdesarrollados llegan hasta el 65 por ciento. “Las economías más pobres no tienen respuesta para enfrentar ese escenario”, advirtió, señalando que esta crisis es “parte de una lógica capitalista donde importa la ganancia y no satisfacer necesidades”.

“La crisis alimentaria afecta a todo el mundo, se expresa en el crecimiento de precios y provoca inflación, una inflación mundial de la que nadie se salva.” Como ejemplo del impacto en consumos indispensables en la dieta de países pobres, Lage indicó que una tonelada de arroz que en el año 2002 valía 220 dólares, hoy se comercializa en 860 dólares y “ya se realizan operaciones, con entrega a un año, que se cotizan a 1200 dólares la tonelada”.

Mientras los subdesarrollados son los que más sufren las consecuencias, “hay un manejo irresponsable de la economía de Estados Unidos, en recesión” y derramando sus costos al resto del mundo, acusó Lage. “En una reciente reunión del Banco Mundial se anunció que se pediría a las potencias 500 millones de dólares para encarar el asunto. ¿Qué son 500 millones en estas circunstancias? ¿Qué van a resolver? ¡Es un engaño, una mentira! Si Cuba solamente, por los precios, va a necesitar este año mil millones de dólares más que en el anterior para importar alimentos.”

Lage proclamó que “los gobiernos tienen la responsabilidad de atenuar los efectos inflacionarios” sobre los alimentos en sus propias economías. Como si se tratara de una respuesta directa, pocas horas después se conocía que Brasil suspendió las exportaciones de arroz de sus inventarios públicos (existencias en manos del Estado) y pedirá al sector privado que haga lo mismo, para defender el mercado interno y contrarrestar las alzas de precios.

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