ECONOMIA › OPINION

Diálogo de uno

 Por Enrique Mario Martínez *

Gustavo Grobocopatel despliega toda su filosofía liberal desarrollista respecto del modelo vigente de producción agrícola, al que considera el deseable, a partir de un planteo de Mempo Giardinelli, que le achaca a la soja buena parte de los males de su Chaco empobrecido, hambreado y sediento.

Es cierto que el agua con arsénico no es culpa de la soja. Es un problema de amplias regiones del país, que necesita definición de los actores políticos locales en cada caso, ya que hay soluciones tecnológicas de la dimensión que se quiera, tanto a escala de ciudades como de cada paraje rural. El INTI y muchos otros lo han estudiado y propuesto las soluciones. Sólo falta darle al tema la misma importancia que a una autopista o una planta de biodiésel para exportar.

Pero eso es lo único no refutable de la nota del potentado sojero.

No es cierto que la agricultura sin campesinos forme parte de un nuevo paradigma productivo. A pesar de todo el proceso de concentración, propio de la inercia capitalista, el tamaño de una unidad productiva promedio en la zona sojera norteamericana es tres veces más chica que en Argentina. Las propiedades que allá aportan el 10 por ciento de mayor facturación tienen 700 hectáreas de promedio. Los 13.000 productores que dominan el 60 por ciento de las cuatro provincias agrícolas más importantes de Argentina explotan un promedio de 2500 hectáreas cada uno.

En Estados Unidos también se da tierra en arriendo, pero sólo el 25 por ciento de la tierra arrendada en Iowa, principal centro sojero y maicero, es tomada por gente de otro estado. Aquí es exactamente al revés. Mucha gente en Argentina gana dinero produciendo soja en tierras que ni sabe dónde quedan, porque se limita a ser capitalista de una actividad que otros implementan.

No es cierto que el paquete tecnológico aplicado sea más conservacionista que el anterior. El herbicida total y la siembra directa reducen el riesgo de erosión. Pero la rotación soja sobre soja ya ha disminuido la fertilidad de algunos predios en más de un 30 por ciento y compacta los suelos, constituyéndose en una preocupación hasta para quienes promovían el esquema ciegamente hace algunos años.

No es cierto que “un emprendedor, no importa su origen, puede llegar a ser productor”. Es casi una burla. Es como decir que quien invierte en cédulas hipotecarias es un constructor. Los pooles de siembra permiten mirar el campo como un negocio financiero de alta rotación. Sin embargo, desplazan toda la ocupación física de detalle, haciendo creíble la imagen ya instalada del desierto verde.

No es cierto que sea bueno que haya menos productores y más proveedores de servicios. No sólo no es eficiente, sino que invitaría al poderoso sojero a sentarse sólo un mes arriba de un camión granelero y comparar esa condición con la del labrador de 50 hectáreas con su propio tractor, para ver cuál elige.

No es cierto que las retenciones son anti desarrollo y anti equidad. Es sorprendente esta afirmación. Son simplemente el aporte impositivo necesario para que la comunidad nacional pueda compartir los altísimos beneficios generados por una actividad vital para el país, pero con barreras de entrada enormes, ya que como se sabe, sin tierra no se puede producir, y la tierra está aquí más concentrada que en cualquier país de potencial agrícola similar en el mundo.

Se propone cambiar el modelo impositivo. En realidad hay que cambiar el modo de uso de la tierra. La fertilidad de la tierra debe ser considerada patrimonio público y no puede admitirse que un propietario la destruya productivamente para las generaciones futuras.

Por lo tanto, debería dictarse una ley de uso racional del suelo agrícola, en que zona por zona, con intervención de los mejores técnicos del país, los productores del lugar y si es necesario especialistas de primer nivel mundial, se establezcan cuáles son las rotaciones admisibles, para evitar el deterioro del patrimonio común.

A partir de allí, cada chacarero debería poder elegir libremente qué menú adopta, pero debería fiscalizarse que lo hiciera. De tal modo, la rentabilidad futura del campo sería la rentabilidad promedio, entre los granos, la ganadería, la lechería, la producción de forraje, sin posibilidad de que alguien se juegue a la ganancia de corto plazo y deje desnudos a todos los argentinos para el largo plazo.

Esta norma, acompañada de la legislación de control ambiental que está faltando y una nueva ley de arrendamientos, que busque que quien cede la tierra y quien la tome tengan mayor proximidad física, para que el desarrollo local no se evapore detrás de las ruedas gigantes de los contratistas transhumantes, configurarían un nuevo escenario virtuoso para la actividad productiva más importante de la historia argentina.

En paralelo con ese nuevo ordenamiento, crecerían las industrias de alimentos locales; podría aumentar enormemente la producción de alimentos en las zonas periféricas, para atender los consumos locales. En fin: la Argentina pasaría a ser de todos y para todos.

De otro modo, la agricultura sin chacareros, que el poderoso sojero pregona, será en algún tiempo la agricultura sin argentinos. Dice que vendió un 25 por ciento de su sociedad a brasileños, para poder crecer. Le hago un pronóstico. Por ese camino, en algunos años, los brasileños venderán a otros brasileños más grandes, que le comprarán mayor porcentaje a usted; éstos luego les venderán a prósperos chinos, en sociedad con jeques petroleros en busca de inversiones que les aseguren sus alimentos. Y usted, yo y los 40 millones de argentinos terminaremos mirando pasar sus camiones desde la banquina. El único consuelo que quedará es que los habremos embromado, porque nuestras tierras ya no tendrán la fertilidad necesaria y a lo mejor no se dan cuenta.

* Presidente del INTI.

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Imagen: Leandro Teysseire
 
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