Abro el diario y leo la declaración de un importante líder sindical de reconocidas posiciones progresistas. Dice que “no puede ser que el mínimo no imponible afecte los salarios de los sectores medios”. Quedo azorado. Este señor plantea ni más ni menos que “los sectores medios” queden excluidos del mecanismo más progresivo –y progresista– de sostenimiento del Estado.

El conflicto en torno al Impuesto a las Ganancias y su mínimo no imponible se desarrolla de manera enconada y oscura. Las posiciones son tremendistas y acaloradas, pero pocos conocen el fondo de la cuestión en disputa y ninguno de los dos bandos demuestra interés en aclararla. La cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias grava lo que gana cada persona, ya se trate de sueldos, honorarios u otros ingresos. Moyano y sus aliados plantean su eliminación total para los asalariados, o sea que quedarían exceptuados tanto un camionero que gana diez mil pesos como el gerente de una trasnacional que gana cincuenta mil, en tanto que seguirían tributando el médico, el pintor y el electricista que trabajan por su cuenta, aunque ganen mucho menos. De modo que la eliminación es un verdadero disparate.

En cuanto al mínimo no imponible, tiene por objeto evitarles el pago del impuesto a las personas en condiciones económicas demasiado precarias como para que participen de esta manera en el sostenimiento del Estado. Como el mínimo no se actualiza desde el año pasado, ahora es mayor la cantidad de trabajadores que deben tributar y de una manera indirecta se ha ampliado la base alcanzada. ¿Esto es tan malo como parece? Ocurre que los nuevos contribuyentes también revistan en el 10 por ciento de individuos con mayores ingresos. Por cada uno de ellos hay otros nueve que ganan menos o mucho menos. Con este dato no parece tan injusta la cosa, máxime si consideramos que en los países desarrollados y aun en América latina el impuesto alcanza a sueldos bastante menores. Otra cuestión es el monto en juego, que los detractores presentan como una intolerable exacción del Estado al bolsillo de los pobres trabajadores. Al respecto se puede consultar un informe del Centro de Investigación y Formación de la CTA. De allí surge que un trabajador casado y con dos hijos que percibe un sueldo neto o de bolsillo de 8100 pesos debe pagar un impuesto de 10 pesos mensuales. Si fuera soltero y sin hijos, el mismo trabajador debería pagar 353 (recordemos que sólo se tributa por la suma que excede a lo no imponible).

¿Por qué entonces este asunto ha cobrado tal dimensión? Lo que está en juego es una cuestión simbólica, que en política suele ser más importante que su peso económico puntual. La derecha mal llamada liberal sostiene una campaña permanente contra los impuestos y la injerencia del Estado en la economía, campaña que cuenta con el total apoyo de la gran prensa “independiente”. Con este ruido de fondo, al que sólo por falta de información contribuyen muchos militantes populares, se consigue un vaciamiento de la lucha contra la gran evasión. Así nuestra sociedad es muy tolerante frente al delito tributario y persiste en considerarlo como una inocua manifestación de viveza criolla que no perjudica a nadie. El Gobierno y los partidos políticos son los principales responsables de este síndrome de desinformación.

Si todos asumiéramos solidariamente la carga que nos corresponde y nos comprometiéramos activamente en la cuestión, podríamos ir resquebrajando la muralla antifiscal e impulsar una reforma tributaria que ataque la evasión y las verdaderas inequidades del sistema, la exención de las ganancias de capital, las herencias, las maniobras con paraísos fiscales, la minería y tantas otras. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, no hay que hacer tanto hincapié en subir el mínimo no imponible sino en modificar la escala para que sea verdaderamente progresiva, porque ahora ha quedado muy achatada y la proporción máxima de imposición se alcanza con ingresos no muy altos.

* Especialista en temas tributarios.

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