ECONOMíA › EL SENADO CONVOCó A ESPECIALISTAS PARA DEBATIR EL PROYECTO DE LEY

Otro paso de Argentina Digital

La Cámara alta continuará hoy el tratamiento de la iniciativa que regula el sistema de telecomunicaciones. El objetivo del oficialismo es obtener la media sanción a fin de mes y dejar para las sesiones extraordinarias su convalidación en Diputados.

 Por Sebastián Premici

El Senado continuará hoy el debate sobre el proyecto Argentina Digital, que pretende declarar como servicio público en competencia a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Quedan comprendidas en esta definición las conexiones vía Internet y telefonía celular. El objetivo del Frente para la Victoria (FpV) es llevar el tema al recinto el próximo 26 de noviembre, por lo que el tratamiento en la Cámara de Diputados quedará para la extensión de las sesiones ordinarias, tal cual lo anunció el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Los especialistas que participarán en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión son el jefe de Planeamiento de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Matías Cattáneo; el ex secretario de Comunicaciones de la Alianza Henoch Aguiar y el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra. También fueron citados integrantes de la Cámara de Cooperativas de las Telecomunicaciones, de la Cooperativa Telefónica de La Pampa y el representante del directorio de la Afsca por la oposición, Marcelo Stubrin.

Durante el fin de semana, varias publicaciones periodísticas buscaron instalar la idea de que con Argentina Digital el Gobierno buscaría “una expropiación encubierta de las redes de telecomunicaciones”. Es decir que ya no se trataría de una norma escrita para favorecer a las telefónicas, sino que ésta perjudicaría a todas las empresas por igual. Estas críticas están construidas sobre un aspecto que sí figura en el texto, la apertura de las redes locales que deberán llevar adelante tanto las cableras como las telefónicas para permitir el acceso de nuevos jugadores a la infraestructura ya existente.

Sobre este punto, el oficialismo está discutiendo la manera de mejorar su redacción con el objetivo de que las cooperativas y pymes queden protegidas del accionar de aquellos jugadores más grandes.

El concepto de interoperatividad permite comprender la dimensión de una regulación sobre las redes locales. La finalidad de esa regulación es que las distintas empresas de telecomunicaciones puedan interactuar o interoperar a través de una misma infraestructura. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo recoge los distintos avances en la materia. Un claro ejemplo es lo legislado por el Parlamento Europeo (PE).

El PE y el Consejo de la UE dictaron una directiva en 2009 en la que se fijaron algunas pautas concretas para la apertura de las redes locales, uno de los aspectos centrales a la hora de pensar un acceso plural a los medios de comunicación en la era de las TIC. Los cambios introducidos fueron los siguientes:

n Imponer el acceso desagregado a la red local de los operadores que tienen una posición significativa de mercado para facilitar la entrada de nuevos jugadores y aumentar la competencia en los mercados minoristas de acceso de banda ancha.

n Cuestiones esenciales de la interoperatividad: las autoridades reguladoras nacionales fomentarán y garantizarán un acceso adecuado a la interconexión y la interoperabilidad de los servicios.

n Cuando la autoridad nacional de reglamentación determine que las obligaciones mencionadas anteriormente no fueron cumplidas, es posible que, como medida excepcional, se obligue a las empresas integradas verticalmente a separarse.

Para que haya más competencia en un mercado que tiende hacia la concentración en todo el mundo, la clave está en que los posibles nuevos operadores puedan hacer uso de las redes de las empresas ya existentes. Hasta ahora, las compañías telefónicas les exigían a las cooperativas y pymes que construyeran su propia infraestructura.

De convertirse en ley, el principal desafío de Argentina Digital será su implementación, al igual que lo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con esta normativa, el Estado se reserva para sí la capacidad de regular la interconexión entre las compañías, fijando tarifas, estándares de calidad y alcances.

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De convertirse en ley, el principal desafío será la implementación de la norma.
 
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