El gobierno nacional comenzó a aplicar una política diferenciada para los pequeños y medianos productores agropecuarios, con líneas de crédito específicas para aquellos que produzcan un total anualizado de hasta 600 toneladas de soja y que acumulen una tenencia no superior al 10 por ciento de ese valor. El Poder Ejecutivo había tomado la decisión de cortar el financiamiento a todos los productores sojeros para evitar que los grandes jugadores obtuvieran recursos para almacenar granos en los silos Bolsas. Luego de un proceso de negociación, los pequeños jugadores fueron beneficiados con la “segmentación”. El otro dato significativo fue que Federación Agraria aceptó negociar con el Gobierno, sin la participación de los integrantes de la Mesa de Enlace, algo que durante la gestión de Eduardo Buzzi no ocurría.

Esta decisión de segmentar una política de financiamiento fue anunciada ayer durante una reunión de la que participaron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; su par de Agricultura, Carlos Casamiquela, y el presidente del Banco Nación, Juan Forlón, junto a los dirigentes de la Federación Agraria (FAA).

“No son los pequeños chacareros los que están especulando si se vende o no la pequeña producción. La banca pública debe ser un auxilio y una solución a los pequeños y medianos productores”, manifestó Omar Príncipe, titular de FAA, el reemplazante de Buzzi. Por otro lado, la entidad manifestó la problemática denunciada por pequeños y medianos productores de trigo, que no recibirían el precio internacional pleno descontados los impuestos y los costos, sino uno mucho menor.

En este sentido, los funcionarios se comprometieron a instrumentar una operatoria gradual de autorización de nuevos ROE para exportadores que tengan posibilidad inmediata de colocar trigo en el exterior, una vez garantizado el abastecimiento interno.

Lo paradójico de este reclamo es que el ex titular de la Federación Agraria fue denunciado por haberles pagado menos por el trigo a sus propios asociados, a través de una operatoria realizada por la corredora Federar, una empresa que estaba vinculada directamente con la entidad gremial. En los tribunales de Rosario existe una demanda penal contra Buzzi y otros dirigente de la FAA por esta maniobra, denunciada por Página/12 en enero de 2013.