El Bank of New York Mellon (BoNY) perdió su autorización para tener representantes legales en el país habilitados a asesorar y realizar gestiones para clientes radicados en Argentina. La decisión del Banco Central representa una nueva medida política para presionar a la entidad a canalizar los fondos depositados por Argentina a sus acreedores. A diferencia de las crecientes demandas presentadas en Londres, Nueva York y Bruselas por grandes fondos de inversión que tienen bonos del canje, la revocatoria implementada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias no tiene implicancias directas sobre el rol del BoNY como agente fiduciario de la deuda externa. El anuncio realizado ayer por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, obligará al banco a cerrar su pequeña oficina de asesoramiento en el microcentro porteño que no registraba operaciones desde fines de 2012. No afecta las cuentas que tiene el BoNY en el Banco Central, donde se encuentra retenida una suma equivalente a 539 millones de dólares del pago del vencimiento de títulos con legislación extranjera. Son los dólares, euros y yenes depositados por Argentina a fin de junio bloqueados por una orden del juez norteamericano Thomas Griesa para que los fondos buitre cobren la sentencia a su favor.

Las entidades extranjeras pueden solicitar al Banco Central una licencia para operar en el país siempre y cuando cumplan con distintos requerimientos, fundamentalmente las exigencias de aportes de capital. Los bancos que no desean abrir una sucursal en Buenos Aires pero quieren tener presencia física tienen la posibilidad de designar representantes –asesores/gestores– aun careciendo de la autorización para funcionar como entidades financieras. La entidad no tiene permitido tomar depósitos o realizar operaciones cambiarias, pero sus representantes se ocupan de “asesorar y gestionar garantías y/o financiaciones con intervención de la entidad representada como avalista, prestamista o agente en relación con la emisión y colocación de deuda en mercados institucionalizados del exterior”.

El organismo que conduce Juan Carlos Fábrega revocó la autorización que tenía el BoNY para ofrecer esos servicios. Aunque, reconocen desde el equipo económico, suma presión política a las presentaciones judiciales contra ese banco realizadas en tribunales ingleses y estadounidenses por fondos de inversión como Fintech Advisory, Quantum o Hayman Capital (que encabezan los financistas David Martínez Guzmán, George Soros y Kyle Bass, respectivamente), la decisión no tiene ninguna incidencia legal sobre el rol del banco como agente fiduciario. Desde la autoridad monetaria explicaron que tampoco constituye un paso necesario para desplazar al BoNY de su rol de pagador de los vencimientos como impulsa la ley de Pago Soberano de la Deuda Externa.

Pero la decisión no fue caprichosa. La resolución 437 de la Superintendencia de Entidades Financieras firmada el lunes por los directivos del BCRA sirve como fundamento para la decisión. El texto difundido ayer reza que, según informó la entidad neoyoquina al BCRA, su oficina no registra operaciones de gestión de garantías o financiaciones activas en favor de residentes del país desde comienzos de 2013. Se trata del único banco extranjero sin autorización a operar en el país que no registró actividades. Como causal para la revocatoria de la autorización, el BCRA indicó que en las presentaciones obligatorias realizadas por las representantes legales afirmaron que su función está limitada a organizar y participar de eventos con ejecutivos del banco en América latina. Por lo tanto, el BCRA determinó que el rol de las representantes no cumple con el objetivo operacional contemplado en la regulación vigente. Hasta el lunes, la representación del BoNY para actuar en el país en nombre de esa entidad estaba a cargo de María de la Cruz Solares y Mariela Verónica García Sturzenegger.

Las representaciones de las entidades extranjeras no autorizadas para operar en el país representan una rémora del pasado reciente que nunca terminó de desarticularse. Históricamente, la función de esas oficinas fue la de promover la fuga de capitales de individuos de altos ingresos y empresas hacia colocaciones en el exterior. A lo largo de los últimos años se impusieron mayores exigencias y restricciones para limitar esos abusos, como el requerimiento establecido en 2011 para designar un representante suplente. Distintas entidades se fueron de Buenos Aires, pero concentraron sus operaciones de asesoramiento en las locaciones que poseen en Montevideo, San Pablo o desde sus sucursales en Miami.

Con la revocatoria del permiso que tenía el BoNY, los bancos extranjeros no autorizados a operar en el país que cuentan con representantes para asesorar a sus clientes en Argentina son los holandeses ING Bank y Rabobank, Commerzbank de Alemania, los galos Crédit Agricole y Natixis, el Discount Bank de Israel, los británicos Lloyds y Standard Chartered y las entidades estadounidenses UPS y Wells Fargo.