ECONOMIA › PROYECTO DE LEY PARA FLEXIBILIZAR EL SECRETO BANCARIO

La apertura uruguaya

El gobierno de Mujica anunció que avanzará con una iniciativa largamente esperada y reclamada: un cambio a la legislación al secreto bancario. Allí hay 2500 millones de dólares de argentinos.

El gobierno de Uruguay dio ayer un paso trascendental: anunció que esta semana enviará al Congreso un proyecto de ley para flexibilizar el secreto bancario. Así lo dijo el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, luego de una reunión del Consejo de Ministros. “Queremos despejar toda duda respecto de la calidad de nuestra administración tributaria y de la cooperación internacional”, remarcó el funcionario, quien adelantó que la iniciativa establece que la Dirección General Impositiva (DGI) podrá requerir a la Justicia el levantamiento del secreto siempre que haya “denuncias fundadas” contra algún contribuyente. El presidente José Mujica había adelantado antes de llegar a la Presidencia que avanzaría con una ley en ese sentido. El gobierno argentino fue muy crítico de la gestión anterior, a cargo de Tabaré Vázquez, por negarse a firmar acuerdos de cooperación tributaria y por mantener sin cambios el secreto bancario.

De acuerdo con datos del Banco Central de Uruguay, el 18 por ciento de los depósitos pertenecen a no residentes. Son alrededor de 2500 millones de dólares, en su mayoría de argentinos. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, advirtió en los últimos meses que a través del sistema bancario del país vecino se triangularían exportaciones de granos para evadir impuestos, entre otras operaciones que generan sospecha. Por ahora, el anuncio de Lorenzo fue que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley para flexibilizar las condiciones de acceso a información de contribuyentes con “denuncias fundadas” de evasión. El Frente Amplio –en el gobierno– tiene mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

“Con esto se termina todo tema sobre listas en las que el país pudo haber sido incluido”, sentenció el ministro uruguayo, en referencia a los registros internacionales –de la OCDE, del Grupo de los 20 o de organismos que combaten en lavado de dinero– sobre paraísos fiscales. Uruguay tuvo el año pasado un paso fugaz por la “lista negra” de la OCDE y luego quedó dentro de un “grupo gris” de países a ser observados con atención. Mujica se propuso sacar a Uruguay de esa situación. “El secreto bancario cumplió una etapa y no está para nada a tono con una política de integración”, declaró poco antes de las elecciones que lo consagraron presidente. Lucía Topolansky, su esposa y senadora, agregó: “No es justo para argentinos y brasileños que Uruguay le dé cabida al anonimato bancario, porque se sabe que hay personas que evaden impuestos trayendo su dinero aquí”. Con este proyecto, Uruguay se pondría a salvo de sanciones internacionales por defender el secreto bancario.

Lorenzo precisó que la iniciativa está inspirada en una modificación a la legislación que realizó Chile. El funcionario indicó que ley permitirá a la DGI pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario para un contribuyente en particular, siempre que “tenga denuncia fundada” de comportamiento ilícito. En la actualidad, sólo los jueces pueden pedir en los tribunales el levantamiento del secreto bancario. “Se introducen cambios procedimentales (...) y en los criterios que refieren al levantamiento del secreto bancario. Estamos extendiendo los argumentos y los fundamentos que pueden dar lugar al levantamiento del secreto a instancias en las cuales la autoridad tributaria tenga denuncia fundada”, explicó el ministro.

Asimismo, Lorenzo señaló que el proyecto avanza con la imposición del impuesto a la renta a los uruguayos que tengan depósitos en el exterior. “Los activos involucrados son préstamos realizados por residentes a no residentes, a depósitos y colocaciones en el exterior o participaciones en el patrimonio de entidades no residentes”, explicó. El proyecto se suma a la decisión anunciada la pasada semana por el Banco Central del Uruguay de publicar en su página web una lista de más de medio millón de deudores (tenedores de crédito superiores a 2500 dólares), orientada según las autoridades a promover una mayor transparencia y comunicación a los usuarios externos al sistema financiero.

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“El secreto bancario no está a tono con una política de integración”, declaró Mujica hace meses.
 
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