EL PAíS › LA INVESTIGACIóN SOBRE LA APROPIACIóN DEL NIETO DE ESTELA DE CARLOTTO

Dos crímenes indisociables

El juez platense Manuel Blanco argumentó que él debe llevar adelante la causa, ya que la sustracción del bebé estuvo ligada al asesinato de su madre, Laura Carlotto. La hipótesis es que el niño fue entregado por alguno de los jefes de La Cacha.

 Por Irina Hauser

La investigación sobre la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto podría mudarse a los tribunales de La Plata. El juez federal Manuel Blanco se declaró competente y le pidió el expediente a María Servini de Cubría. Considera que la sustracción del joven, apenas nació (en cautiverio), es indisociable del secuestro de su madre, Laura Carlotto, quien estuvo detenida en el centro clandestino La Cacha. En su resolución, Blanco señala que “se ha comprobado” ya en otros casos que el destino de los bebés arrebatados a las embarazadas detenidas allí “era dispuesto por el personal militar que tenía a su cargo ese centro, ya sea del Departamento de Inteligencia 101 del Ejército como por parte de la Marina, el Batallón de Infantería de Marina 3”. Como “un botín de guerra”, dice, eran entregados “probablemente con el objeto de afianzar determinadas relaciones personales a manera de ‘obsequio’ a quienes los recibían”.

Hasta ahora el expediente sobre la apropiación de Ignacio Guido está en manos de Servini de Cubría porque en su juzgado estaba radicada la denuncia inicial, de 1982, sobre éste y otros casos de chicos sustraídos a sus padres de-saparecidos. El nieto de Estela de Carlotto, mencionado en esa causa, buscó sólo sus orígenes y posibilitó la reconstrucción de su historia. El juez Blanco señala que al presentarse en Abuelas de Plaza de Mayo y en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, Ignacio Guido contó que una persona cercana le había dicho que no era hijo biológico de quienes lo criaron en Olavarría y que había sido entregado por el dueño del campo donde ellos trabajaban, Francisco “Pancho” Aguilar, quien falleció en marzo. Una denuncia recibida hace cuatro años por Abuelas ya señalaba a Aguilar como el entregador, pero no había datos de los lazos de sangre del joven.

La resolución de Blanco repasa el cautiverio de Laura Carlo-tto, quien fue secuestrada en noviembre de 1977 y llevada a La Cacha, en La Plata. El lugar donde dio a luz el 26 de junio de 1978 no está claramente identificado: por los testimonios, pudo haber sido en el Penal de Olmos o en el Hospital Militar central. Laura tuvo a su bebé cinco horas con ella, luego se lo quitaron y la devolvieron a La Cacha. Fue asesinada en un supuesto “traslado” a fin de agosto de 1978. “Más allá de las teorías sobre el lugar territorial del nacimiento, cierto es que la entrega originada en la sustracción para el posterior ocultamiento y retención del hijo nacido en el cautiverio de Laura fue en la ciudad de La Plata”, dice el juez. En esa línea habían planteado la incompetencia de Servini los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina, de la Unidad de Derechos Humanos Platense. Abuelas coincidió.

Blanco agrega otro aspecto que surge de la investigación que estuvo en su propio juzgado, sobre los crímenes en La Cacha, ahora en pleno juicio oral contra 21 represores, por 135 víctimas, siete de ellas embarazadas. En ese centro clandestino convivían miembros de distintas fuerzas: el destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, la Marina y el Servicio Penitenciario. Según el juez, las embarazadas quedaban a disposición de una u otra fuerza, que se ocupaba de quitarles a los bebés y darlos como obsequio. Para los represores, dice, era un mecanismo de impunidad. “En virtud de la mecánica de actuación” allí, sostiene, es que la entrega de Ignacio Guido “a Aguilar haya sido por alguna de las personas a cuyo mando se encontraba el centro de detención clandestina, circunstancia que deberá ser investigada”.

Como ejemplo pone lo que ocurrió con algunos nietos restituidos, cuyas madres estuvieron secuestradas embarazadas en La Cacha: los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa fueron entregados por el entonces capital Ricardo Armando Fernández, jefe del grupo de operaciones especiales del Destacamento 101, con parentesco con los apropiadores, Samuel Miara y su esposa; Silvia Cugura Casado fue entregada a Esteban Santillán por el jefe del Destacamento 101, el fallecido Alejandro Agustín Arias Duval, quien había sido jefe de Santillán; Sebastián José Casado Tasca fue entregado por Ricardo Luis Von Kyaw (prófugo hasta hace poco), de la central de reunión interior del Destacamento 101 de La Plata; Natalia Suárez Nelson fue entregada por el capitán de navío Juan Carlos Herzberg, jefe de la fuerza de tareas 5 del batallón de Infantería de Marina 3, a una pareja conocida.

Servini deberá decir si quiere quedarse o no con la causa. La jueza prohibió la salida del país del médico que firmó la partida de nacimiento falsa, Julio Sacher. El domicilio que figura en esa acta era el de Aguilar, que era primo político de Filiberto Salcerini Soffredini, fallecido ex coronel de caballería, mano derecha de Ramón Camps en la policía provincial durante la última dictadura.

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El juez Manuel Blanco habló de un modus operandi sobre los hijos de prisioneras de La Cacha.
Imagen: DyN
 
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